"La amnistía, una medida, de reconciliación"

En la tarde de agosto, los policías armados que guardan la puerta del Ministerio de Justicia parecen soportar con incomodidad la pequeña metralleta. Hay 35 grados a la sombra y la entrada en el viejo caserón de San Bernardo es un alivio para el caminante. (Un secretario insiste en explicar con tenacidad digna de encomio que el Ministerio se alberga en el «antiguo palacio de los marqueses de la Sonora»; olvida que en Madrid hay casas grandes, caserones, hoteles, pero ningún palacio, salvo el de Oriente.) El mármol de las interminables galerías desprende un saludable frescor. Hay penumbra, vientecillo y silencio. («Aire acondicionado sólo en los despachos de la alta superioridad», dice un ordenanza irónico y respetuoso.) Hay un cierto ambiente de desolación, porque la gran mayoría de los funcionarios están de vacaciones. En las galerías cueIgan los retratos de los moradores de la casa, desde los ministros isabelinos hasta los franquistas. Hay una buena cabeza de don Antonio Maura y un pésimo retrato del señor Ruiz Jarabo.El ministro apenas hace esperar. Uno de los dos grandes balcones de su despacho está cerrado: desde el otro se ve cómo el sol castiga la calle de San Bernardo. El despacho que el nuevo ministro acaba de ocupar es notablemente feo, con inexplicables porcelanas, como de Sajonia, sobre una chimenea imperio. Hay, sin embargo, sobre la mesa del ministro, un excelente y misterioso retrato, quizá italiano, de un personaje del Renacimiento vestido con el manto de la orden de Malta.

El ministro, en un primer momento, produce la sensación de ser un hombre cerebral, muy frío, inteligente, civilizado y con una idea clara sobre el punto al que va. A medida que se avanza en la conversación, el tono se hace menos distante. El oficio periodístico exige que se distinga al hombre de convicciones del hombre de intereses. El nuevo ministro de Justicia parece de los primeros, aunque este es un juicio siempre arriesgado y de posible revisión.

Ni la actitud ni el lenguaje son autoritarios, sino preocupados por convencer. Tiene 41 años pero no da una imagen de arrolladora juventud; parece más bien hombre ancestralmente dedicado a los altos despachos. Su especie nada tiene que ver con la de político franquista habitual. Es otra cosa. Habla con voz suave, no levanta el tono, tiene seguridad en la dicción y no roza una palabra. No recurre a los lugares comunes, ni a los tópicos propagandísticos.

El ministro va bien vestido: esto es, impersonal y correctamente vestido, con una corbata aparentemente neutra pero de muy buenos tonos (detalle no despreciable; el país ha tenido que soportar ministros algo cursis en los últimos tiempos, ministros tecnocráticos y agresivos que insistían en salir, con graves resultados, en el ranking publicitario de los diez hombres mejor vestidos de España).

Otro detalle a considerar: el ministro no pone condiciones a temas, aclaraciones o preguntas. Todas son contestadas, excepto una sola, de carácter meramente personal. He aquí el resumen de la conversación.

EL PAÍS: Señor ministro, quiero darle las gracias por recibirnos para contestar a las preguntas de EL PAÍS en esta tremenda tarde de calor. Creemos que una parte de la opinión pública agradecerá al titular de este Ministerio algunas precisiones sobre el debatido tema de la amnistía y sobre otros.

Lavilla: Adelante. Estoy dispuesto a contestar absolutamente a todas sus preguntas.

EL PAÍS: Hay en el preámbulo del decreto-ley una referencia a los pueblos de España. Es la primera vez que esa expresión se incluye en un texto legal. ¿Cuál es realmente su intención y su significado?

Lavilla: España es una realidad plural; como diría Ortega, «un vuelo y muchas alas». En ese preámbulo al que usted alude se expresa esa realidad al recordar que la Corona, por su historia y su voluntad, simboliza tanto la indisoluble unidad de España como las diferentes peculiaridades de sus pueblos y gentes.

EL PAÍS: El artículo 1.º del decreto, contiene una expresión («poner en peligro la vida o la integridad...») en cierto modo ambigua. ¿Es una ambigüedad deliberada? ¿No puede provocar la impresión de que se permite graduar la amnistía a instancias encargadas de aplicarla?

Lavilla: La expresión «poner en peligro la vida o la integridad...» es una categoría jurídica acuñada dogmáticamente. Por una parte. cierto tipo de delitos se clasifican según sean de resultado o de peligro . Por otra, este riesgo se gradúa por los penalistas según se trate de un peligro abstracto, potencial y en cierto modo lejano, o de un peligro inmediato, concreto y en cierto modo actualizado. No hay tal ambigüedad o confusión, sino la correcta utilización de lo que se llama habitualmente un concepto jurídico indeterminado, cuya delimitación en la práctica, cuya individualización en suma. ha de ser obra de la decisión judicial, permitiendo así una justa adecuación de la ley al caso concreto.

