Trabajo detecta un agujero de seis millones de euros en la facturación de conciertos por toda España

Decenas de conciertos por toda España generaron en 2022 un agujero de 5,9 millones de euros en la Seguridad Social, según refleja un acta de liquidación de Inspección de Trabajo a la compañía Actura 12 S.L. por “diferencias de cotización”, a la que ha tenido acceso EL PAÍS. El caso, además, arroja luz sobre otra cuestión: la precariedad laboral de los músicos, que genera un terreno fértil para este presunto fraude. Se trata de una práctica que han llevado a cabo distintas empresas durante años, según los documentos y testimonios recabados por este diario, lo que proyecta pérdidas aún mayores para el Estado.

La mayoría de los artistas no ve viable hacerse autónomo, por la intermitencia y los escasos ingresos. Y eso es lo que crea la oportunidad de negocio para compañías como Actura 12. Un responsable de la empresa, que prefiere omitir su nombre, subraya: “Es un acta que no está cerrada, vamos a presentar alegaciones”.

Cambian los artistas, el género o el lugar de la actuación, pero la dinámica se repite. Los organizadores de conciertos —casi siempre Ayuntamientos y entes locales— exigen una factura a los músicos. Como los que no son autónomos no pueden emitirla, aparecen como solución las empresas de facturación: contratan al músico por un día, le dan de alta, emiten la factura, cobran, le ingresan el dinero y le dan de baja. Algunas de ellas, independientemente del caché del intérprete, cotizan a la Seguridad Social por el salario mínimo y declaran el resto como dietas u otras categorías salariales. Esto supone una infracotización de los artistas, que ingresan más dinero en el momento, pero pierden protección social de cara al futuro.

Siete músicos han descrito el modus operandi de varias de estas empresas a EL PAÍS —que ha tenido acceso a 39 nóminas o liquidaciones de los últimos tres años— y han relatado sus casos, idénticos entre sí. Todos han pedido el anonimato, para protegerse de eventuales consecuencias de imagen y legales.

“Me di de alta en Artistamente este enero. Cuando me llegó la primera liquidación pensé: ‘Se han equivocado, es mucho dinero’. Me respondieron que la retención era sobre el salario mínimo y se sumaban complementos y dietas”, detalla un músico. Una fuente de Artistamente S.l. rechazó realizar declaraciones para este artículo.

“Por ley, la base de cotización la determina el salario. Estas compañías actúan como buitres. Es una estafa. Confían en que este colectivo nunca ha estado en el punto de mira de la Inspección de Trabajo, porque se ve como periférico e intermitente”, denuncia Octavio Granado, secretario de Estado de Seguridad Social entre 2004 y 2011 y, de nuevo, entre 2018 y 2020.

Los artistas afectados, la Unión de Músicos, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos y al menos cinco reconocidos expertos legales aseguran que esta práctica lleva años normalizada. El Ministerio de Empleo ya descalificó en 2017 a la cooperativa Factoo. Es cierto que Artistamente y Actura 12 operan como empresas, no como cooperativas. El servicio ofertado, sin embargo, es prácticamente el mismo.

Infracotización

Una quincena de liquidaciones realizadas por Actura 12 en 2022 apunta siempre 17 euros como cuota para la Seguridad Social. Pero los ingresos percibidos por los distintos músicos varían: 128, 150, 215 o 300 euros. Lo mismo sucede en 2023, con otra veintena de liquidaciones de varios artistas. “No es posible a nivel legal. En muchas situaciones está habiendo un desfase, cotizando por debajo del salario real. Una inspección lo vería claramente”, estima Manuel López, director de Sympathy for the Lawyer, abogados especializados en el sector musical.

Un ejemplo de nómina, en la web de su despacho, calcula 85,8 euros para la Seguridad Social en el caso de un músico que haya cobrado 220 por una actuación. La diferencia con respecto a las declaraciones de Actura 12, multiplicada cada año por miles de músicos y de facturas, en cálculos de este diario, contribuye a explicar los seis millones que se le reclamaron el 9 de noviembre.

“No tenemos que responder nada. Vamos a remitir todo a la vía judicial. Si se hizo así, es porque es el mínimo de cotización que [los artistas] tenían establecido para ese día. Puede haber otros factores, como dietas y kilometrajes. Es el concepto de diferencia respecto a la inspección”, responde el responsable de Actura 12. Niega que estén infracotizando a los músicos. Y agrega: “En su día se nos comunicaría que era la base de cotización de la actividad que se iba a realizar”.

—¿Quién se lo comunicó?

