El Ministerio de Defensa expone en sus instalaciones al menos 11 cuadros incautados durante la Guerra Civil

En algún dormitorio. En pasillos. En un comedor y en un despacho privado. Hasta 11 pinturas incautadas durante la Guerra Civil decoran las paredes del Cuartel General del Ejército, en Madrid. A sus dueños se las quitaron de las manos en medio de la contienda y nunca más las recuperaron. Difícilmente podían saber, o imaginar, que su periplo las llevaría a ser expuestas en un edificio del Gobierno. El mismo Ejecutivo que hoy, por otro lado, promete justicia y reparación a las víctimas del franquismo. El Ministerio de Defensa no ha informado del inventario ni de la ubicación de las obras en una declaración pública: fue por una solicitud de EL PAÍS a través del portal de Transparencia. La respuesta considera además que se produjo la “usucapión”, término técnico que puede traducirse como la revisión de la propiedad a favor del Estado, después de años de silencio de los dueños originales. Como base legal, Defensa se acoge a un decreto de 1963. Es decir, de la dictadura.

En el inventario no figuran los autores o el valor estimado de los cuadros. Tampoco la procedencia original, lo que ayudaría una eventual reclamación. Solo aparece en cada ficha una foto, junto con el título (El charco de Zaragoza, Virgen con niño, La dolorosa, Pareja de manos en la calle…), las dimensiones, la localización actual o los materiales empleados. Y la fuente de ingreso: “Junta de Incautación Tesoro Artístico”. Hubo miles de piezas secuestradas durante la Guerra Civil, ya fuera por este organismo de la República, con la intención de proteger el patrimonio, o por el bando sublevado. Una vez terminado el conflicto, el franquismo devolvió algunas obras, pero entregó otras muchas a instituciones, universidades, museos o incluso a propietarios privados. De la mayoría se perdió el rastro, incluidas las 11 pinturas de Defensa. “Hablamos de una cifra extraordinaria. Un movimiento de obras como jamás se ha producido en España”, señala Arturo Colorado Castellary, catedrático y principal investigador de este asunto.

“Los objetos provenientes de los depósitos constituidos por incautaciones de la Guerra Civil (1936-39) ingresaron en los museos y organismos oficiales por usucapión o prescripción adquisitiva. Una vez agotados todos los plazos de publicidad y exposiciones sin que fueran reclamados por sus propietarios, fueron declarados propiedad del Estado por decreto 1916 de 10 de octubre de 1963 nº 2527/63″, argumenta hoy Defensa. Lo que genera una mezcla de indignación, asombro, dudas legales y morales en los expertos entrevistados.

Muchas víctimas debieron exiliarse o sufrieron represalias, de ahí que les resultara complicado, o imposible, conocer el paradero final de sus obras o plantearse pedir su devolución. En todo caso, Laura Sánchez Gaona y Encarnación Roca, abogadas contratadas por algunos herederos para intentar recuperar sus bienes, consideran que la obtención de la propiedad por parte del Estado nunca tiene cabida si el punto de partida es una atribución ilícita, como una incautación o un expolio. Y Colorado recuerda que “todos estos bienes fueron entregados en calidad de depósitos —la documentación es muy clara en este sentido—, lo que, en opinión de los juristas, no prescribe”.

“Alucino: ¡aplican la usucapión basándose en la normativa franquista sin mención alguna a la Ley de Memoria Democrática!”, se sorprende además el catedrático. El rango superior de una ley, como la aprobada en octubre de 2022, respecto a un decreto también cuestiona la versión de Defensa. Y ciertamente, más allá del ámbito jurídico, su interpretación parece ir en dirección contraria al espíritu de la Ley de Memoria Democrática.

Esta normativa, aprobada por el Gobierno progresista de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, ampliaba en su artículo 3 la condición de víctima a quienes “padecieron la represión económica con incautaciones y pérdida total o parcial de bienes, multas, inhabilitación y extrañamiento”. Y en el 31 establecía “el derecho al resarcimiento de los bienes incautados”, además de prometer en el plazo de un año —para octubre de 2023— una auditoría de todo lo expoliado.

De momento, tan solo el Ministerio de Cultura ha publicado un inventario, con ocho meses de retraso, donde identifica unas 5.000 piezas con esta procedencia de entre todas las colecciones de los 16 museos estatales que dependen de su departamento. De los demás, casi un año después de que venciera el plazo impuesto por la ley, nada se sabe. Ni tampoco del desarrollo reglamentario que prometía la normativa.

