Bumedian busca la institucionalización de su poder

Los medios políticos extranjeros -en la propia Argelia apenas si trascendió- se vieron sorprendidos el pasado mes de marzo con la insólita aparición de un documento firmado por cuatro personalidades relacionadas con los primeros tiempos de la revolución argelina, pero actualmente totalmente desplazados. Ferat Abbas y Yussef Ben Jeda, ex jefes del antiguo gobierno provisional de la revolución argelina, y Hocine Lahuel y Mohamed Jeiredine, rico propietario ligado al movimiento religioso de los ulemas condenaban el «poder personal» del presidente Bumedian y proponían la apertura de un período constituyente para sustituirlo.Los firmantes pertenecen a una generación demasiado lejana para una población extremadamente joven (70 por 100 con menos de treinta y cinco años) y ya no ocupan ningún puesto de responsabilidad. Por eso la iniciativa no tendría mayor trascendencia si no fuese porque se trata de la primera vez que los promotores de una acción en contra del régimen instaurado hace once años asumen la responsabilidad de la misma quedándose en el país.

Hasta la iniciativa de los dos antiguos jefes de la GPRA, el poder había coexistido sin sobresaltos mayores con los sectores de la vieja burguesía del tiempo de la independencia y con la nueva surgida después de 1962, al compás del crecimiento de la pequeña y media industria y de la tecnocracia al servicio de la burocracia estatal. Controlado el FLN y el ejército por los partidarios de Bumedian, la estrategia de la burguesía argelina había consistido -en expresión de un observador occidental- en «fagocitar» al régimen, conquistando poco a poco posiciones en el aparato administrativo y en las empresas nacionalizadas.

¿Por qué, entonces, ese súbito pronunciamiento público, con los riesgos que implicaba? En Argel se piensa que la aparición del manifiesto no es ajena a la puesta en marcha por el poder de una operación para institucionalizar el golpe de estado de 1965. Anunciado el año pasado por Bumedian, en medio de un cierto escepticismo, durante el mes de abril de este año se inició un debate público sobre el proyecto de Carta Nacional elaborado por el Consejo de la Revolución, cuya aprobación en plebiscito precederé a la convocatoria de elecciones para una Asamblea Nacional y para la propia Presidencia de la República.

Consumada la operación, Bumedian añadiría a la «legitimidad revolucionaria» del golpe de 1965 una «legitimidad formal» que le faltaba y que constituía para sus opositores la más importante fuente de críticas. No son, pues, extrañas las prisas de la oposición conservadora argelina.

Para el régimen, estas iniciativas no obedecen simplemente a razones de política interna, sino que se inscriben, como la crisis del Sáhara, en una maniobra para acabar con la revolución argelina, consistente, en el plano exterior, en aislar a Argelia de sus vecinos, y en el plano interno, en «desestabilizar» el régimen. Desde los órganos informativos controlados por el poder se ha iniciado, en base a esas premisas, una violenta campaña de desprestigio contra aquellos sectores de la oposición.

Al mismo tiempo, los autores del «manifiesto de los cuatro» eran represaliados: Abbas y Ben Jeda, ambos farmacéuticos, se encuentran, según todos los indicios, en régimen de arresto domiciliario, y una empresa de plásticos propiedad de Jeiredin, la Inovac, fue integrada en el monopolio estatal de petróleos Sonotrach, después de que sus trabajadores se declararan en huelga para protestar contra «las maniobras reaccionarias».