Los traductores, una profesión indefensa

Los traductores son, tradicionalmente ya, un gremio maltratado de nuestra cultura. A expensas de la voluntad de los editores, considerados en su mayoría como trabajadores eventuales, en condiciones de trabajo primitivas y que favorecen el destajismo, y mal pagados en su mayoría, su mayor problema es, seguramente, no tener un status profesional Claro.Este va a ser uno de los temas a tratar por la conferencia de la UNESCO, que dentro de pocos días se celebrará en Nairobi. Al parecer, la UNESCO lanzará una serie de recomendaciones sobre la traducción, que pueden pasar desde la defensa del copyright, al mantenimiento de la propiedad intelectual del traductor sobre su traducción en todas las ediciones de la obra, uno de los medios para conseguir la esperada mejora de la calidad de la traducción. Se supone que la UNESCO recomendará también la asociación de los traductores para la defensa de sus intereses.

En España existe ya, desde 1954, la APETI, asociación de traductores e intérpretes, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores y fundada bajo los auspicios de la Federación Internacional de Traductores. Presidida por Marcela de Juan (españolización de su nombre, de origen, Ma Ge Hwang), su función fue representar al,greinio en las reuniones internacionales y alcanzar la agrupación de los profesionales... y su profesionalización. Contaban con un boletín donde se trataban los problemas de la traducción.

La segunda fase de la asociación surge a partir de 1972, en que una entrada masiva de jóvenes traductores que, de algún modo, gremializan la asociación, bajan sus pies al suelo y comienzan a sistematizar los problemas y reivindicaciones profesionales del grupo, aunque sin demasiados logros por la misma dispersión del personal. Algunos nombres de la nueva directiva -gente que entonces ya era prestigíosa en las letras españolas- son los de Consuelo Berges, Soledad Ortega y Ester Benítez.

En cualquier caso, tal parece que, en los fines de esta asociación está, antes que nada, la regularización de los precios, la autodefensa de la propiedad intelectual y, sobre todo, la extensión de una problemática abandonada