La Diputación debe explotar directamente la plaza de Las Ventas

La fórmula que resuelva el problema de la crisis de la fiesta no se va a producir por generación espontánea. Lleva ésta cuarenta años de progresiva decadencia, y sus males, lejos de desaparecer, se acentúan. Ha caído el espectáculo en manos de monopolios y el cerco de intereses cada vez se estrecha más.

Los empresarios-exclusivistas que manejan el negocio taurino en España (en realidad sólo son cuatro) no han puesto ni pondrán nada de su parte para mejorar la situación, y mucho menos para abordarla de raíz, sencillamente porque tendría que ser sobre la base de tocar sus propios intereses, al menos los inmediatos. (A la larga resultarían beneficiados, pero no lo comprenden: ya hemos pulsado su opinión, que no tiene más vueltas.)Ante el fracaso estrepitoso de los monopolistas, que no aciertan a mantener en unos niveles dignos el espectáculo taurino, no queda otro remedio que relevarlos. Los que cuentan con plazas propias, que sigan con ellas y que las administren como mejor sepan, o quieran, que aunque muy discutible, ése es su derecho. Pero aquellos que las explotan en arrendamiento no tienen por qué continuar.

El año próximo concluye el contrato de arriendo de la plaza de toros de las Ventas, propiedad de la Diputación Provincial de Madrid. Hay fijado un canon elevadísimo, el cual, si como se espera se celebra nueva subasta, se verá incrementado hasta límites delirantes. Resulta así que la plaza de las Ventas, como todas las que son propiedad de diputaciones y ayuntamientos, tiene que producir dos rentabilidades: una para la entidad, otra para la empresa arrendataria.

Naturalmente, ambas rentabilidades, más los costes inherentes al espectáculo, repercuten en el precio de localidades, que forzosamente han de ser caras. E incluso en el desarrollo de la temporada. Por ejemplo, la afición se incrementaría en Madrid, y habría más puestos de trabajo para los toreros, si se celebraran festejos en días entre semana (además de los festivos), quizá los jueves, como llegó a ser habitual. Pero a la empresa no le es rentable, no tanto porque no cuente con clientela como por las condiciones del arrendamiento, según las cuales, cuándo llega a una cierta cantidad de ingresos globales, sube el porcentaje que ha de abonar a la Diputación.

Al propio tiempo, pues la empresa es exclusivista de toreros, que torean en las plazas de los otros empresarios -exclusivistas, ha de contratar a los pupilos de éstos para Madrid. De ahí se deduce una falta de renovación de la torería, se cercena el estimulo de los diestros, no se puede complacer más que a medias -o en absoluto- las preferencias del público y los aficionados.

Ante este panorama, la Diputación debe recordar todos los derechos (que no son sólo los económicos) sobre la plaza y administrarla directamente. La primera consecuencia será la supresión del canon de arrendamiento, que supera al medio centenar de millones de pesetas al año. Y luego podrá montar los carteles que más interesen en cada momento, seguramente volver a las corridas extraordinarias de los jueves, y, en definitiva, combinar el necesario espíritu empresarial con el fomento de la fiesta.

Quisiéramos saber las razones concretas por las cuales la Diputación tiene necesiariamente que sacar a subasta la explotación de su plaza. No será argumento válido aducir que sus funcionarios no estén capacita dos para organizar este tipo de espectáculos, por una lógica falta de especialización, pues esta cuestión no es ni mucho menos insoluble: basta con designar un gerente honesto y técnico en la materia. Ni tampoco que la subasta garantiza unos ingresos saneados y sin complicaciones, pues más saneados resultarán si se les añade, el margen de beneficios que ahora se lleva el arrendatario. Y aunque sea a costa de complicaciones, las cuales no deben asustar a quienes tienen la responsabilidad de un servicio público. La Diputación Provincial de Madrid no necesita intermediarios para esta tarea, y si los necesita, que lo demuestre.