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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Política de restos

EL SEGUNDO Gobierno Suárez sigue los pasos del primero. En otra de las semimedidas a las que nos tiene acostumbrados, se dispone a legalizar tres partidos de la izquierda «no tradicional». Próximamente el Partido Carlista, la Organización Revolucionaria de Trabajadores y el Partido del Trabajo de España gozarán de plena ciudadanía política, tras haber sido inscritos en el correspondiente Registro. Se trata de una medida útil, inscrita en el camino de la total legalización de todos los partidos políticos y agrupaciones sindicales sin excepción. Pero una vez más también, hay que señalar que se trata de una medida incompleta y que llega demasiado tarde.La evolución del Partido Carlista, que le ha llevado a trasladarse de uno a otro polo del abanico ideológico -del tradicionalismo conservador al socialismo autogestionario-, ha suprimido al mismo tiempo las dificultades que una hipotética querella dinástica hubiera podido oponer a su legalización. El caso de los otros dos partidos es diferente: se trata de partidos marxistas -aunque uno de ellos de origen inspirado en la doctrina social católica más radicalizados que el propio Partido Comunista. De todas formas, de ninguno de estos tres partidos puede sospecharse ninguna vinculación exterior. Uno de ellos -el carlista- es de idiosincrasia rabiosamente española, y los otros dos alían a un radicalismo ideológico de tipo «gauchista» un comportamiento sereno y moderado que se ha evidenciado en las pasadas elecciones.

En efecto, hombres pertenecientes a estos tres partidos se presentaron como candidatos a las pasadas elecciones. Los carlistas, en candidaturas de tipo independiente; los del PTE, dentro del Frente Democrático de Izquierdas; los de la ORT, en las Candidaturas de Trabajadores. Este fue el artilugio que funcionó normalmente, sin engañar a nadie, a causa de la no legalización de estos partidos. Parece como si esta legalización fuera un premio de «buena conducta», un reconocimiento por parte del Gobierno del derecho de estos grupos al juego político, en el que ya han intervenido a pesar de todo. Pero, ¿por qué haber esperado hasta ahora? ¿No hubiera dado mayor sensación de limpieza y de Moralidad democrática que estos tres partidos hubieran podido presentarse a las elecciones bajo sus propias siglas, hoy por fin aceptadas?

La medida, necesaria, llega con retraso. Y es insuficiente, pues todavía quedan partidos que aspiran a su legalización con idénticos derechos, y lo que es más paradójico, con una práctica similar. Quedan por lo pronto los republicanos de ARDE -que aceptan paradójicamente la Monarquía-, el Movimiento Comunista de España, la Liga Comunista Revolucionaria y los pequeños grupos de izquierda no tradicional regionales y provinciales. Muchos de ellos participaron también en las elecciones, con su hobitual pasión revolucionaria que no empañaba su correcto comportamiento democrático, a través de las candidaturas de la CUP, de la FUT, u otras similares. De hecho, esta izquierda no tradicional -llamarla «extrema izquierda» tal vez fuera excesivo e injusto, aunque lo avale su posición doctrinal- ha conseguido porcentajes muy minoritarios pero significativos: entre un 0,5 % en los casos más bajos, y hasta más del 3 % en las candidaturas de este tipo en Cataluña y Euskadi. Aunque todavía estas cifras pueden no ser exactas: sigue sin haber cifras oficiales generales de las elecciones. Estos partidos, por tanto, representan a sectores del país, y tienen que ser legalizados sin excepción. Su práctica política y su comportamiento corren parejos con su re presentatividad respecto de un sector pequeño, pero presente en la vida española. El Gobierno Suárez sigue su política de «pequeños pasos», una política que en ocasiones parece como si no quisiera declarar su nombre. El Gobierno puede contar con que la Oposición va a plantear en el Parlamento tres reivindicaciones desde el primer día: sin autonomías regionales, sin amnistía, compleja y sin legalización de todas las formaciones políticas no habrá democracia en España. De algún modo, la democracia, como la libertad, es también indivisible.

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