Las medidas socioeconómicas

El Gobierno Suárez, en parto múltiple, ha dado a luz el conjunto de medidas del anunciado paquete socioeconómico. Aunque en su análisis concreto entraremos en días sucesivos, se hace preciso, desde ya, una valoración global.Por duras que sean las medidas que el Gobierno ha adoptado, que lo son y mucho, debe quedar claro que el Gobierno ha tomado nota de la espiral conflictiva que él mismo habría generado de haberse aprobado medidas tan extremas como la suspensión total de la negociación colectiva o como la flexibilidad total de las plantillas. Que el Gobierno no se haya atrevido a llegar tan lejos significa que la clase obrera de este país, a través de sus organizaciones representativas, ha logrado reducirla intensidad de las medidas de política económica significa que los trabajadores españoles han. sido capaces de frenar, en parte, al Gobierno. Pero como, no obstante ello, las medidas adoptadas son muy graves para la clase trabajadora, se hace preciso recordar que esta no tiene todavía la suficiente fuerza para lograr que la política cconómica del Gobierno siga derroteros menos adversos. Esa fuerza sólo la tendrán los trabajadores cuando los partidos obreros y los sindicatos democráticos puedan estar en el Gobierno del Estado español.

Aunque el Gobierno, a través de su vicepresidente, señor Osorio, diga que «la economía es cosa de todos», en el terreno de los hechos ha optado por seguir utilizando el modelo económico-social del franquismo. De ello da buena fe lo fácil que es para el Gabinete Suárez dictar decretos-leyes, o simples decretos, con los que congelar salarios o modificar la ley de Convenios Colectivos y la de Relaciones Laborales, y lo difícil que le ha sido aprobar por decreto-ley la regulación del llamado «derecho de asociación sindical», enviado a estudio de las Cortes. No acaban ahí las cosas. A título de mero adelanto conviene recordar aquí. como muestra de desequilibrio de las medidas gubernamentales, el total olvido de una regulación democrática del derecho de huelga. la suavidad relativa de las medidas adoptadas respecto de las rentas del capital y. la total ausencia de medidas fiscales dirigidas a favorecer el empleo de los traajadores. En este país se sigue incentivando fiscalmente las inversiones. cuando se hace, sin pensar demasiado en los puestos de trabajo que con esas inversiones se van a crear y esto, en época de paro, es especialmente grave. Con todo ello intento subrayar que en el modelo de distribución de cargas utilizado por el Gobierno Suárez para intentar superar la crisis económica, a los trabajadores les ha correspondido la peor parte. El Gobierno ha decidido lirilitarles sus ya raquíticos derechos laborales y sindicales a la vez que relega el problema número uno que el país tiene planteado que no es otro que el paro.

El Gobierno, dilgámoslo claro, ha sido profundaniente sensible a las peticiones enipresariales, especialmente a las de congelación salarial y las de modificación de los artículos 15 (regulación de la eventualidad) y 35 (despido) de la ley de Relaciones Laborales. Que el Gabinete haya afirmado públicamente que el artículo 35 de dicha ley es el causante de la caída de la inversión sopone, aparte de una muestra de ligereza política de imprevisibles consecuencias, reconocer que carece de un adecuado análisis de la crisis económica y social y, consecuentemente de un correcto diagóstico y tratamiento. Nuestra economía necesita una reactivación de la demanda global, porque no estarnos en momentos de auge. sino de depresión. Nuestra economía no necesita austeridad no necesita que se fomenten ni el ahorro, ni el paro sino la inversión y el empleo. Se hace preciso un plan de inversiones públicas que. creando puestos de traajo en el sector servicios abarate drásticamente o haga gratuítos el uso de determinados servicios como la educación o la sanidad entre otros. Pero tal programa de inversiones públicas es inviable con el actual sistema fiscal, que el Gobierno tampoco se ha atrevido a tocar sustancialmente a través de decretos-leyes.

El Gobierno Suárez ha optado por una política de rentas consistente en atenazar los salarios, dificultando la negociación colectiva y el uso de la huelga durante la negociación con olvido de que el control de los dividendos y demás rentas del capital es más teórico que real porque no se puede hablar de política de rentas en tanto no haya libertad sindical y en tanto las instituciones del Estado no sean democráticas.