El Gobierno negociará sus decisiones con la Oposición

Tras su primera reunión, el Gobierno hizo pública ayer una declaración en la que, después de señalar que la consolidación de la democracia requiere una tarea amplia y profunda de revisión de gran parte del ordenamiento jurídico vigente, según otra manera de entender la política, que son necesarios, además, usos y hábitos cívicos de clara inspiración democrática, que completen los principios y normas estrictamente jurídicos.El Gobierno, expresión de una de las fuerzas políticas presentes en las elecciones, quiere hacer patente su respeto a todos los partidos políticos y su deseo de colaboración con ellos, y ante las grandes cuestiones nacionales pendientes especialmente en lo que afecta al proceso de consolidación democrática, confía en que será posible, con el esfuerzo de todos, afrontar con firmeza y eficacia dichos problemas y emprender el camino hacia un nuevo horizonte de libertad, participación y bienestar. En primer término, dice la declaración, el Gobierno expresa su propósito de enviar a las Cortes, en el plazo más breve posible, un proyecto de Constitución que será elaborado con la colaboración de destacados especialistas en Derecho Político, oídos todos los partidos presentes en las Cortes, y que recogerá las aspiraciones mayoritarias, con el debido respeto y consideración para las opiniones de las minorías, sin que todo esto prejuzgue ni limite el correspondiente debate parlamentario y votación decisiva por diputados y senadores.

En los aspectos declarativos del proyecto constitucional se prestará especial atención a lo referente a los derechos individuales y colectivos de los españoles, tanto los políticos, como los sociales y económicos. En la parte orgánica del texto constitucional se acogerá un sistema de garantías eficaces de tales derechos, se fijarán las relaciones entre los distintos poderes del Estado con la regulación del procedimiento y la puntualización del alcance de la responsabilidad del Gobierno ante las Cortes, y se establecerán los principios y normas de la institucionalización de las regiones.

Autonomía y regiones

Es objetivo del Gobierno, por otra parte, posibilitar la institucionalización de las regiones en régimen de autonomía, porque es consciente de que la política debe ajustarse a la realidad histórica, social, económica y cultural de los pueblos que constituyen España, cuya unidad resultará fortalecida con el establecimiento de las autonomías.

Se estima que la institucionalización de las regiones debe ajustarse a lo siguiente:

- Reconocimiento constitucional de las vegiones, determinación de las funciones y materias que corresponden a las mismas, y fijación de las normas básicas que, con la debida flexibilidad, constituyan el marco legal para la elaboración de los estatutos de autonomía.

- El reconocimiento regional debe quedar posibilitado a todas las regiones y, sin perjuicio de lo que acuerden las Cortes, su institucionalización ha de descansar tanto en el principio de autonomía como en el de solidaridad.

- El Gobierno entiende que durante el mínimo período de tiempo necesario para determinar el marco legal de las regiones, las mancomunidades de diputaciones y de cabildos insulares, previstas en las normas vigentes, pueden constituir, un primer paso transitorio que permita avanzar en el camino de las autonomías regionales.

Paralelamente al proceso de institucionalización de las regiones, el Gobierno afirma su propósito de llevar a cabo una inmediata y amplia descentralización y democratización de la Administración española a todos los niveles.

De acuerdo con este principio ha de abordarse la organización, competencia, atribuciones, gestión y administración de las corporaciones locales. En este sentido entiende el Gobierno deben modificarse y completarse las bases del Estatuto de Régimen Local, de acuerdo con los criterios que presiden la nueva etapa política de la sociedad española.

Las normas relativas a la composición y representación de los órganos de gobierno de la vida local se deberán modificar urgentemente con objeto de que puedan aprobarse las dispoiciones electorales que regulen las próximas elecciones municipales, cuya convocatoria tendrá lugar dentro del presente año.

El Gobierno, al propio tiempo que anuncia su compromiso de convocar y celebrar dichas elecciones, expresa la necesidad de que no se produzca vacío alguno en la normal y legal actividad de las actuales corporaciones locales, lo que redundaría en perjuicio de los intereses cuya gestión y administración les corresponde y que, en modo alguno, pueden ser desatendidos o abandonados.

En definitiva, el Gobierno afirma su intención de que el proceso de democratización de la vida local, al igual que el seguido para la Reforma Política, se realice de inmediato, sin traumas y desde la legalidad.

