El agujero fiscal por la facturación de conciertos se agranda: la Seguridad Social embarga 4,5 millones a una empresa que infracotiza a los músicos

El presunto fraude fiscal en la facturación de conciertos por toda España se agranda. La Seguridad Social le ha reclamado a la empresa Actura 12 una deuda de 4,5 millones de euros por su actividad en 2019. Y, ante la imposibilidad de cobrarla, ha embargado los ingresos que la compañía tenga pendientes de recibir. La medida consta en una notificación enviada este miércoles a entidades y artistas que fueran a realizar pagos a Actura 12, a la que tuvo acceso EL PAÍS: ahí se les dice que deben transferir ese dinero a la propia Seguridad Social. Se destapa así un segundo desajuste de la misma empresa: la Inspección de Trabajo ya detectó un agujero de seis millones de euros en sus operaciones en 2022 por “diferencias de cotización”. Es decir, por infracotizar repetidamente a miles de músicos en sus actuaciones por todo el país. Justamente la precariedad laboral del sector facilita un negocio que resta protección social a los artistas a la vez que provoca pérdidas millonarias para el Estado. Una fuente de Actura aseguró que están en conversaciones con la Seguridad Social para solucionar el asunto y rechazó hacer más declaraciones.

La mayoría de los músicos generan ingresos escasos, y de forma muy intermitente. De ahí que no vean viable hacerse autónomo. Sin embargo, para cobrar los conciertos, se les exige casi siempre una factura. Al no estar dados de alta como trabajadores por cuenta propia, no pueden emitirla. Y ahí intervienen Actura 12 u otras compañías parecidas, conocidas como “empresas de facturación”. Contratan al artista por un día, emiten la factura, reciben el pago por parte del organizador —casi siempre Ayuntamientos y entidades locales—, ingresan el dinero al músico y le dan de baja. Pero algunas, independientemente del caché del concierto, solo cotizan a la Seguridad Social por el salario mínimo. El resto se declara como dietas u “otros complementos no salariales”. Así, el músico recibe más dinero en el inmediato, pero pierde de cara al futuro. El negocio para las compañías reside en un porcentaje fijo de comisión. Y en el reclamo de ser las que garantizan al cliente más ingresos en el momento.

Este diario pudo acceder a unas 35 nóminas o liquidaciones de Actura 12 a distintos músicos referidas a 2022 y 2023. Los ingresos del artista varían (128, 150, 215, 300 o 400 euros), pero la cuota a la Seguridad Social siempre se mantiene mínima: 17 euros. Y en cuatro nóminas de Artistamente, otra empresa de facturación, referidas a 2022 y 2024, se repite la misma dinámica: se declara el salario mínimo (42,31 euros en uno de los documentos) y el resto como “otras percepciones no salariales” (274,70 euros, en el mismo caso). Por comparar, un ejemplo de nómina, en la web del despacho especializado Sympathy for the Lawyer, calcula 85,8 euros para la Seguridad Social en el caso de un músico que haya cobrado 220 por una actuación. La diferencia, multiplicada por miles de casos y conciertos, asciende a millones de euros.

Siete músicos relataron a EL PAÍS como se han encontrado con esta práctica una y otra vez a lo largo de los últimos años, y detallaron casos idénticos entre sí. Algunos apuntaron incluso a muchas más compañías. Todos pidieron el anonimato, para protegerse de eventuales consecuencias de imagen y legales. “Me di de alta en Artistamente este enero. Cuando me llegó la primera liquidación pensé: ‘Se han equivocado, es mucho dinero’. Me respondieron que la retención era sobre el salario mínimo y se sumaban complementos y dietas”, detallaba uno de ellos. Otro afirmó desconocer a qué se debían los apartados de “manutención” y “otras percepciones no salariales” en la nómina que la compañía le envió: vivía a 80 kilómetros del lugar de la actuación y no pernoctó.

