El Consejo Económico y Social, "compensación" para los ciento cincuenta procuradores sindicales

La estrategia legislativa de urgencia para la tramitación en las Cortes de la reforma política será dada a conocer hoy por el presidente de la Cámara, Torcuato Fernández-Miranda. Por su parte, los miembros del Gobierno intentan ganarse los votos de los diferentes sectores de procuradores. En este contexto se encuadra en medios políticos el contenido del proyecto de ley sobre creación del Consejo Económico y Social, cuyo anteproyecto -al que se atribuye el valor de una compensación para los 150 procuradores sindicales- fue distribuido ayer.

El proyecto de ley de reforma política entró ayer oficialmente en las Cortes, junto con las sugerencias del Consejo Nacional del Movimiento, remitidas por el Gobierno como documento anejo. Algunos miembros del grupo parlamentario de Unión del Pueblo Español (UDPE) han pedido que dichas sugerencias, sean publicadas en unión del texto del proyecto de ley. Se espera, sin embargo, que el Boletín Oficial de las Cortes de hoy publique exclusivamente, ateniéndose al reglamento de la Cámara, el proyecto de ley. Según el apartado 4 del artículo 63 del citado reglamento -citado por el Gobierno en la ampliación de la referencia del último Consejo de Ministros-, los antecedentes y la documentación que acompañe el Gobierno a los proyectos de ley «podrán ser examinados por los procuradores en la secretaría de las Cortes».Por lo demás, y de acuerdo con la petición del Gobierno, las normas sobre el procedimiento de urgencia, que hoy publicará el señor Fernández-Miranda a los periodistas acreditados ante las Cortes, consistirán esencialmente en mayores facilidades para el debate del proyecto de ley en el Pleno que habrá que decidir sobre la reforma política, a la vista de las experiencias anteriores. El presidente de las Cortes despachó ayer tarde con el Rey.

En cuanto a la batalla por los votos en el citado Pleno -son necesarios dos tercios para que el proyecto de ley sea aprobado-, los miembros del Gobierno se han distribuido los distintos grupos y sectores a fin de negociar, de acuerdo con las afinidades y vínculaciones políticas o con la órbita de influencia susceptible de ejercer desde el respectivo departamento.

Dentro de esta estrategia gubernamental, ofrece especial interés el anteproyecto de ley sobre creación del Consejo Económico y Social, distribuido ayer a los procuradores sindicales. Su contenido, esperanzador para los 150 procuradores de representación sindical, que serán excluidos de las próximas Cortes, es interpretado en los medios políticos consultados por EL PAIS como una oportuna actitud del Gobierno para ganarse el voto afirmativo del grupo más numeroso de procuradores.

Entre las competencias que, según el texto del anteproyecto citado, tendrá el Consejo Económico y Social, figurarán la participación previa y preceptiva en las tareas legislativas, siempre que se trate de una ley que aborde materias económicas o sociales.

Integrarán el nuevo Consejo 300 miembros, 100 de ellos en representación de los trabajadores (10 de los cuales procederán de las asociaciones de funcionarios públicos), otros 100 de las empresas (de los que 10 representarán a cooperativas y cinco a empresas nacionales) y los 100 en representación de la Administración y los intereses colectivos. De estos 100 últimos miembros del futuro Consejo Económico y Social, 30 serán personas cualificadas en el orden económico, social, científico o cultural y otros 30 serán personas destacadas por sus actividades sociales o pertenecientes a asociaciones culturales, de consumidores, docentes o relacionadas con actividades de tiempo libre, medio ambiente y defensa de la naturaleza.

El procedimiento de designación del presidente del Consejo Económico y Social que se proyecta será el establecido en el artículo 58 de la ley Orgánica del Estado (presentación en terna por el Consejo del Rey y nombramiento por el Jefe del Estado). Su mandato durará cuatro años.

El anteproyecto de ley especifica que la elección y designación de los restantes miembros del Consejo se establecerá mediante un reglamento posterior. La no exclusión del término designación, como procedimiento de acceso al Consejo Económico y Social, parece que está haciendo concebir muchas esperanzas a los procuradores sindicales, que a falta del escaño del que carecerán en las Cortes delineadas por el proyecto de reforma política, podrán contar, al menos, como consolación, con un asiento en el nuevo Consejo.

La estructura y funciones del Consejo Económico y Social que se proyecta recuerdan mucho a las que se contenían en el título IV del proyecto de ley de reforma constitucional del Gobierno Arias, si bien el texto distribuido ayer es más concreto y amplio en lo que se refiere a sus competencias en materia legislativa.