Política exterior

En política exterior el Gobierno se propone continuar el proceso de normalización de sus relaciones con todos los países del mundo. Estrechará las relaciones con todos los países del continente europeo en el espíritu del acta final de la Conferencia de Cooperación y Seguridad en Europa; en el marco de los países occidentales, intensificará sus relaciones con ellos y presentará próximamente la solicitud de iniciación de negociaciones para la adhesión a las Comunidades e Instituciones europeas; mantendrá relaciones de estrecha cooperación con Portugal en todos los campos, buscando una nueva expressión de la amistad peninsular; revalorizará con realismo las ideas y los hechos que unen a España con todos los pueblos de Iberoamérica; desarrollará con Estados Unidos, sobre la base de la necesaria equidad del vínculo mutuo, las actuales relaciones de amistad y cooperación y la contribución al sistema defensivo occidental.

El Gobierno contempla favorablemente la apertura de un debate por los representantes del pueblo legítimamente elegidos con vistas a examinar la posible inserción de España en el Tratado del Atlántico Norte.

En el área mediterránea, manifiesta su voluntad de favorecer la seguridad y el entendimiento entre los ribereños, reitera la política de amistad con la nación árabe, cuyas justas causas comparte, y, en relación con Gibraltar, insistirá en la reanudación de negociaciones con Gran Bretaña de acuerdo con las resoluciones y consensos de las Naciones Unidas, con el fin de restaurar la integridad territorial de España, atendiendo a los legítimos intereses en juego y facilitando la articulación entre la plaza y la comarca circundante a medida que lo permita el progreso de las negociaciones.

Por último, el Gobierno seguirá negociando con la Santa Sede la revisión del Concordato vigente en conformidad con el acuerdo suscrito el 28 de julio de 1976 en un espíritu de mutua colaboración e independencia recíproca.

La independencia de España y el mantenimiento de su plena integridad territorial constituirá siempre el principio básico de toda la acción gubernamental.Política económica

Todo programa de política económica ha de partir, en estos momentos, de la constatación de que los problemas que pesan sobre nuestra economía son graves y complejos. La sociedad española debe ser plenamente consciente de esta situación. La economía mundial ha registrado, desde el año 1973, cambios profundos, y los hechos prueban que sólo los países que se adapten a estas nuevas circunstancias podrán aspirar a una mejora de su bienestar en el futuro. Tales cambios que han afectado de un modo especialmente adverso a nuestro país, agravados por defectos de la estructura productiva heredada del pasado, se han producido en unos momentos en que se abría para España 1 un proceso de cambio político profundo; las dificultades de este proceso, al absorber la atención del país, han demorado la adaptación necesaria de la economía española a las nuevas circunstancias.El Gobierno asume plenamente esta situación y entiende que, recorrido con éxito el difícil camino conducente al restablecimiento de las libertades y la democracia, ha llegado la hora de afrontar los problemas económicos con decisión y en profundidad. El Gobierno se propone el objetivo de situar la economía española en una senda de crecimiento estable y duradero; y está convencido de que, para lograrlo, se necesita un proceso de ajuste costoso y continuado que permita vencer los dos desequilibrios básicos, la inflación y el déficit exterior, sin cuya corrección es absolutamente imposible despejar el futuro económico. El Gobierno abordará los problemas planteados mediante un programa enérgico, capaz de sanear la economía en un plazo de dos años, y confía en obtener la colaboración responsable de todos los grupos sociales y partidos políticos en esta tarea de cuyo éxito dependen, no sólo el futuro de nuestro bienestar material, sino también la estabilidad y el asentamiento de las instituciones democráticas recién conquistadas.

El establecimiento de un tipo de cambio realista de la peseta ha sido una primera medida inevitable. La disparidad entre el acelerado ritmo de la inflación española y las decrecientes alzas de precios que registran la mayor parte de los países industriales, el desequilibrio insostenible de la balanza de pagos y la consiguiente situación de la peseta, en los mercados internacionales creaban unas condiciones tales, que toda demora en la, decisión sólo hubiera conducido a imponer, mayores costes y sacrificios al pueblo español.

Reforma fiscal

Manifiesta que será necesario, en todo caso, un sacrificio colectivo para que la economía española pueda superar sus dificultades actuales; y se compromete a lograr que esos sacrificios se distribuyan respondiendo a criterios estrictos de generalidad, justicia y transparencia.

De acuerdo con estos principios, el Gobierno se propone que todos los grupos sociales participen en el inevitable ajuste de acuerdo con su capacidad, y se propone lograrlo por la vía más adecuada para mejorar la distribución de la renta y la riqueza: la fiscalidad. El Gobierno anuncia su propósito de romper con una tradición fiscal nacional carente de sentido social y de emprender inmediatamente unas líneas de acción basadas en los siguientes criterios:

Primero: los aumentos transitorios de recaudación, necesarios para hacer frente a aumentos del gasto, tales como los derivados de una creación de puestos de trabajo o de una mejora del subsidio -de desempleo, se obtendrán fundamentalmente a través de impuestos directos o que graven las capacidades contributivas mayores y no, como era habitual en el pasado, por la vía de la imposición indirecta.

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