La fiscalía investiga el presunto fraude fiscal por la infracotización de músicos, que ya suma al menos 19 millones

Cambiaban los intérpretes, y sonaba de todo: jazz, rock, pop, flamenco. Pero, en miles de conciertos por toda España, la Seguridad Social ha detectado el mismo desafino: un presunto fraude que ya suma al menos 19,3 millones de euros. Son los que le reclama la Tesorería General a la empresa Actura 12, por infracotizar de forma reiterada a miles de artistas. Y, ante la imposibilidad de cobrarlos, ha embargado los ingresos que la empresa tenga pendientes de recibir hasta satisfacer la deuda, según una notificación remitida a finales de diciembre a organizaciones y músicos que fueran a realizar pagos a la compañía, a la que tuvo acceso EL PAÍS. El documento avisa a sus destinatarios de que envíen el dinero a la propia Seguridad Social. Lo mismo que solicitaba otro mandamiento, del pasado abril, en ese caso por 4,5 millones. Así que la cantidad se agranda, igual que el ruido del caso, que ha llegado hasta los oídos de la Fiscalía provincial de Barcelona (donde está afincada la empresa): ha abierto una investigación, como confirmó una fuente del organismo a EL PAÍS, por un posible delito penal.

Fue la Inspección de Trabajo la primera en escuchar notas que chirriaban: halló un agujero fiscal de 5,9 millones de euros en las operaciones de Actura 12 en 2022 por “diferencias de cotización”. En concreto, por infracotizar una y otra vez a miles de músicos, en conciertos por toda la Península. Aunque la práctica se amplía a más años y compañías, como ha podido confirmar este diario. Pese a varias llamadas y dos correos electrónicos, en esta ocasión resultó imposible recabar la versión de Actura 12. En anteriores conversaciones, hace meses, una fuente de la empresa negó que estuvieran infracotizando a los artistas e insistió en que estaban presentando alegaciones y manteniendo conversaciones con las instituciones para solucionar la discrepancia de criterio.

El origen ha de buscarse en la precariedad laboral del sector. La mayoría de los artistas no considera sostenible hacerse autónomo, debido a los ingresos casi siempre escasos e intermitentes. Sin embargo, necesitan ser trabajadores por cuenta propia para emitir las facturas que exigen los organizadores de conciertos —casi siempre ayuntamientos y entes locales—. De ahí que empezaran a aparecer las llamadas empresas de facturación: contratan al músico por un día, le dan de alta, emiten la factura, cobran, le ingresan el dinero y le dan de baja. Pero Actura 12 —y alguna compañía más— empezaron a cotizar a la Seguridad Social siempre por el salario mínimo, independientemente del caché del músico, declarando el resto como dietas u otras categorías salariales. Los artistas reciben más dinero en el momento, pero pierden protección social. Y el Estado deja de ingresar millones. Las empresas, mientras, ganan: por un porcentaje fijo de comisión. Y por venderse como las que ofrecen al cliente el mayor beneficio inmediato.

En los últimos meses, hasta tres partidos políticos (Junts, Esquerra Republicana y EH Bildu) han preguntado por escrito al Gobierno qué está haciendo para solucionar el asunto. En una de las respuestas, el Ejecutivo concretó que las intervenciones de la Inspección de Trabajo en el sector artístico habían generado expedientes liquidatorios por 27 millones de euros entre 2023 y la primera mitad de 2024. A través del portal de Transparencia, este diario pudo saber que unos 23 millones correspondían a “diferencias de cotización”. Una comunicación interna de una fuente de la Inspección de Trabajo asocia el grueso de esa cifra con las actuaciones referidas a Actura 12, afirma que la práctica se mantuvo al menos entre 2019 y 2023 y calcula decenas de miles de artistas afectados, con una media de unos 18.000 por año. En un mensaje donde recogía las “novedades 2024″, Actura 12 informaba a sus clientes: “El precio de Seguridad Social a facturar será VARIABLE”. Una fuente de la empresa explicó hace un mes y medio a este diario: “Pactamos [con Seguridad Social] que a partir de enero 2024 nos adaptaríamos a lo que nos pedían”.

