Los agricultores amenazan con cortar las carreteras si el Gobierno no negocia

Negociar con el Gobierno constituye la primordial exigencia de los agricultores españoles y la condición imprescindible para que los tractores sean retirados de las carreteras del país. Negociar a nivel de todo el Estado español y teniendo como interlocutor al presidente del Gobierno o al miembro del Gabinete en quien delegue la representatividad del ejecutivo. Para ello, los miembros de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos del Estado Español se han marcado un plazo de 48 horas que concluye hoy mismo. A última hora de la tarde unos 35.000 tractores se concentraban en las provincias de Burgos, Logroño, Valladolid, Navarra, Palencia, Lérida, Alava, Zaragoza y Tarragona. Otras provincias pueden unirse hoy.

Los miembros de la Coordinadora, que aglutina a veintidós organizaciones de agricultores de todo el Estado, expusieron ayer en Madrid sus puntos reivindicativos, muy distantes de lo que se ha venido en llamar «guerra de la patata», ya que no es un producto y sus precios o excedentes lo que se somete a debate, sino que se trata de una tabla reivindicativa generalizada y común a todo el sector agrícola. En una reunión celebrada el domingo conjuntamente en Madrid y Rioja, a la que asistieron representantes de todas las zonas españolas, se fijó el plazo de 48 horas para iniciar las negociaciones con el Gobierno. Estas negociaciones deben comprender tres puntos esenciales:1.º Libre derecho de reunión y asociación de los agricultores.

2.º Seguridad Social igual a la de los restantes sectores.

3.º Revisión de los precios agropecuarios, en la que los agricultores tengan opción de fijar un justiprecio para sus productos.

Los representantes nacionales -elegidos desde la base- insisten en que la voluntad de sus representados es que se negocie a nivel de Estado; esto va en contra también de los criterios del sindicalismo oficial, personalizado en las hermandades y en la Cámara Oficial Sindical Agraria (COSA), entidades a las que la Coordinadora acusa de querer aprovechar la capacidad de convocatoria de los organismos democráticos, luego de haber demostrado su incapacidad perenne para defender los intereses de los agricultores.

Los representantes insisten en el carácter pacífico y apolítico de su reivindicación, pero no niegan las imprevisibles consecuencias que pueden derivar en el caso de que el Gobierno persista en su negativa a la negociación, ya que en tal caso los tractores seguirán en las carreteras, sin perjuicio de todo tipo de acciones que las asambleas de agricultores decidan acometer. Tampoco se ocultan las consecuencias que para el abastecimiento del país puede reportar una paralización en la cadena comercial de los productos agropecuarios almacenados o de inminente recolección, o las que deriven del retraso de las tareas de siembra y abono.

En las organizaciones integradas en la Coordinadora se encuadran sobre todo pequeños y medianos propietarios, aunque también son numerosos los jornaleros que se adhieren continuamente a la convocatoria de solidaridad reivindicativa.