—El departamento correspondiente o empresa.

—Pero los principales organizadores de conciertos en España son Ayuntamientos y entes locales. ¿Se refiere a ellos?

—Correcto.

—¿Los Ayuntamientos les pedían cotizar por lo mínimo?

—El tema de la cotización depende de las personas, el músico trata de poder cobrar al máximo. Si se ha establecido un sistema por el mínimo es para que el músico pueda percibir mayor importe.

“Lo que hacen estas empresas es un fraude”, afirma Fernando Jesús Santiago, presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España. “Además, es una práctica que perjudica a las demás empresas que están en el sector de forma regulada y, sobre todo, a los artistas, porque pensando que van a ganar 15 euros más acaban convirtiéndose en defraudadores”, añade.

Otras percepciones

En una nómina de un músico por un concierto en septiembre de 2022, emitida por Artistamente, se declaran 39,18 euros como salario; 53,34 euros como “manutención”; y 107,67 como “otras percepciones no salariales”. El músico asegura que vivía a 80 kilómetros del lugar de la actuación, que no pernoctó y que desconoce cuáles serían las percepciones no salariales.

En otra nómina de Artistamente, para una actuación del pasado enero, el salario vuelve a ser el mínimo, 42,31 euros, mientras que el apartado “otros” suma 274,70 euros. “El concepto ‘otras percepciones no salariales’ deja ver que se está incluyendo una serie de importes inconcretos que, en la mayoría de los casos, debería ser considerada como salario”, indica Adrián Todolí, profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Valencia. “Todo apunta a que se está encubriendo parte de la retribución”, coinciden Carlos Hurtado y Juan Grangel, del área laboral y de entretenimiento del despacho Baker McKenzie. Los otros expertos legales expresan opiniones parecidas, y cuestionan la relación entre las cifras declaradas y la realidad.

López añade otra duda: la legalidad de que, durante un día, los músicos resulten empleados de una compañía con la que casi no tienen vínculos. “Es difícil entender la participación de estas empresas en el marco de las relaciones laborales de la actividad artística”, señalan Hurtado y Grangel. “Actuamos como representantes de los músicos, como una agencia de colocación de artistas. Y hacemos más cosas”, apunta el responsable de Actura 12. Rechaza, sin embargo, ofrecer ejemplos concretos.

La posible responsabilidad legal de los músicos genera más discrepancias: algunas interpretaciones les ven solo como damnificados. Otros dibujan una hipótesis algo compleja: se les podrían reclamar las cuotas que deberían haber pagado a la Seguridad Social, si se demostrara que deberían haber trabajado por cuenta propia, en lugar de acogerse a estas empresas.

Ana Ercoreca, presidenta del sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, señala que la propia naturaleza de la actividad de músico le remite al régimen de autónomos, siempre y cuando “estos trabajos se den con cierta habitualidad, de forma directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, como indica el artículo 1 de la ley 20/2007 de 11 de julio”.

El 20 de febrero, Esquerra Republicana registró una pregunta escrita para el Gobierno sobre este asunto donde subrayaba: “Algunas de estas empresas para abaratar costes y ofrecer mejores liquidaciones infracotizan a los artistas”. Y citaba otro indicio: el simulador en la web de compañías como Artistamente. Ahí cualquiera puede calcular el resultado de su hipotético concierto: al introducir importes de 200, 500 o 1.500 euros, la cifra para la Seguridad Social se mantiene en 17,64 euros. Sí varía, en cambio, lo que cobraría la empresa por la gestión: al ser un porcentaje fijo, la cantidad crece a medida que aumenta la cifra ingresada. He aquí parte del negocio para las compañías. El reclamo de ser las que más dinero neto entregan a los músicos hace el resto.

“La Seguridad Social no aplica un coste fijo de cotización por 18 euros. Aquella empresa que lo hace declara siempre el salario bruto mínimo y todo el resto del caché lo declara indiscriminadamente en dietas y kilometraje, provocando una pérdida de derechos considerables”, avisa Mustramit, otra compañía de facturación, en su web.

Algunos artistas dicen que acceden porque no les sale a cuenta otra opción. Otros por despreocupación, porque así se supone que funciona el mercado. Y porque la publicidad de estas empresas garantiza que sus prácticas son normales. Hay músicos que lo ven como una ventaja. “Es más cómodo. Pero está evitando que los que deberían empezar a profesionalizar su estructura lo hagan”, señala López. Todos los artistas se benefician de mayores ingresos en el corto plazo. A la vez, sin embargo, están saboteando su futuro. “En ningún momento nos aprovechamos de su precariedad. Trabajamos con los músicos codo con codo”, desmiente el responsable de Actura 12.

