La policía paralizó la demolición del palacio de Gamazo

La policía tuvo que instar a los obreros que trabajaban en el derribo del palacio de Los Gamazo, en la calle de Génova, a que paralizaran las obras, en cumplimiento de la orden del Gobierno Civil. La simple notificación a la empresa no debió servir de nada, puesto que ayer a la una de la tarde la demolición proseguía por el interior del edificio, de forma menos visible.Hasta la detención, se había derribado prácticamente todo el techo y la última planta. El señor Sopeña, secretario de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, estima que «aunque no he visto la magnitud de lo derribado, la techumbre es un elemento imprescindible del palacio».

La Real Academia ha enviado a la opinión pública los acuerdos adoptados en su última sesión, según el cual, en su día se emitió informe favorable para su declaración, como monumento histórico.Una vez incoado el expediente de declaración como tal, «es absolutamente ilegal proceder al derribo. Esta protesta va dirigida especialmente al Ayuntamiento y al Gobierno Civil. La Real Academia hace constar una vez más su alarma su profundo pesar ante la consciente y favorecida política de despojar a Madrid de edidificios y conjuntos que le privan de su historia y de su belleza, política que va en contra de las más elementales normas de urbanismo humanista».

Abundando en esta línea, una treintena de miembros de la Academia, a título personal, ha enviado otro escrito en el que se recalca que el palacio de los Gamazo, obra de fines del siglo XIX, del arquitecto Velázquez Bosco, tiene expediente de carácter monumental desde el 23 de noviembre de 1976, por lo que toda obra que se realice sin el permiso de la Dirección General del Patrimonio Artístico es ilegal.

El escrilo menciona la postura de inhibición del alcalde de Madrid, Juan de Arespacpichaga, y del gobernador civil, señor Rosón.

Por otra parte, representantes de la propiedad del palacio se han entrevistado con la Comisión de Patrimonio de la Dirección General, y parece que se podría llegar a un acuerdo, consistente en permitir la remodelación interna del edificio, conservando en su integridad las fachadas.

Por último, el Ayuntamiento ha hecho pública una nota en la que justifica su postura en base al acatamierito de la sentencia del Tribunal Supremo. Ahora, las actuaciones es tán en la Sala Tercera de la Audiencia Territorial, quien decidirá finalmente sobre la legalidad o no del derribo.