Disgusto popular en Canarias por el aumento del precio de la gasolina
«Con la infortunada decisión de subir el precio de la gasolina, el Gobierno ha prestado un gran servicio a los autonomistas canarios», aseguraba ayer un destacado líder canario de la oposición, quien se explicaba así: «A los ojos de los menos mentalizados ha quedado claro que el Gabinete Suárez, como los anteriores, sigue ignorándonos. Su despreocupación por los problemas del archipiélago le ha hecho cometer el error de olvidar las peculiaridades isleñas en cuanto a la naturaleza del transporte y a hacer caso omiso de la ley de Régimen Económico y Fiscal de Canarias, si es que en el Ministerio de Industria sabían que existía.»Todos los medios de difusión de Canarias, incluyendo los más oficializados, han recogido la sorpresa y el disgusto popular suscitados por la subida del carburante. En la calle se aguarda ahora la suerte que pueda correr el recurso que interpondrán la Junta Interinsular de Arbitrios y la Junta Económica de Canarias, cuyo parecer no fue solicitado, y a quien, según el citado texto local, correspondía decidir, razón por la cual ambas Juntas califican de «plenamente antijurídico» el aumento de precio.
En este clima de desconfianza, la misma pregunta ha nacido en boca de economistas, juristas en general, hombres que viven de cerca la vida socio-política isleña: «¿De qué nos va a servir el Régimen Administrativo Especial?»
El próximo mes de octubre saldrá a información pública el proyecto de Régimen Administrativo Especial de Canarias. Está fuera de duda el contenido democrático de la intención de los siete cabildos de la región -encargado de recoger las sugerencias-, pero la cuestión fundamental es la de orden práctico: «¿Quién nos garantiza que Madrid nos hará caso?»
Evidentemente, en Canarias se ha vuelto a replantear, con mayor y más amplia base, una crisis de confianza para el poder central, y una más decidida aspiración hacia una autonomía que permita el desarrollo del archipiélago y le ponga a salvo de lejanas decisiones que se adoptan marginando los intereses de la población insular.
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