La financiación de la Seguridad Social favorece el proceso inflacionista

La actual espiral precios-salarios encuentra un buen refuerzo en el sistema de financiación de la Seguridad Social. La tarea de erradicar este carácter inflacionista y que hace de su gestor el Instituto Nacional de Previsión (INP) uno de los factores más desequilibrados de la economía española tanto por su desarrollo excesivo como por las formas de financiación de ese crecimiento no es tarea fácil.

En un amplio informe, el órgano del Ministerio de Comercio, Información Comercial Española (ICE) dedicado a la Seguridad Social y a la incidencia de ésta en la estabilidad monetaria, se pone de manifiesto que durante el pasado año, las cuotas patronales ascendieron a 552.500 millones de pesetas, mientras que las de los trabajadores se elevaron a 116.000 millones, lo que supuso un total de recaudación por cuotas de 668.500 millones de pesetas. «De aquí -dice- que en el caso mínimo de un crecimiento de las cuotas del 30%, el incremento de la recaudación alcanzará los 200.000 millones de pesetas. Quizá no es aventurado afirmar que esta cifra se va a trasladar a los precios finales, si esto es así, y sucederá fatalmente, sobre los siete billones escasos a que ascendió el PIB en 1976, la incidencia del alza de cuotas de la Seguridad Social supondrá casi un 3% (2,92%). Por tanto, cada 10% que se aumente la recaudación de cuotas de la Seguridad Social, su traslación significará un 1% de elevación en el nivel general de los precios.»Comienza el informe de ICE poniendo de relieve que España se ha incorporado con gran retraso a los restantes países occidentales en el proceso de utilización generalizada de los servicios de la Seguridad Social. Como puede comprobarse en el cuadro, el gasto de la Seguridad Social ha crecido, en España, a una tasa anual acumulativa superior al 25%.

Si bien resulta evidente en estos últimos años la extensión e intensificación de los servicios sanitarios y la ampliación de las prestaciones económicas, no cabe duda tampoco que, el vertiginoso crecimiento de la Seguridad Social en España, ha sido a costa de una inadecuada financiación y eficaz administración de este ingente volumen de recursos económicos.

Atendiendo a las nuevas bases de cotización en vigor desde abril de este año, todo indica que la Seguridad Social va a recuperar las tasas de expansión que ha mantenido durante los últimos años y que transitoriamente en 1976 había cedido a un modesto 17,2%.

Con las nuevas bases de cotización y a modo de ejemplo, un oficial de primera hasta el mes de marzo tenía una base tarifada de 402 pesetas por día y 631 por tarifa complementaria, cifra que, a menudo era superada por los salarios reales y por tanto el exceso no cotizaba; actualmente, tiene una base tarifada de 510 y 1.038 pesetas-día de base y complementaria.

Esto significa que, si como ya hay muchos casos, la remuneración de los obreros cualificados es superior a las 1.033 pesetas por día, el exceso hasta 1.548 queda sujeta a cotizar, lo que anteriormente no sucedía. Y los aumentos de cotización serán tanto mayores cuanto se acerquen los sueldos y salarios medios a los topes de cotización, situación favorecido por el clima de alza de salarios en que nos encontramos.

Refiriéndose a las soluciones que podrían dar una cierta coherencia, ICE apunta tres aspectos: la inclusión de la Seguridad Social en los Presupuestos Generales del Estado, la delimitación de los distintos riesgos y su correspondiente financiación, y el control de gastos e ingresos, incluso los procedentes del patrimonio y de las reservas originadas en la propia actividad de la Seguridad Social.

Basa estas tres soluciones en los siguientes razonamientos:

-El que varios meses después de haberse aprobado el Presupuesto General del Estado, se respalde legalmente un nuevo presupuesto de la Seguridad Social por una cifra equivalente a la prevista para las actividades centrales del Estado resulta incomprensible.

-La exclusión de la Seguridad Social del cuadro macroeconómico del Estado -dado el peso específico de ésta- conduce a una desestabilización de la economía.

-Aunque el actual sistema de reparto en cuestión de riesgos es el más solidario también puede ser el más proclive a una deficiente administración y, sobre todo, a una financiación que no mantiene una propensión entre la cobertura de un riesgo y su correspondiente costo.

-Tanto enfermedad como jubilación deben llevarse independientemente. En el primer caso debe establecer su presupuesto, mientras que en el segundo deben pasar progresivamente al sistema de capitalización, lo cual supondría el abandono de las viejas costumbres de canalizar los ahorros de la Seguridad Social hacia las inversiones públicas o semipúblicas sin ninguna rentabilidad.

- Por último, la complejidad de la Seguridad Social exige varios tipos de controles independientes que van desde la vigilancia del servicio sanitario hasta la comprobación del buen fin del seguro de desempleo.