La alternativa para la Enseñanza , una síntesis posible

Existían unas líneas generales que apuntaban a unos objetivos más o menos conocidos por los profesionales del sector: mejora y homologación de salarios, mejora cualitativa de la enseñanza, mayor atención por parte del Estado al problema educativo, aspiración a una coordinación sindical, gestión democrática de la enseñanza.... Todos estos aspectos más o menos inconexos, o expresados de forma parcial en múltiples documentos de sectores profesionales, o de sindicatos concretos: CC OO (Comisiones Obreras de la Enseñanza), UGT (Unión General de Trabajadores) USO (Unión Sindical Obrera), y otros se fueron convirtiendo en la filosofía que encarnó el denominado Movimiento de Enseñantes.

Varios Colegios de Doctores y Licenciados del país presenciaron el acceso a sus Juntas de Gobierno de profesores que llevaban años trabajando en ese movimiento. El acceso, en el Colegio de Doctores y Licenciados de Madrid, de la Junta de Gobierno presidida por Eloy Terrón, como decano, y Luis Gómez Llorente, como vicedecano, supuso un momento clave en este proceso. Desde entonces se comenzó a trabajar activamente en un documento que recogiera los planteamientos democráticos del profesorado. Varios cientos de licenciados comenzaron a asistir a las discusiones en la madrileña plaza de Santa Bárbara para sentar las bases de una alternativa de la enseñanza que ofrecer, frente a la alternativa vigente que se rechazaba.

La Junta General del año 1975 aprobó las bases de discusión del documento: crítica a fondo del actual panorama educativo español; concepción de la enseñanza como servicio público a cargo del Estado; gestión democrática de los centros docentes por parte del profesorado, alumnos y familias; unificación de la enseñanza en un ciclo único; creación de un cuerpo único de profesores; laicicidad de la enseñanza.

Si bien, todas las corrientes ideológicas que participan en el debate, estaban de acuerdo en apoyar al máximo la enseñanza estatal y en criticar los aspectos negativos de la enseñanza privada (su concepción de negocio fundamentalmente), parte del movimiento apuntaba a una estatrificación de toda la enseñanza, retirando toda subvención o apoyo a la enseñanza privada, mientras otro sector reconocía la posibilidad de que ciertos grupos de profesores y padres de familia creasen centros docentes, con la ayuda de organismos intermedios: diputaciones, ayuntamientos. En la discusión que tuvo lugar se aludía por una parte al riesgo de control estatal que podría suponer negar la posibilidad de apoyar económicamente a iniciativas privadas, mientras por otra parte se señalaba el riesgo de que esos centros subvencionados se volviesen a convertir en centros-negocio.

Tras las discusiones habidas se llegó a unos resultados comunes que han sido aprobados en la última Junta General de colegiados, celebrada este año. Estos resultados suponen una transación entre todas las corrientes ideológicas participadoras en el proyecto.

En la síntesis efectuada, se elaboró un concepto que satisfacía las opiniones que abogaban por evitar el burocratismo estatal. Los representantes de los grupos más autogestionarios mostraron su satisfacción por el hecho de que el concepto de escuela pública, puesta en circulación, es un término que de cabida a la pluralidad interna del profesorado, del alumnado y de las familias. Por otra parte, en la redacción de la alternativa, no hay una prohibición expresa de la enseñanza privada. Lo que se afirma, textualmente es que «los fondos públicos deben destinarse exclusivamente a la expansión de la enseñanza estatal, sin que proceda en principio, subvención algunas escuelas o centros de carácter privado».

Ha sido al hacerse pública la alternativa cuando ha surgido la polémica en diversos órganos de opinión de todo el Estado, en el sentido de que la alternativa supondría la tumba de la enseñanza privada y el cambio al totalitarismo estatal en materia de enseñanza. Pero, de hecho la atenta lectura del documento, síntesis de posturas tan diversas, dentro del movimiento de enseñantes, muestra una transación quizás más fácil de exponer que de llevar a la práctica en la que, desde el Partido Comunista de España (PCE) o el PSOE (Partido Socialista Obrero Español) hasta, USO, ORT, PT, MCE y otros grupos, han efectuado concesiones en sus respectivos programas educativos.

La alternativa -aseguran fuentes de estos grupos- no es un programa concreto de política educativa, de tal o cual grupo. Es una síntesis de los movimientos de la oposición española, ante la actual crisis educativa. Quizás la primera vez que esta síntesis ha sido posible.