La Asociación Sindical de Profesionales Taurinos (ASPROT) exige en los juzgados la aplicación del Convenio Nacional Extraestatutario

Los Juzgados de Instrucción Penal nº 3 de Córdoba y Cádiz han admitido a trámite sendas querellas de la Asociación Sindical de Profesionales Taurinos (ASPROT) contra varios representantes de la Junta de Andalucía “por presuntos delitos de prevaricación y contra los derechos de los trabajadores en el sector taurino, por dar exclusividad de los visados de contratos de trabajo al Convenio Colectivo Nacional Taurino Estatutario y excluir e impedir la aplicación del otro Convenio existente en el sector, el Extraestatutario, que cumple plenamente con el requisito exigido en la norma reglamentaria”, según consta en un comunicado hecho público por la organización que preside el extorero Luis Miguel Calvo.

Siempre según ASPROT, el juzgado cordobés ha citado al Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina Rascón, y al Jefe de Servicio de Espectáculos y Juegos, Francisco José Palacios Wizner, en calidad de investigados al favorecer presuntamente a las asociaciones profesionales firmantes del Convenio Estatutario, ANOET (empresarios), UNIÓN DE TOREROS (matadores), UNPBE (picadores y banderilleros) y ASNAME (mozos de espadas), perjudicando al convenio nacional extraestatutario al que pertenece como adherida la asociación querellante.

Asimismo, y por el mismo motivo, el Juzgado de Instrucción Penal nº 3 de Cádiz ha ordenado la investigación contra la Delegada del Gobierno en Cádiz, Mercedes Colombo Roquette, y el jefe de Servicios de Espectáculos de la Delegación, José María Morales Macías.

A juicio de ASPROT, estas actuaciones evidencian “una más que presumible trama de la Junta de Andalucía en su afán por apoyar a las asociaciones firmantes del convenio estatutario antes citadas, a pesar de tener en su poder diferentes resoluciones judiciales que avalan la legalidad de ambos convenios”.

Por otra parte, la Asociación Sindical de Profesionales Taurinos ha presentado otra querella por los mismos motivos, en esta ocasión por supuesta falsedad documental, contra el jefe de servicios de la Dirección General de Espectáculos en Sevilla, y anuncia otras demandas judiciales contra otros altos cargos de la administración autonómica andaluza.