Previsión en política agraria

Durante el mes de enero la Asociación de Economía y Sociología Agraria celebró sus jornadas anuales de estudio dedicadas, en esta ocasión, a la agricultura española frente a la del Mercado Común. Parece indiscutible la oportunidad de esta reunión y habrá que esperar con interés la publicación correspondiente a los estudios realizados.Se sabe que España va a tener que recorrer a corto o medio plazo la integración en la Comunidad Econórnica Europea. A medida que se despejan las incógnitas políticas -que suponen la primera, pero no la única muralla que nos separa de la Comunidad-, se presenta con urgencia la necesidad de acoplar las instituciones, los mecanismos económicos y la mentalidad de profesionales y funcionarios españoles a una nueva estrategia de funcionamiento.

El sector agrario español vive esta necesidad de manera especial. La programación de la agricultura debe reconocer ya la ignoracia absoluta en que nuestra Administración se encuentra con respecto a los caminos más apropiados para obtener bazas sustanciosas en las futuras negociaciones con los políticos y los burócratas comunitarios. Lo poco que se ha hecho hasta ahora en este sentido depende mucho más de la capacidad de improvisación de admirables funcionarios que del apoyo con estudios rigurosos que contemplen, la realidad de la agricultura española respecto a la comunitaria y muestren cuáles son las transformaciones que es necesario comenzar ya y cuáles las exigencias que será imprescindible sostener en las futuras negociaciones para la integración.

En lo que se refiere a las puras decisiones de producción, la falta de previsión es aún -si cabe, más dramática. Ahí está para demostrar lo la enorme inversión que su ponen las obras del trasvase Tajo-Segura sin que, hasta la fecha, se haya planteado claramente el tipo de producciones que se puede fomentar en las tierras de nueva irrigación de acuerdo con la perspectiva de integración en la Comunidad. No es posible pretender que los cultivos que vayan a implantarse en la zona amorticen en un plazo razonable los elevadísimos costes en los que incurre el proyecto y, por tanto, los criterios de elección de producciones a fomentar no pueden ser otros que los de la mejora del déficit exterior agrario y la perspectiva de integración europea.

En primer lugar, parece evidente que deberá cultivarse maíz. Existe demanda insatisfecha de este producto tanto en España como en el resto de Europa, por lo que se puede paliar un problema interno sin crear ninguno exterior cara a las negociaciones con la CEE. Otro cultivo idóneo en la zona es el algodón, producto en que la Comunidad es fuertemente deficitaria. También podrían implantarse semillas oleaginosas que se adapten a las condiciones de clima y suelo del sudeste; si no se puede cultivar soja, habrá que pensar en algún sustitutivo. En cualquier caso, no parece oportuno ampliar el cultivo de productos como frutas y hortalizas, cuyos mercados están saturados.

Como se ve, hay posibilidades de aprovechar óptimamente las nuevas oportunidades productivas que esta obra faraónica va a proporcionar. Pero en éste y en otros muchos aspectos de la política agraria hay que trabajar con la suficiente perspectiva. La Administración española tiene, o debe tener, medios materiales y humanos suficientes para diseñar una política económica previsora; resolviendo únicamente los asuntos de cada día surgen sorpresas desagradables. Recuérdese que cuando el Reino Unido decidió integrarse en las Comunidades Europeas, toda una legión de funcionarios había elaborado exhaustivamente una completa estrategia para el período de transición en la que, por cierto, estaba incluido el aprendizaje de idiomas.