Entre la estabilización y el miedo

La economía española está gravemente enferma. Lo dijeron los empresarios en las Jornadas Empresariales celebradas en julio por el Consejo Nacional de Empresarios. Lo acaban de decir en el reciente manifiesto de las Cámaras de Comercio. Lo dicen en cuantas ocasiones tienen oportunidad de hacerlo. Pero también los trabajadores opinan que la cosa económica va de mal en peor. El manifiesto recientemente dirigido por la Coordinadora de Organizaciones Sindicales a los trabajadores españoles dice que las organizaciones firmantes (UGT. USO y CCOO) «son conscientes de la grave crisis económica y política que atraviesa el país».

Parece que hay un consenso general en que las tres principales enfermedades que simultáneamente padece la economía española son el paro, la inflación y el déficit de la balanza de pagos.

Del empleo hay que decir muchas cosas. La más importante es que son muy altas, desconocidas incluso, las cifras de desempleo. A pesar de lo primarias que son las estadísticas de paro del Ministerio de Trabajo y de la Organización Sindical, unas y otras dan cifras del orden de los 450.000 parados. Por su parte las encuestas de población activa del Instituto Nacional de Estadística elevan los parados a las 750.000 personas lo que supone el 5.5 por 100 de la población activa. Los expertos afirman, sin embargo, que en este país hay más de un millón de parados, cifra que nadie ha podido desmentir oficialmente.

Pero del paro hay que decir más cosas. No bastan las gravísimas cifras de paro absoluto. También hay que hablar del ritmo relativo del crecimiento del paro, que registra en estos momentos tasas anuales de crecimiento de los parados del orden del 54 por 100, sólo superadas en Europa por Portugal con una tasa del 88 por 100; Hay que decir, por otra parte, que quien está padeciendo especialmente las consecuencias del paro son las mujeres y los jóvenes que, como consecuencia del boom de la población española en los años sesenta llegan al mercado de pero no encuentran empleo, así como los mayores de cuarenta y cinco años y los trabajadores agrícolas.

Con todo, no basta hablar del paro dando datos. Se hace preciso analizarlo cualitativamente. Hacerlo exige recordar que el descenso neto de la emigración a Europa Occidental no permite contar con la tradicional válvula de escape fuera la exportación de mano de obra a través de la emigración y exige recordar que los trabajadores agrícolas, principal componente del desempleo español, siguen a estas alturas excluidos del seguro de desempleo.

Seguridad Social insuficiente

Hablar de las prestaciones de desempleo es especialmente necesario pues, hoy por hoy, el 50 por 100 de los desempleados españoles agotan las prestaciones de la Seguridad Social sin haber encontrado trabajo. Esto significa, nada más y nada menos, que uno de cada dos parados procedentes de la industria y de los servicios no cobra ni un céntimo y, además, carece de trabajo. Tal vez algún lector piense que todo esto está a punto de cambiar. Al menos, eso dicen los empresarios, que exigen flexibilidad de las plantillas «ahora que los trabajadores tienen un buen seguro de paro». Nada más lejano de la realidad. Es cierto, sí, que el real decreto ley de 10 de agosto ha introducido en las prestaciones de los desempleados dos innovaciones. La primera ha sido ampliar a dieciocho meses el período de percepción del subsidio de desempleo, ampliación que sólo tiene de tal el nombre pues ya una orden del Ministerio de Trabajo de diciembre de 1975 preveía tal ampliación aunque con cargo al Fondo de Protección al Trabajo. El trabajador lo cobraba, y como el trabajador no tiene por qué entender de legalismos le trae sin cuidado quién lo financia.

La segunda innovación ha sido la admisión de que los trabajos eventuales, de duración no superior a seis meses, puedan ser realizados por los parados que cobran desempleo, sin por ello perder el derecho a reanudar el cobro de las prestaciones interrumpidas a partir del momento del cese del trabajo eventual.

Sin embargo, a pesar de estas dos modestas novedades, el decreto-ley de 10 de agosto sigue sin resolver el problema de la insuficiencia de las prestaciones, que siguen sin ser calculadas sobre el salario real, tanto por el juego de los topes de las bases de cotización actuales como por lo que es más grave: el generalizado fraude que este país tiene montado en materia de cotización a la Seguridad Social. Tampoco ha supuesto el mencionado decreto-ley un aumento perceptible en la cobertura personal de las prestaciones por desempleo, pudiéndose afirmar que, prácticamente siguen siendo beneficiarios de las prestaciones por desempleo quienes ya lo eran antes.

