La CEE tratará el tema de España el próximo martes

Después de una serie de análisis por parte de los embajadores representantes permanentes de la CEE (Coreper), se decide enviar el tema de la adaptación del acuerdo comercial España-CEE, ante el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores, que se reunirá en esta capital el próximo martes 8 de febrero.

Los embajadores representantes permanentes de los nueve de la CEE no han podido ir más allá de un examen reflexivo, dicen fuentes diplomáticas, sobre las distintas posiciones de cada uno de los Estados de la CEE, en relación con la adaptación técnica del Acuerdo Comercial Preferente de 1970, válido. para la CEE de los seis, a la actual comunidad de los nueve.Por el momento, la situación ha variado muy poco. Los británicos, principales afectados por la extensión, si no logran ventajas agrícolas, piden reducciones sustanciales a favor de unos trece productos agrícolas importados de España (agrios, jerez, tornates, pepinos, uvas, patatas y una serie de conservas, entre las que destaca el concentrado de tomate).

La petición de Londres, que ocupa actualmente la presidencia de la CEE durante este primer semestre de 1977, no entusiasma a los países agrícolas de la CEE, Francia e Italia, a quienes puede sumarse Holanda (que opone reservas ante las concesiones en tomates españoles, que compiten con los tomates de invernadero holandés).

Al margen de las discordias a nivel de productos agrícolas, la tesis general de los nueve parece coherente cuando se trata de pedir a España una expansión económica del acuerdo comercial de 1970. Es decir, de acuerdo para ofrecer, ciertas ventajas agrícolas suplementarias en el mercado británico, a cambio de un aumento de ventajas industriales españolas, para productos originarios de la CEE.

Esa tesis, que podría ser aceptada por España como base de negociación, según fuentes dignas de crédito, encuentra dificultades en el momento de cifrar los efectos de la ampliación del acuerdo, tanto por parte española como comunitaria.

La CEE quiere garantías de un desarme progresivo del arancel industrial español. Madrid responde que puede hacer un gesto en tal sentido, para no llegar a grandes porcentajes, por lo menos en una primera fase. Actualmente el desarme industrial medio que la CEE concede a productos españoles es del 60%, contra un 22% por parte de España a los productos de la CEE.

Es probable que el Consejo del martes 8 de febrero de indicaciones al Coreper y a la Comisión Europea para que presenten -de una vez por todas- directrices de negociación para adaptar el acuerdo. El Consejo podría exa minarlas en su reunión de marzo o abril. Caso de ser aprobadas, se negociará con España con objeto de llegar a la firma de un proto colo adicional al acuerdo de 1970, antes del 1 de julio de 1977.

Mientras la marcha para la adaptación del acuerdo parece salir lentamente del túnel del olvido -más de tres años de contactos entre españoles y comunitarios, sin llegar a resultados prácticos-, existen otros puntos de fricción entre España y la CEE. Se trata de la pesca y del acero.

Nueva prórroga pesquera

En pesca se espera que los «nueve» regularicen jurídicamente el régimen provisional que conceden a los pesqueros españoles, para que puedan faenar en la zona de 200 millas comunitarias. Se habla de la posible expansión de la provisionalidad de tres a seis meses. Es decir, habría nueva prórroga de tres meses, desde el 1 de abril hasta el 30 de junio. De todo ello deberán negociar en fecha próxima españoles y comunitarios.

Sobre el acero, se recuerda en Bruselas que no hay todavíaacuerdo de autolimitación de exportaciones siderúrgicas hispanas hacia los países de la CEE. Los productores siderúrgicos de la CEE, agrupados en el marco de Eurofer presionan para que la comisión europea continúe sus conversaciones con España y logre limitar la competencia hispana, tanto en cantidad (más de un millón de toneladas de acero exportadas por España a la CEE, en 1976), como en precios bajos.

En definitiva, agricultura, pesca, siderurgia y otros sectores (textil, zapatos) forman parte de un paquete de dolencias España-CEE, que sólo podrán encontrar una solución definitiva con la adhesión de España al Mercado Común.