Tras siete meses, los contactos en España no aparecen

Siete meses han transcurrido desde que comenzaron a revelarse las presuntas implicaciones en España de los sobornos de la compañía norteamericana Lockheed Aircraft Corporation. Durante este tiempo, tras serios intentos al principio de enterrar el caso en España, se pasó al anuncio de que Madrid solicitaría formalmente a Washington información sobre los implicados en el soborno, a designar al fiscal del Tribunal Supremo, señor Rodríguez Acosta, como investigador especial del caso, sin que hasta el momento se haya abierto siquiera sumario.A los siete meses de estallar el escándalo, y cuando en otros países implicados como Holanda y Japón ya se han hecho públicas las conclusiones de las comisiones investigadoras que han provocado el encarcelamiento del ex primer ministro nipón, Tanaka, y la dimisión de sus cargos civiles y militares del príncipe Bernardo de Holanda, en España continúa estancada la investigación judicial en torno al caso.

Las primeras revelaciones en torno a las Implicaciones españolas se hicieron públicas a primeros de febrero desde Estados Unidos. Entonces se afirmó que desde el año 1970 la compañía norteamericana Lockheed había estado realizando ingresos por una cantidad superior al millón de dólares -exactamente 1.350.000-, en una cuenta bancaria secreta suiza, con el fin de obtener la concesión de contratos de venta en España de su avión de transporte militar C-130. Igualmente se informó que once personas españolas se favorecían de regalos no monetarios que en diversas ocasiones les entregó la compañía multinacional.

Al tiempo que se descubrían las implicaciones en otros países, tanto el presidente Ford como el Senado norteamericano prometieron toda clase de facilidades a los Gobiernos extranjeros interesados en clarificar, por medio de investigaciones oficiales suyas, las circunstancias e interrogantes legales que las actividades de la Lockheed habían levantado en sus respectivos países.

Amparándose en esta promesa, varios Gobiernos extranjeros, entre ellos el holandés, el japonés y el alemán, solicitaron a mediados de febrero información al Senado norteamericano sobre sus respectivos escándalos. Mientras tanto, en España se cubría un tupido velo sobre el tema sin que el Gobierno mostrara interés alguno por solicitar información. Tan sólo en un Consejo de Ministros celebrado el 20 de febrero se adoptó un acuerdo por el que el Gobierno ordenaba la apertura de una investigación para esclarecer los hechos.

A primeros de marzo, un procurador, el consejero nacional por Lugo, Antonio Pedrosa Latas, pedía aclaraciones sobre el silencio gubernamental. Esta petición fue suscrita por otros doce procuradores que el 18 de marzo -mes y medio después de descubrirse el affaire- presentaron un escrito a la presidencia de las Cortes en el que solicitaban «una profunda y más extensa investigación a nivel parlamentario de lo que haya ocurrido en el sector aeronáutico donde la corrupción se ha prodigado». Concretamente los trece procuradores pedían que se constituyera una comisión especial para realizar estudios y practicara informaciones a nivel parlamentario sobre la compra de aviones o suministros de material aeronáutico.

Esta petición no tuvo respuesta gubernamental y mientras, el Subcomité de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano -encargado de las investigaciones- celebraba en marzo diversas audiencias para aclarar al Gobierno alemán la presunta existencia de sobornos en su país. A mediados de marzo el presidente del subcomité, Frank Church, anunciaba que había dado por concluida su investigación sobre el tema alemán.

La primera gestión oficial del Gobierno español ante el Departamento de Estado norteamericano se produce el 21 de marzo -tres meses después de estallar el escándalo- a través de una nota verbal de la embajada en Washington en la que se solicitaba de las autoridades estadounidenses toda la información que obrara en su poder en torno a los sobornos de la Lockheed.

Los presuntos implicados se amparan en el secreto

El 30 de marzo, el subcomité de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano decide entregar al Departamento de Estado los documentos secretos de la compañía aérea que detallan las operaciones de ventas y pagos irregulares de comisiones en nuestro país de varios aviones de transporte militar C-130, con el fin de que se trasmitan al Gobierno español. Mientras en Holanda, Japón, Italia y Bélgica, el tema había entrado ya en investigación judicial y habían salido a la luz pública los presuntos implicados.En España se tuvo conocimiento de una lista de once presuntos implicados a través de una emisión de Radio Baviera y de Radio Canarias Libre, emisoras ambas radicadas en el extranjero, pero que pueden captarse en territorio español. Aunque esta lista corrió de boca en boca, la prensa no la recogió y tan sólo dos de los integrantes en la lista como presuntos implicados ofrecieron un mentís en la prensa: el ex alcalde de Barcelona, Enrique Masó, negó rotundamente su implicación en el caso y el teniente general Mariano Cuadra-Medina, ex ministro del Aire, tras negar su participación en el affaire afirmó que era el primer interesado en que todo se investigase para que en el caso de que hubiera habido sobornos pagasen los implicados.

La ausencia de presión española congeló prácticamente durante dos meses las conversaciones entre la embajada española en Washington y el Departamento de Estado iniciadas tras la entrega de los documentos secretos de la Lockheed a este último. El caso español, junto al turco, seguía siendo el único de la media docena de escándalos dados a la publicidad en Europa que seguía sin ser sometido a investigación judicial.

El 21 de mayo el Consejo de Ministros acordaba, al fin, designar un órgano investigador especial en el asunto de la Lockheed y nombró al fiscal del Tribunal Supremo, Antonio José García y Rodríguez-Acosta, como encargado de la investigación. En esta fecha, el affaire se encontraba en un largo proceso de acciones legales y judiciales en Holanda, Japón e Italia.

A primeros de julio el señor Rodríguez-Acosta se trasladó a Washington, donde el día 14 firmó el documento de intercambio de documentación sobre los sobornos de la Lockheed con el Ministerio de Justicia de los Estados Unidos. En virtud de este convenio el Gobierno español obtuvo -al igual que lo habían obtenido cinco meses antes otros Gobiernos implicados- la primera serie de documentos confidenciales de la compañía aeroespacial. El Gobierno español se comprometió también a no revelar los nombres de las personas involucradas hasta que el sumario procesal no hubiera sido completado por los tribunales españoles y norteamericanos.

El señor Rodríguez-Acosta en unas declaraciones concedidas entonces a los periodistas norteamericanos -primera información directa que el Gobierno español facilitó sobre el escándalo- afirmó que los implicados españoles en los sobornos de la Lockheed podrían acogerse al indulto y presumiblemente al esperado decreto de amnistía.

Un mes después de estas declaraciones, no se ha abierto aún sumario ni hay relación alguna de presuntos implicados. Siete meses transcurridos sin que se vislumbre interés por esclarecer unos hechos que en otros países han causado importantes crisis de Gobierno.