Siete músicos detallaron el pasado marzo a EL PAÍS cómo Actura 12 y otras empresas, como Artistamente, sistematizaron durante años su infracotización y relataron sus casos, idénticos entre sí. Todos solicitaron el anonimato, para protegerse de eventuales consecuencias de imagen y legales. Este diario también accedió a más de 40 nóminas o liquidaciones de los últimos tres años. Las más recientes llegan hasta mediados de 2024. “Cuando me llegó la primera liquidación con Artistamente pensé: ‘Se han equivocado, es mucho dinero’. Me respondieron que la retención era sobre el salario mínimo y se sumaban complementos y dietas”, contó un artista. Otro músico dijo desconocer a qué se debían los apartados de “manutención” y “otras percepciones no salariales” en una nómina que le envío Artistamente: vivía a 80 kilómetros del lugar de la actuación y no pernoctó.

Cinco reconocidos expertos legales confirmaron hace meses a este diario que la práctica lleva años normalizada, y ofrecieron varios argumentos en contra de su regularidad. “Por ley, la base de cotización la determina el salario. Estas compañías actúan como buitres. Es una estafa. Confían en que este colectivo nunca ha estado en el punto de mira de la Inspección de Trabajo, porque se ve como periférico e intermitente”, señalaba el pasado marzo Octavio Granado, secretario de Estado de Seguridad Social entre 2004 y 2011 y, de nuevo, entre 2018 y 2020.

En las nóminas y liquidaciones emitidas por Actura que pudo ver este diario, los ingresos del artista varían (128, 150, 215, 300 o 400 euros), pero la cuota a la Seguridad Social siempre se mantiene mínima: 17 euros. Y en las de Artistamente, se declara el salario mínimo (42,31 euros en uno de los documentos) y el resto como “otras percepciones no salariales” (274,70 euros, en el mismo caso). Por comparar, un ejemplo de nómina, en la web del despacho especializado Sympathy for the Lawyer, calcula 85,8 euros para la Seguridad Social en el caso de un músico que haya cobrado 220 por una actuación. La diferencia, multiplicada por miles de casos y conciertos, explica las cifras que reclaman Inspección de Trabajo y la Tesorería General de la Seguridad Social. Además, la relación laboral entre el músico y la empresa también suscita dudas entre los expertos consultados: consideran que la emisión de una factura es el único vínculo real entre ambos, por más que los artistas resulten oficialmente empleados durante un día, y que las compañías actúan como simples “intermediarias” o “comisionistas”.

El 49,4% de los músicos tiene unos ingresos brutos anuales por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (1.134 euros mensuales en 14 pagas), según un estudio publicado en 2024 por la Sociedad de Artistas AIE con la colaboración de la Unión de Músicos. El directo supone la principal fuente de ingresos para el 78% de los encuestados. Pero el 27% tiene entre uno y 10 conciertos al año, el 38% entre 11 y 40 y solo el 9% llega a más de 100, según el informe.

Así que el sector musical —y el cultural en general— reclama desde hace años una cuota de autónomo adaptada a estas especificidades. En 2023, el Gobierno introdujo una de 161 euros al mes para el que gane menos de 3.000 euros al año. Pero los músicos, calculadora en mano, denuncian que a menudo sigue sin compensar darse de alta. El propio Ministro de Cultura, Ernest Urtasun, prometió retocar las cuotas de autónomos cuanto antes: se trata de uno de los principales pilares aún pendientes del llamado Estatuto del Artista. Y está siendo objeto de negociación parlamentaria para introducirlo en alguna ley de próxima aprobación. De momento, falta consenso político. Aunque en algo estarán todos de acuerdo: el estribillo actual no puede gustar a nadie.