En las investigaciones de Colorado, de hecho, el total de piezas incautadas hoy en manos de Defensa asciende a 76 pinturas y 56 muebles y otros bienes. Y la abogada Sánchez Gaona busca tres óleos entregados hace décadas al ministerio, que pretenden recuperar los herederos del Marqués de Villalonga. Defensa compartió a este diario un segundo listado, con 70 bienes, entre estatuillas, pinturas, abanicos o jarrones, ubicados en el Cuartel General del Mando de Apoyo a la Maniobra (A Coruña), del que no se aclara que incluya obras incautadas. Y un tercero, con una quincena de piezas depositadas en la antigua Capitanía General de la 6ª Región Militar (A Coruña), procedentes del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional (Zona Levante). “En ninguno de los dos documentos hay obras de las entregadas en la posguerra. No dudo de la buena voluntad de Defensa, el único ministerio que ha contestado enviando la lista de bienes, pero es evidente que no controlan el tema. Sirven de muy poco estos dos listados”, apunta el catedrático. Defensa no atendió a la petición de aclaraciones que le hizo este periódico.

Respecto al inventario previsto en el artículo 31 de la ley, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática se limitó a contestar: “La auditoría se está realizando y aún tardará, dada la complejidad de bienes incautados y la parcelación de archivos. Hasta que no finalice la auditoría no se puede desarrollar su normativa. Una vez finalizada la auditoría se hará pública”, informa Miguel González.

EL PAÍS trasladó la misma petición, a través de Transparencia, a todos los ministerios del Gobierno: que informasen si tenían alguna obra procedente de incautaciones durante la Guerra Civil o la dictadura. La mitad sigue sin haber contestado, incumpliendo el plazo previsto de un mes. Ocho ministerios respondieron que no guardan ninguna. El departamento de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes confirmó que tampoco tiene en varios organismos que dependen del mismo, aunque su Subsecretaría añadió: “Si bien en el inventario de obras de arte no se dispone de datos relativos a la procedencia de las obras, se está trabajando para dar cumplimiento a […] la ley de Memoria Democrática. Por ello, se ha iniciado una investigación para averiguar dicha procedencia y poder confeccionar, en el futuro, un inventario de bienes”.

El Ministerio de Industria y Turismo destacó: “En el ámbito de este departamento y por Resolución de la Presidencia de Turespaña de 30 de mayo del 2023, se han devuelto dos obras de arte a la familia de Ramón de la Sota [dueño de un imperio empresarial y vinculado al nacionalismo vasco] al haberse podido comprobar que las mismas habían sido incautadas en 1937″. Sin embargo, el despacho Ramón y Cajal reclama a este departamento al menos otros dos cuadros que considera propiedad de los De la Sota y Llano que ha hallado en el parador de Almagro. “Se están llevando a cabo los trabajos de investigación necesarios para determinar si alguna otra de las obras adscritas a ese organismo autónomo pudiera provenir de incautaciones”, apunta Industria y Turismo en su respuesta.

“Para cumplir con el espíritu de la Ley de Memoria Democrática, en vez de quedarse en la pura norma, hay que hacer todo lo posible para facilitar la reparación para los herederos o las instituciones a las que se expoliaron los bienes”, sostiene Sánchez Gaona. Entre otros, la abogada persigue recuperar los que pertenecieron a Pedro Rico, alcalde republicano de Madrid, y que hoy reclama su familia. El Cabildo de Gran Canarias lleva tiempo impulsando la devolución de cinco óleos, expuestos en la Casa de Colón. Otras obras de Rico se hallan en el Prado, el Museo del Romanticismo, el del Traje o los de Bellas Artes de Asturias y Valencia, según las investigaciones de Sánchez Gaona. Hasta ahora, sin embargo, ninguna ha sido devuelta.

Preocupados por la inacción del Gobierno y presionados por su edad avanzada, los herederos del alcalde republicano de Madrid llegaron a enviar una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Quien, por otro lado, estuvo presente en un acto de homenaje a Rico, entre otras víctimas del franquismo. El pasado 31 de julio, su misiva recibió una respuesta, a la que tuvo acceso EL PAÍS. En tres párrafos, el director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Óscar López Águeda, recuerda el contexto y el trabajo realizado hasta ahora por el Ejecutivo. En el cuarto, y último, afirma: “Conscientes de la importancia que tiene para usted […] que se actúe con celeridad […] me consta que desde el Ministerio de Cultura han emprendido ya las debidas actuaciones, motivo por el que damos traslado de su comunicación”.

El tiempo corre, y miles de obras siguen lejos de sus casas. “Mientras no den acceso a toda la información es imposible”, tercia Colorado. Quizás, tras el paso de varias generaciones, muchos nietos no sepan reconocer cuadros de sus abuelos o hayan olvidado incluso que alguna pieza tal vez les pertenezca. Mientras, los soldados del Cuartel General del Ejército en Madrid ven desde hace años 11 pinturas incautadas. Algunos incluso cada día, antes de acostarse o almorzar. El texto de Defensa reza: “Por lo que se conoce y se tiene constancia, estos bienes están destinados a funciones de exorno y decoro para fines de la alta representación del Estado en los edificios donde se custodian”. A cambio de tan ilustre misión, ya no embellecen sus hogares originales. Ahí, desde hace décadas, solo quedan los huecos.