La inflación

No pretendo realizar aquí, ni es mi misión, un exhaustivo análisis del alza de los precios en España. Sí recordar que, al paso que vamos, la tasa de inflación será del 20 por 100 a fin de año, tasa que nos colocará en el segundo puesto entre los países de la OCDE. Se trata de una inflación, no de demanda, sino de costes y estructural, que está acompañada de un proceso de estancamiento, pues la inversión privada es prácticamente inapreciable y las expectativas de inversión se deterioran día a día.

Hablo de la inflación porque es ella la que determina de manera directa un progresivo deterioro de la capacidad adquisitiva de los salarios, circunstancia que, con ser más que conocida, conviene no perder de vista de cara a los planteamientos reivindicativos del otoño caliente y a los importantes convenios que deben negociarse hasta fin de año.

Tal vez sea oportuno recordar hoy dos cosas bien simples sobre la situación legal de los salarios. Me refiero, por una parte, a que por un decreto de noviembre de 1975 se prorrogaron hasta el 31 de diciembre de 1976 las medidas congeladoras de los salarios que habían sido establecidas por el decreto de 8 de abril de 1975, y, por otra, a que en estos momentos la oficialmente vigente ley de Convenios Colectivos de 1973 tiene ya treinta y cuatro meses de vida, de los cuales ocho han sido de congelación oficiosa veintiséis de congelación oficial y ninguno de libertad de negociación.

La tercera gran coordenada económica es actualmente el déficit de la balanza de pagos, generado por una balanza comercial que arroja un déficit que alcanza cotas no conocidas desde 1959 y cuyo grado de cobertura de las importaciones apenas si llega al 4 por 100. El déficit de la balanza de pagos se ve agravado por unas cifras de ingresos por turismo que atestiguan lo lejanas que están las épocas felices, por unas remesas de emigrantes en franco descenso desde 1973, y por el acusado retraimiento de las inversiones extranjeras. Todo ello, unido al incremento de las importaciones de bienes de equipo, de las materias primas y de los productos intermedios, y, especialmente, al aumento del valor de las importaciones de crudos petrolíferos, ha generado un proceso de endeudamiento del país con el exterior que está llegando al límite de nuestras posibilidades.

De todos estos problemas tiene clara conciencia el sindicalismo democrático. Parece que el Gobierno Suárez también lo sabe, aunque son palpables las fuertes dudas que padece sobre el camino a seguir: luchar contra el paro o luchar contra la inflacción. Pero como todo esto ocurre en plena época de crisis política, el Gobierno duda entre seguir la tradicional terapéutica del franquismo, el plan de estabilización, o adoptar un paquete de medidas que pretendan evitar el aumento del paro.

Hacia un nuevo modelo

Lo cierto es que dos de los pilares del modelo de desarrollo económico de los años sesenta, la emigración y el turismo, ya no funcionan, y que sé hace preciso buscar un nuevo modelo económico. Pero conviene no olvidar que frente a la actual situación los empresarios tienen una opción (derogación de los artículos 15 y 35 de la ley de Relaciones Laborales, congelación salarial, flexibilidad de plantillas. etc., que pesa mucho en un Gobierno como el actual, y que los trabajadores tienen otra estrategia que, partiendo de la libertad sindical. supone la elaboración de un nuevo modelo sindical; partiendo del respeto a la autonomía de las protagonistas laborales, exige la devolución de la autonomía colectiva, y, partiendo de esquemas democráticos, pretende elaborar un nuevo modelo de distribución de las cargas sociales de los procesos de recuperación de la actividad económica, ideas que no parecen de viable aplicación en tanto la clase obrera no pueda participar como tal en un Gobierno democrático.

He ahí los dos polos entre los que se mueve el Gobierno: la adopción de autorías y drásticas medidas laborales y el miedo a la reacción que tales medidas generarían. La salida de tan compleja situación no es económica ni sindical, sino política porque hay tantas cosas que cambiar que también la sociedad española necesita un nuevo modelo de organización por otra parte muy viejo: la democracia. De ahí la incapacidad del Gobierno Suárez para salir del atasco en que se encuentra. La falta de un proyecto económico es clara muestra de la inviabilidad de su proyecto político. Lo malo es que entretanto el tiempo pasa, los precios suben, el paro aumenta, las empresas no invierten y el país camina hacia la bancarrota.