El origen

La chispa coincide en los distintos relatos: dicen que, hace unas dos décadas, se cobraba en negro por muchos conciertos. Hoy, sin embargo, Ayuntamientos y demás administraciones exigen una factura para realizar el pago. Muchos intérpretes y autores no pueden emitirla: la Unión de Músicos considera que la inestabilidad y la falta de regulación del sector hacen que ser autónomo en pocos casos resulte viable.

El 49,4% de los músicos tiene unos ingresos brutos anuales por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (1.134 euros mensuales en 14 pagas), según un estudio de la Sociedad de Artistas AIE con la colaboración de la Unión de Músicos, que se publicará próximamente y al que ha tenido acceso EL PAÍS. El informe señala que el directo es la principal fuente de ingresos para el 78% de los encuestados. Pero el 27% tiene entre uno y 10 conciertos al año, el 38% entre 11 y 40 y solo el 9% llega a más de 100.

Ante esa situación, el Gobierno aprobó el año pasado una cuota de autónomos específica para el sector artístico: 161 euros al mes para el que gane menos de 3.000 euros al año. “Las cuentas salen tan ajustadas que nadie lo está usando”, asegura López. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha prometido en varias ocasiones revisar el tema.

Del mismo modo, la Seguridad Social contempla un Régimen Especial de Artistas, que incluye particularidades relacionadas con la cotización. En este caso, las altas, bajas y variaciones de datos de los trabajadores deben ser solicitadas por el empresario. Sin embargo, en la práctica, el organizador público de la actuación casi nunca contrata a los artistas. “Sería razonable a nivel ideal. Pero España está llena de Ayuntamientos con pocos cientos de vecinos y entidades locales menores. Todos montan fiestas y conciertos. ¿Les vas a pedir que hagan los contratos?”, plantea Granado.

Las empresas de facturación nacieron para satisfacer tanto las necesidades de los creadores como de los organizadores. Hay cooperativas, gestionadas por los propios artistas y guiadas por comportamientos éticos. Y también compañías privadas que declaran los salarios de los músicos como corresponde.

Guillem Arnedo, presidente de la Unión de Músicos, explica que él mismo recurrió a algunas de esas empresas: “Hace unos 25 años, empezaba mi carrera y me exigieron una factura para cobrar una actuación. Pregunté a mis colegas y me dijeron: ‘Si no te da para hacerte autónomo, pide a una empresa que te haga una factura’, ya que sin ella no podía hacer el bolo. Entonces había tres o cuatro compañías; ahora, más de 20″. Le sorprendió que sus ingresos netos variaban según la empresa que le hacía las facturas: “Unido a que me contrataban laboralmente como si trabajara para ellas cuando no tenían nada que ver con mi actividad artística, me hizo ver que eso era una anomalía”.

Granado deja caer otra clave: “La mayor parte de los empleadores son administraciones públicas, lo que hace que un inspector de Trabajo no esté cómodo”. Actura 12, además, recibió una subvención de 20.000 euros del Ministerio de Cultura en 2022, para el “apoyo a intérpretes y agrupaciones de lírica y música para giras por España y por el extranjero”.

El exsecretario de Estado de Seguridad Social asegura que, durante su mandato, puso en marcha alguna actuación contra este fenómeno. El caso Factoo es un ejemplo. Sin embargo, reconoce que no logró “regularizar la situación. Es una asignatura pendiente desde hace varios Gobiernos”. “Los músicos son uno de los colectivos más maltratados, en muchos casos sin apoyo de los sindicatos. Si levantas la voz, ya no te contratan”, continúa. La heterogeneidad del sector, desde el profesional de otro ámbito que toca de vez en cuando al que depende de la música para vivir, tampoco ayuda a su comprensión y regularización.

“Estas empresas ponen parches a un problema. Si las quitamos, volvemos a un colapso. Hace falta avanzar en soluciones de mayor calado. Lo importante es que cuando un artista se suba al escenario esté dado de alta en la Seguridad Social”, reflexiona López. Y Arnedo remata: “Una manera sería que, cuando exista una relación laboral con un empresario público o privado, al músico se le contrate. Y, para los autónomos, conseguir una cuota directamente proporcional a sus ingresos, como apuntó el informe de la subcomisión para el Estatuto del Artista”. En su momento, todos los grupos políticos apoyaron ese documento. Tal vez sea hora de que por fin suene otra música.