Las responsabilidades del Gobierno

HICIMOS REFERENCIA en nuestro editorial del viernes a las responsabilidades de este periódico en el caso del secuestro del señor Oriol; hoy tenemos la obligación de aludir a las responsabilidades del Gobierno.Consideramos enormemente arriesgado confiar el rescate de Antonio de Oriol a la eficacia y limpieza de una operación policíaca. Aunque en las películas esos cercos terminen bien, en este caso pueden saldarse con la vida de varios hombres, entre ellas la del propio secuestrado.

Tampoco deben depositarse excesivas esperanzas en negociaciones a través de árbitros u hombres buenos, nacionales o extranjeros. Pudo pensarse en un primer momento que esta era una vía practicable. Sin embargo, la negativa de los secuestradores a considerar siquiera esa posibilidad parece cegar semejante salida.

En estas horas dramáticas que estamos viviendo, cuando cada llamada telefónica es recibida con temor y sobresalto, es preciso que tanto los hombres que forman el Gobierno como los hombres que le presionan con abstracciones altisonantes reparen que lo que se halla en juego todavía no son grandes palabras, sino la vida de un hombre con el mismo derecho a la existencia que ellos. Después de las noticias sobre la decisión de los secuestradores de «aplazar la ejecución» del señor Oriol, a nuestro juicio queda una sola salida: el compromiso formal de las máximas autoridades del Estado ante el país de que una ampliación de la amnistía, a la que veladamente se refirió en la noche del viernes el señor Martín Villa, será hecha estas Navidades.

El hecho de que los secuestradores pidan la amnistía como contra prestación a la libertad de Oriol, ni humilla al Poder ni supone aceptar un chantaje. Frente a la arrogancia del aquí y ahora de los secuestradores, el Gobierno dispone de la máxima justificación moral para tomar una medida así.

Porque el carácter limitado de la amnistía promulgada el pasado mes de julio no sólo ha servido de pretexto a los secuestradores del señor Oriol. Esa deuda proveniente del pasado y todavía no cancelada es también el error que amenaza con deteriorar permanentemente la situación en el País Vasco. Si el peligro que corre la vida del presidente del Consejo de Estado confiere a su caso un profundo patetismo, el elevado porcentaje de abstenciones en Guipúzcoa y en Vizcaya es un sombrío presagio de lo que puede ser el futuro de la convivencia en el País Vasco.

La historia del secuestro, que cada día aparece ribeteada de matices más confusos y contradictorios, amenaza con ocultar otra realidad subyacente. La amnistía es buena y necesaria no porque la pidan los secuestradores, sino aunque la soliciten ellos. Si una oferta así del Gobierno contribuye además a salvar la vida de un hombre, no entendemos por qué ha de retrasarse la medida de gracia.

Siempre hemos pensado que la defensa a ultranza del llamado principio de autoridades una actitud totalitaria. Hay muchos precedentes en la historia de otros gobiernos que han cedido ante presiones o coacciones del género de las del secuestro de Oriol sin que por ello se haya venido abajo su prestigio o se haya dudado de la fortaleza del Estado al que servían.

Pero insistimos en que el tema de la amnistía debe ser abordado de inmediato por encima de tan dramático suceso como el del secuestro. La amnistía es una condición indispensable de la reconciliación nacional y la que se concedió el pasado mes de julio no colmó las esperanzas ni las necesidades de los españoles.

Con el respaldo moral que los resultados del referéndum otorgan, en estas fechas navideñas propicias al perdón y a la fe en los hombres, cara a unas elecciones generales que necesariamente han de dar a este país una cara renovada y moderna la amnistía más que una posibilidad es una necesidad. Estamos seguros de que sólo los necios de corazón son capaces de no atender a estas razones. Pero exigir una vez más y siempre la violencia contra la violencia sería tanto como exhibir la locura colectiva de un Estado contra la locura grupuscular de un puñado de fanáticos manipulados.