La evasión de capitales, gravísimo quebranto a la nación

EL PAÍS: Sería interesante ampliar los conceptos contenidos en el decreto que aluden a delitos económicos (contrabando monetario, actos que pongan en peligro el patrimonio de la nación). Parece deducirse de este espíritu un propósito contrario al que inspiró el indulto de 1971, que exculpó, entre otros, a los responsables del asunto Matesa. ¿Qué opina de ello?

Lavilla: La amnistía pretende ser una efectiva y sincera medida de reconciliación, para alcanzar así la plena convivencia nacional. Por ello, quedan excluidas aquellas conductas que ponen en peligro, que amenazan los valores esenciales de tal convivencia. La evasión de capitales, sea cualquiera el móvil que le sirva de pretexto, causa un gravísimo y a veces irreversible quebranto a la estabilidad económica de la nación. No resulta to- lerable que conductas -así puedan ser beneficiadas de una medida de gracia que pretende la concordia de todos. El patrimonio económico de la nación debe ser defendido con independencia de cualquier posición política.

EL PAÍS: Mientras no se resuelva definitivamente la cuestión de la legalidad o ilegalidad del PCE, quienes acaban de ser amnistiados, podrían volver a ser procesados por las mismas causas que antes provocaron su condena. Mientras este partido continúe en la ilegalidad, ¿cómo resolver la contradicción?

Lavilla: Como ya hizo público el Gobierno, la amnistía no supone por sí misma modificación alguna del Ordenamiento Penal y, como es propio de todo Estado de Derecho, este ordenamiento deberá ser aplicado en el futuro. Ahora bien, también es claro que la amnistía supone una prenda de la voluntad sincera con que se pretende conseguir una convivencia democrática estable. A ello han de colaborar de buena fe todos, tanto las instituciones del Estado como los propios beneficiarios de la amnistía.

La amnistía no contiene elemento discrecional alguno.

Elimina también para los militares el delito amnistiado

EL PAÍS: El decreto hace una visible diferencia en el trato a aplicar a funcionarios civiles y militares. Mientras la reincorporación de los primeros es automática, la de los segundos es condicionada y discrecional. ¿No cree que resulta, en definitiva, una discriminación injusta? ¿No puede ello dar lugar a dudas y reservas en la opinión pública?

Lavilla: No lo creo. Como ha señalado recientemente el ministro del Ejército, la estructura de las Fuerzas Armadas tiene sus propias exigencias, ya, que en ellas son fundamentales la disciplina y la moral militar, básicas para esta institución. Así lo reconocieron ya las Cortes Republicanas de 1934, al limitar también los efectos de aquella amnistía, con fórmula análoga, pero menos generosa que la ahora empleada". La amnistía, por otra parte, no contiene elemento discrecional alguno. Elimina también para los militares el delito amnistíado, implica, en su caso, la puesta en libertad, así como la extinción de las penas accesorias comunes, y respeta sus derechos económicos en relación con el retiro en los términos que establece la ley de 12 de julio de 1940.

EL PAÍS: Los españoles asisten a un cambio en las relaciones

Iglesia-Estado. Se ha renunciado a renegociar un nuevo Concordato y se opta por el sistema de acuerdos parciales. Aun cuando el sistema concordatario resulta hoy inadecuado y superado por la historia, ¿no resultará la nueva fórmula peco eficaz para defender los intereses del Estado español?

Trabajaré para hacer efectiva la unidad jurisdiccional

EL PAÍS: ¿Considera que la modificación de nuestro Derecho Penal, de nuestro Derecho Civil (por ejemplo, en los problemas de filiación, de la reforma de la empresa) son cuestiones que deben ser abordadas inmediatamente por los organismos de estudio dependientes de este Departamento? Dentro de los temas administrativos, ¿podría la potestad sancionadora de la Administración ser susceptible de una mayor racionalización?

Lavilla: En las Cortes anuncié ya nuestro propósito de plantear una modificación de conjunto y en profundidad del Código Penal, para adecuarlo a la configuración actual de la sociedad española. Por la misma razón se están estudiando también en la Comisión General de Codificación una serie de temas entre los cuales se encuentran, efectivamente, los que se refieren al matrimonio, a la filiación y a la reforma de la empresa, cuestiones que exigen gran delicadeza en su tratamiento por afectar a piezas maestras de nuestra sociedad. Existen ya grupos de trabajo que están realizando estudios prelegislativos sobre estos asuntos, así como sobre el tema de la potestad sancionadora de la Administración. Se trata de conseguir un marco adecuado y preciso para el correcto ejercicio de esta potestad, estableciendo, con carácter general y exactitud, su naturaleza, requisitos, límites y efectos, sin perjuicio de la natural variedad que en cada sector de la Administración ofrece la potestad sancionadora.

EL PAÍS: ¿Cuáles son los proyectos de este Ministerio sobre la progresiva unificación de jurisdicciones?

