La última batalla del castillo carlista: la familia que lo ocupa desde hace décadas consigue su propiedad

Las señales de tráfico dejan claro que esta no es una simple zona residencial con casitas y prados. “Castillo”, dicen los rótulos por unas estrechas calles de las afueras de Santander, con el rumor del mar de fondo, guiando a una imponente fortaleza de piedra que ha vivido tiempos mejores. Las hiedras crecen salvajes por sus muros, donde en algunas partes faltan bloques. Un panel informa de que se trata de un fuerte de 1874. Es el castillo de Corbanera y se construyó para proteger a la ciudad de posibles ataques durante la Tercera Guerra Carlista (1872-1876). Por su pasado histórico y valor arquitectónico, la fortaleza fue declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en 2012 por el Gobierno de Cantabria.

Pese a que la normativa obliga a las autoridades a velar por la protección de los BIC, ninguna institución se ha ocupado de su conservación desde entonces. La razón es que hasta ahora no estaba claro a quién pertenecía el monumento. Según los archivos locales, la fortificación está en suelo municipal, pero el Ayuntamiento no ha podido intervenir nunca en la fortaleza porque una familia vive allí desde hace décadas. Tanto tiempo lleva morando allí que el pasado 23 de marzo un equipo de investigadores de la Universidad de Cantabria, tras solicitar el Consistorio un informe sobre la propiedad del castillo, dictaminó que los herederos de quienes lo habitaron por primera vez son legalmente sus dueños, amparándose en una figura jurídica llamada usucapión, que otorga la titularidad de un bien después de poseerlo de manera pacífica durante más de 30 años.

Dado que no es suyo, el Ayuntamiento ha pasado la pelota ahora al Gobierno cántabro, pues la normativa establece que es la comunidad autónoma la que está obligada a ejercer las funciones de protección de los BIC de propiedad privada. Además, sus habitantes deben ocuparse de su mantenimiento y abrir sus puertas al público ciertos días al mes. Pero el portón principal de acceso al fuerte está cerrado a cal y canto y nunca se han permitido visitas. Además, el timbre ha dejado de estar operativo para evitar el bombardeo mediático que se ha desatado desde que el Consistorio dio a conocer el informe de la Universidad de Cantabria. Los contadores de los suministros de la vivienda están instalados fuera para que ningún extraño tenga que traspasar sus lindes y nadie responde a los golpes en el portón metálico.

El silencio que emana del castillo contrasta con la locuacidad de sus vecinos. Adriana Celís, que tiene como tapia trasera uno de los muros del fuerte, asegura ser pariente lejana de la familia que habita el castillo y cuenta que “hace más de 100 años” que muchos como ellos comenzaron a instalarse en las proximidades y a levantar viviendas, algunas colindantes con la fortaleza. “Teníamos miedo de que nos lo quitaran por estar pegados”, señala, agradecida por poder mantenerse allí.

La palabra tabú contra la que se sitúan los vecinos es “ocupación”. Reyes Lastra, que descansa en su porche con varias amigas, pide que no se use esa palabra por las connotaciones que tiene. “Es una familia muy maja, están allí desde toda la vida”, relata. Además, da algunos detalles sobre los habitantes del castillo: se trata de una mujer mayor y su hijo, pintor de profesión, que residen en la casa de los antiguos guardeses. Asegura que en la construcción defensiva no hay nada más. “Yo entré hace un tiempo para coger flores, es un castillo no residencial, simplemente un fuerte”, describe, y enseña vía Google Maps la distribución de la construcción.

Un vistazo aéreo a las casas de la zona da una idea de la falta de planificación con que se fueron edificando las viviendas de la zona, sin más criterio que ir ocupando los verdes terrenos próximos al Cantábrico. El barrio es tranquilo y solo altera la calma el intenso debate del Sálvame que sale del salón de Manolo Caro, que ha dejado unos garbanzos en unos platos para los gatos callejeros. “Llevo 74 años aquí y esta familia nunca ha dado problemas”, recalca el vecino, aunque admite que haya debate sobre su ocupación. “Entiendo que quieran darle uso público, pero también que ellos sean dueños si llevan tantos años dentro”, reflexiona Caro, mientras recomienda rodear la fortificación con cuidado por las ovejas que pacen alrededor, ajenas al debate: “Cuidado, que amochan”.

Alguna de ellas amaga con embestir mientras los forasteros se acercan a mirar los muros, pero pronto se aburre y vuelve a su vida contemplativa. Fuera de esos pastos, una parada de autobús llamada “Castillo” recuerda la naturalidad con la que se asume en el barrio el hecho de que una familia habite en un castillo carlista. La única persona que no quiere dar su nombre al periodista es una mujer que vive justo pegada al monumento y que cuida de unas gallinas y un huerto anejo. “¡Es gente normal y corriente!”, exclama para reivindicar a los moradores del fuerte, con los que dice mantener buena relación. También le duele, confiesa antes de volver a sus quehaceres, además de las duras críticas en redes sociales o medios de comunicación contra esa madre y ese hijo que viven en Corbanera desde que tiene memoria, que haya quienes piensen que ella es la inquilina ilegal. La amable señora, cansada de las cámaras que merodean por el lugar y filman su casa, ejemplifica su precisión: “Como decían Epi y Blas, estoy fuera y no dentro”.