El Gobierno retoma la ley del cine sin cambios para acelerar su aprobación definitiva en el Congreso

El Gobierno quiere que la nueva ley del cine esté al paso con la realidad. Porque la normativa en vigor data de 2007, cuando el DVD parecía la modernidad. Y el retraso ha aumentado entre borradores, proyectos y un adelanto electoral que han condenado una y otra vez la reforma al fundido a negro, justo cuando parecía que se iba a estrenar. “La brecha entre la acción de la Administración y del sector se ha agrandado”, ha reconocido hoy martes el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, al presentar en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el nuevo anteproyecto de la Ley del Cine y la Cultura Audiovisual. El mismo, eso sí, que las Cámaras tuvieron a punto de aprobación hace un año, antes del inesperado regreso a las urnas. Protección del patrimonio fílmico y de la producción independiente, inclusión de las series, fomento de transparencia, diversidad e igualdad se mantienen como los pilares. Aunque tal vez la prioridad principal del sector sea que por fin salga adelante.

“Es una ley con vocación de permanencia, que nace de una demanda unánime del sector, hecha con y para el sector. Y por eso esperamos contar con el máximo consenso político”, defendió Urtasun, que agradeció el trabajo de su antecesor en el cargo, Miquel Iceta, en otro reconocimiento de que el texto no ha cambiado. De ahí que Cultura confíe en un paso relativamente rápido por el Congreso para que la normativa obtenga el visto bueno y empiece cuanto antes a recuperar tanto tiempo transcurrido.

El propio ministro destacó las claves principales de la ley. “El primer objetivo es fortalecer toda la cadena de valor cinematográfica”, apuntó. Desde su propio nombre, la reforma evidencia uno de los cambios: con la referencia a “la Cultura Audiovisual”, el cine y las series se abrazan ahora también por ley, después de hacerlo en tantos platós y plataformas. Las obras para pantalla pequeña reciben varios reconocimientos oficiales y, sobre todo, podrán acceder a las subvenciones. Aunque Cultura ha prometido que eso no reducirá los fondos para el séptimo arte. Se mantendrá, pues, el esquema actual: ayudas generales, para filmes a priori más comerciales, y selectivas, a obras más de autor y arriesgadas. “Nunca el cine español había tenido tanto apoyo como desde que existe el gobierno de coalición”, presumió Urtasun.

Por lo demás, la intervención del ministro sirvió para repasar las medidas ya anunciadas en distintas ocasiones. Ante todo, una definición de productor independiente en línea con lo que reclama la parte más diversa de la industria. Tras el revuelo generado en 2022 por la Ley General de Comunicación Audiovisual —al cambiar una palabra del texto abrió la puerta a que recibiera apoyo como independiente, por ejemplo, la productora de una gran cadena que realizara un proyecto para otro conglomerado colosal—, la normativa trata de aplacar los ánimos encendidos.

La definición incluida en el nuevo texto refleja la de la ley en vigor y, sobre todo, la que los propios productores alternativos pedían. De paso, la normativa actualiza la lista de términos relevantes para el séptimo arte, hoy distinta a la de 2007, entre series, filmes que no solo se estrenan en salas o todo tipo de distribuidores independientes. Y los cines también ven satisfecha una de sus peticiones: su obligación de proyectar obras europeas e iberoamericanas pasa del 25% al 20% de su programación. Aunque el sector sabe que, a veces, películas de EE UU se registran como coproducidas con Europa gracias a una mínima contribución desde el Viejo Continente justo para saltarse esa cuota.

Otro cambio destacado afecta precisamente a los nuevos actores más conocidos del cine: las plataformas como Netflix o HBO. Estarán obligadas a compartir públicamente un tesoro que hasta ahora ocultaban con celo: sus datos de audiencia y visionados, igual que ya lo hacen salas y emisoras, también para facilitar la recaudación de los derechos de autor, otro tema central de la ley. Además, no podrán recibir ayudas “las películas cinematográficas producidas directamente por prestadoras de servicios de comunicación audiovisual”. Otra cosa, sin embargo, es que las compren y las incorporen a su catálogo, una práctica muy habitual que deja la puerta abierta a más de un regate letal.

La Filmoteca Española recibirá la protección de BIC (Bien de Interés Cultural), para garantizar el cuidado del patrimonio audiovisual que se conserva en sus distintos almacenes y centros de restauración. Al menos un 35% de las ayudas a la producción irá destinado a filmes dirigidos por mujeres, como ya sucede en la práctica y ahora establecerá la ley. Se prevé la creación de un Consejo Estatal de Cinematografía y la Cultura Audiovisual, un organismo autónomo y consultivo, lo cual resume a la vez su potencial y sus limitaciones. Y el ICAA (Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales) deberá elaborar y publicar cada cierto tiempo un plan estratégico. Además, la calificación de los filmes por edades pasa de las manos del propio ICAA a un sistema de corregulación con las distribuidoras. Y para el reconocimiento de la nacionalidad española a una obra se incluyen por primera vez “las lenguas reconocidas estatutariamente por las Comunidades Autónomas”, como subrayó Urtasun.

Con sus palabras, el ministro celebró el poderío de la industria del cine. Aunque su propia presencia en la rueda de prensa lo demostraba: desde que asumió el cargo es la segunda vez que habla tras el Consejo de Ministros. Y en marzo también tuvo que ver con el séptimo arte: en concreto, con los descuentos para mayores de 65 años en las salas. Aunque su condición al mismo tiempo de portavoz de Sumar hizo que varias preguntas le interrogaran por su otra faceta, y la crisis que atraviesa su formación.

Entre eso, y los otros tres ministros presentes, no hubo tiempo para hablar de otra crisis: la que sufren los cines. Desde febrero, ni un solo fin de semana la asistencia ha alcanzado la media 2017-2019, en datos de la consultora especializada ComScore: se ha colocado a menudo en torno al 70%, pero en varias ocasiones bajó al 40% y en una estuvo incluso en el 29%. Otro cambio de tendencia con el que tendrá que lidiar la ley. Cuando llegue.