Lavilla: En alguna ocasión anterior he utilizado deliberadamente la expresión «plenitud júrisdiccional». Con ella he querido aludir al hecho, o al deseo, de que la función judicial ha de tener un ámbito completo, total, respecto del ordenamiento jurídico, desde las leyes constitucionales hacia abajo. En tal sentido debe ser exclusiva y excluyente, de tal modo que no sea disgregada ni compartida, en forma alguna, por otras instituciones. En tal aspecto, trabajaré para hacer efectiva esa plenitud, que conlleva la unidad jurisdiccional. Creo que todos estamos de acuerdo con ese principio, cuya formulación aparece muy clara en el artículo 30 de la ley Orgánica del Estado, y cuya efectiva implantación entiendo que constituye un requisito necesario para la existencia de un auténtico Estado de Derecho. Necesitamos un poderjudicial cada vez más eficaz, siempre independiente y por supuesto integrador de todos los órdenes judiciales.

En dos años, Iglesia y Estado negociarán todas las cuestiones mixtas

Lavilla: El dilema entre Concordato y acuerdos parciales ha sido superado mediante el concepto de negociación global en tiempo limitado.

Iglesia y Estado negociarán conjuntamente todas las «cuestiones mixtas» en un plazo máximo de dos años, concordando y, contrapesando todos sus mutuos intereses. Que el resultado sea un convenio general o varios acuerdos específicos es indiferente si los negociadores operan con una valoración global y unitaria de todos los temas y si para la negociación existe un plazo preestablecido.

EL PAÍS: Usted es un político de 42 años, con un amplio futuro por delante. El día en que existiese en España una situación de pluralismo democrático comparable al del occidente europeo, ¿en qué clase de partido político podría integrarse? ¿Democracia cristiana? ¿Derecha neocapitalista? ¿Franquismo evolucionado? ¿Federación de Independientes?

Lavilla: Por de pronto mi tarea, como miembro de este Gobierno, es contribuir a la creación de unas instituciones en las que, bajo el arbitraje de la Corona, puedan convivir política y fructíferamente el pluralismo político existente en España como en toda moderna sociedad industrial. Una vez acabada esta tarea y dentro del espectro de las fuerzas democráticas españolas, yo me consideraría situado en un centro político en el que concurriese la tradición democristiana con el humanismo liberal y el reformismo socialdemócrata. Creo que este tipo de fuerza habría de constituir un poderoso factor de estabilización política nacional.

Tenemos una estructura penitenciaria deficiente

EL PAÍS: ¿Tiene el Ministerio conciencia de las deficiencias de infraestructura de los penales españoles?

Lavilla: Se trata de un asunto muy complejo. Tenemos, en efecto, una infraestructura penitenciaria deficiente, que exige cuantiosas inversiones para su adecuación a las necesidades actuales. En tal sentido existe ya una programación para construir una serie de modernos centros penitenciarios, en los que pueda hacerse realidad la correcta clasificación y el tratamiento individualizado de los reclusos, indispensable para su rehabilitación social.

EL PAÍS: ¿Es posible una próxima revisión del obsoleto reglamento de prisiones por el que se tiene por castigo el tomar solamente el rancho de la cárcel?

Lavilla: La reglamentación penitenciaria vigente necesita una revisión a fondo, ya que por el paso del tiempo ha quedado en parte inadecuada. Sin necesidad de acudir a lo anecdótico, puedo asegurarle que la sensibilidad humana y la alta cualificación profesional de los Cuerpos Especial y Auxiliar de Instituciones Penitenciarias, ha permitido, en general, una aplicación flexible de tales normas.

También es necesaria una profunda reforma del sistema penitenciario en su conjunto y no sólo de las normas reglamentarias de régimen interior, para lo que ha de tomarse un prudente plazo de estudio y reflexión, pues se trata de un tema de gran trascendencia.

EL PAÍS: ¿Cómo va a resolverse el problema de los detenidos en función de la ley de Peligrosidad Social, ahora encarcelados en penales de prevención y no recluidos en centros especiales de rehabilitación, aún no edificados?

Lavilla: Dentro de ese programa de inversiones y de esa revisión del sistema y de las normas penitenciarias, ha de plantearse también el tema de la peligrosidad social. La infraestructura de este orden jurisdiccional resulta actualmente inadecuada e insuficiente. A corto plazo, hemos previsto como solución transitoria la habilitación de dependencias especiales de los centros penitenciarios comunes. A plazo más largo, una política penitenciaria ambiciosa exige la plena implantación de una red de establecimientos de rehabilitación, especializados, para el tratamiento de las diversas modalidades de desviación de una sana conducta social.

EL PAÍS: ¿Cree usted, señor ministro, que convendría y sería posible realizar las innovaciones técnicas necesarias para proporcionar a los detenidos, desde el primer momento, la conveniente asistencia de letrados?

Lavilla: El problema de la asistencia jurídica a los inculpados en un proceso penal, desde el primer momento, fue contemplado ya de una forma genérica por la ley de Bases, Orgánica de la Justicia. El desarrollo de esta previsión se encuentra actualmente en estudio, pues exige ciertas modificaciones en la ley de Enjuiciamiento Criminal. Esta ley, de evidente estirpe liberal, configura un proceso inquisitivo y secreto, cuyas exigencias para el buen fin de la investigación han de ser compaginadas en un prudente equilibrio, con la posibilidad de que el detenido pueda ser asistido desde él primer momento por su abogado. Confío en que los estudios ahora en curso permitan obtener próximamente un resultado satisfactorio.