El Ayuntamiento de Sijena acusa a Urtasun de “posible obstaculización” a la devolución de los murales románicos

Más papeles sobre la mesa de la titular del Juzgado número 2 de Instrucción de Huesca, quien tiene la última palabra sobre el futuro de las pinturas románicas originarias del monasterio de Sijena y que ahora se exponen en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC). El Ayuntamiento de Villanueva de Sijena (Huesca) le pide ahora que aperciba al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, al acusarle de una “posible obstaculización” en la ejecución de la sentencia del mismo juzgado, y avalada en última instancia por el Tribunal Supremo, que obliga al MNAC a restituir las importantes pinturas del siglo XII al cenobio de los Monegros. En un último intento, el museo barcelonés ha requerido a la jueza a que se atenga a la extrema fragilidad de ese patrimonio nacional y al riesgo de trasladarla para frenar la ejecución del fallo judicial.

El movimiento de ficha del Ayuntamiento, que es uno de los demandantes del regreso de los murales junto al Gobierno de Aragón ―que tiene cedidos los derechos de las obras por parte de la orden de Malta―, obedece a una declaraciones un tanto confusas realizadas la semana pasada por Urtasun, en las que afirmaba que en la actual situación del litigio se tenía que dejar trabajar a los técnicos expertos en preservación del patrimonio. El abogado que representa al municipio oscense considera que se podría estar produciendo un delito de usurpación de funciones judiciales.

Lo cierto es que las palabras han generado incertidumbre tanto en Aragón como en Cataluña, ya que no acaban de resolver una pregunta: ¿los técnicos del Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE) elaborarán un informe sobre el estado de las pinturas de Sijena para determinar si se pueden mover sin ponerlas en riesgo? Esos murales están catalogados como Bien de Interés Cultural (BIC), mayor grado de protección institucional que recae sobre el Estado. Es decir, que el Ministerio de Cultura, a través del IPCE, puede tener algo que decir en este litigio pese a la orden judicial. Pero Urtasun, ni su equipo, no ha aclarado nunca si han activado al IPCE para elaborar informes similares a los que se han redactado en otras situaciones de dudosa actuación, como fue el caso de la Dama de Elche. En todo caso, ninguno de esos informes se ha utilizado en un proceso judicial como el que ahora enfrenta al MNAC con Aragón, pero también es cierto que el ministerio que dirige Urtasun es una de las tres administraciones que están en el patronato del MNAC, junto a la Generalitat (mayoritaria) y el Ayuntamiento de Barcelona. Nadie en el MNAC se ha atrevido a pedir oficialmente al IPCE que intervenga en la disputa.

En el escrito de Villanueva de Sijena, al que ha tenido acceso EFE, su abogado deja entrever una “posible obstaculización” al cumplimiento de la sentencia por parte del Ministerio de Cultura y del IPCE y recuerda que el propio ministerio no recurrió la sentencia de primera instancia que le absolvió de no haber impedido el traslado ilegal de las obras. El letrado argumenta a este respecto que al no apelar la sentencia, el Ministerio de Cultura carece de legitimidad para tener algún tipo de intervención en su ejecución, “ni siquiera en lo que se refiere al traslado de las pinturas murales al Monasterio de Sijena”.

Considera que ante las informaciones que da por “confirmadas” en relación a la colaboración del Ministerio de Cultura con el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) con la supuesta finalidad de impedir el proceso de ejecución, “conviene apercibir al señor ministro de que puede incurrir en un presunto delito de usurpación de atribuciones judiciales si con esos informes pretendiese burlar el cumplimiento de la sentencia”.

Un delito, añade el letrado, que podría suponer penas de seis meses a un año de prisión, multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años. A su juicio, el cumplimiento de la presente sentencia “no puede ser obstaculizado mediante informes o intervenciones contrarios a su natural cumplimiento por parte del Ministerio ni del órgano de él dependiente, el ICPE, pues es el poder judicial quien debe requerir en todo caso la colaboración de estos, pero no para dejar de cumplir el fallo dictado, sino para darle efectivo cumplimiento”.

Pese a esa defensa, el MNAC presentó hace unas semanas un paquete de documentos que advierten de los riesgos del traslado. Además de informes internos de diferente tipo y de otro con el membrete de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona ―al que dice el Ministerio de Cultura que se adhiere, si bien no consta firma alguna de ninguno de sus representantes―, el museo ha conseguido otros dos informes de relevante peso por quiénes los suscribe: uno es de Simona Sajeva, presidenta del Comité Científico Internacional de Pintura Mural del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Históricos (Icomos), y el otro lo firma el Centro Internacional de Estudios de Conservación y Restauración de los Bienes Culturales (Iccrom), máxima autoridad en preservación de patrimonio cultural y cuya institución está integrada por España.

Todos ellos avisan de la fragilidad y de la necesidad de realizar una evaluación de riesgos antes de mover ninguna de las obras que vistieron la sala capitular del Monasterio de Sijena, que antes de ser arrancadas sufrieron las consecuencias de un gran fuego en el cenobio que las malmetieron gravemente.