Cinco reconocidos expertos legales confirmaron a este diario que la práctica lleva años normalizada, a la vez que plantearon varias objeciones a su regularidad. “Por ley, la base de cotización la determina el salario. Estas compañías actúan como buitres. Es una estafa. Confían en que este colectivo nunca ha estado en el punto de mira de la Inspección de Trabajo, porque se ve como periférico e intermitente”, señalaba Octavio Granado, secretario de Estado de Seguridad Social entre 2004 y 2011 y, de nuevo, entre 2018 y 2020. “El concepto ‘otras percepciones no salariales’ deja ver que se está incluyendo una serie de importes inconcretos que, en la mayoría de los casos, debería ser considerada como salario”, agregaba Adrián Todolí, profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Valencia.

La propia relación entre las compañías y los artistas también genera dudas. “Es difícil entender la participación de estas empresas en el marco de las relaciones laborales de la actividad artística”, señalaban Carlos Hurtado y Juan Grangel, del área laboral y de entretenimiento del despacho Baker McKenzie. Pese a que oficialmente los músicos resultan empleados durante un día, los expertos consideran que apenas hay vínculos con las empresas, más allá de la emisión de una factura, y que estas actúan como simples “intermediarias” o “comisionistas”. Dos semanas después de que la Inspección de Trabajo le reclamara a Actura 12 seis millones, además, la compañía celebró una junta cuya única acción fue modificar el nombre de una de las entidades del grupo: de Mochilas y Viajes a Actura Art Global. Un responsable de la empresa negó a EL PAÍS que la sanción y el cambio de denominación tuvieran relación. Pero, a partir de entonces, Actura Art Global empezó a emitir las facturas para los músicos.

“No tenemos que responder nada. Vamos a remitir todo a la vía judicial. Si se hizo así, es porque es el mínimo de cotización que [los artistas] tenían establecido para ese día. Puede haber otros factores, como dietas y kilometrajes. Es el concepto de diferencia respecto a la inspección”, añadía hace un mes un responsable de Actura 12. “Actuamos como representantes de los músicos, como una agencia de colocación de artistas. Y hacemos más cosas”, insistía. Aunque se negaba a ofrecer ejemplos concretos. Una fuente de Artistamente rechazó hace un mes que sus declaraciones se incluyeran en un artículo.

Esquerra Republicana envió una pregunta escrita al Gobierno sobre este asunto. El pasado 22 de marzo, recibió una respuesta de apenas 155 palabras. “Las intervenciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social han sido intensas durante los últimos años en todos los sectores de actividad afectados por este tipo de fraude, y pese a la complejidad del fenómeno en cuestión la experiencia y los resultados obtenidos han sido satisfactorios. Dada la importancia que este organismo atribuye a la lucha contra aquellas conductas fraudulentas que vulneran los derechos de los trabajadores, actualmente continúan desarrollándose actuaciones en la materia”, se leía en el texto, sin que se citara o detallara ninguna.

Algo más concreto se ha mostrado el Ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Ha prometido en distintas ocasiones revisar las cuotas de autónomos del sector, en el marco del Estatuto del Artista, para que se ajusten más a los ingresos. El Gobierno aprobó el año pasado una cuota de autónomos específica para el sector: 161 euros al mes para el que gane menos de 3.000 euros al año. Pero los músicos denuncian que las cuentas siguen sin salir. Y apuntan a la otra parte del problema: la necesidad de emitir facturas surge también porque ayuntamientos y entidades locales, que organizan la gran mayoría de conciertos en España, no contratan laboralmente a los músicos. Este punto genera más discrepancias: para otros, la propia naturaleza de la profesión la aboca al trabajo por cuenta propia. Y sería inasumible para tantos organismos municipales minúsculos realizar todos esos contratos. Mientras se discute, en todo caso, la práctica continúa. Y los artistas siguen perdiendo. Igual que el Estado.