Un juzgado de Alicante desestima el borrado del secretario del juicio de Miguel Hernández en un artículo de investigación

El magistrado del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante ha dado la razón este jueves a la Universidad de Alicante (UA) y permitirá que el nombre de Antonio Luis Baena Tocón, secretario que participó en el juicio que condenó a muerte a Miguel Hernández, continúe en el repositorio de la entidad académica a disposición de cualquiera que desee buscarlo en internet. De esta forma, el juez desestima el recurso presentado por el hijo de Baena contra la resolución tomada por el exrector de la UA, Manuel Palomar. “No podemos pedir a una universidad pública que ejerza una suerte de censura previa sobre la producción científica de su profesorado, porque ello supondría la reviviscencia de las formas de censura anteriores a la probación de la propia Constitución”, falla el juez en su resolución, contra la que cabe recurso de apelación.

Tal como adelantó EL PAÍS en 2019, la gerencia del campus alicantino accedió a retirar del repositorio de la UA (RUA) el nombre del secretario judicial franquista, que aparecía en un artículo del catedrático Juan Antonio Ríos titulado El caso Diego San José y el Juez Humorista. El descendiente de Baena apelaba a la ley de protección de datos personales y al derecho al olvido digital para que desapareciera cualquier referencia a su padre. Esta decisión generó una fuerte polémica en el ámbito académico, ya que suponía ejercer la censura en el ámbito de la investigación histórica.

Ríos solicitó que se retirara eventualmente su texto y presentó un recurso de alzada para que la UA investigara el asunto. El Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de Conocimiento de la entidad académica alicantina resolvió que las funciones desempeñadas por Baena Tocón, al ser públicas, “son de interés público”, por lo que “la publicación de su nombre no es contraria a la normativa de protección de datos de carácter personal”. Finalmente, Palomar acordó anular la decisión de su gerencia y permitió que el nombre del secretario judicial apareciera completo. Un informe solicitado a la Agencia Española de Protección de Datos avalaba esa decisión.

El hijo de Baena Tocón recurrió este dictamen. Y ahora, un juez ha desestimado su demanda. Según la sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, los hechos recogidos en el texto de Ríos “responden a una construcción historiográfica que permite una participación subjetiva del autor a la hora de plasmar e interpretar las fuentes en su relato”. Y se basa en “datos ciertos”, ya que Baena Tocón “intervino como secretario judicial en el Juzgado Especial de Prensa que instruyó el caso de los procesados Miguel Hernández y Diego San José, levantando diligencias de todo tipo, entre ellas de instrucción o indagación, y dando fe de las actuaciones practicadas”.

Añade el magistrado que “debe prevalecer la libertad científica del investigador en un trabajo de investigación histórica, frente a la protección de los datos personales, cuando la información que contiene tiene relevancia o interés público”. Y dado que el secretario judicial ejercía una función pública, su intervención en el juicio de Miguel Hernández tiene “interés público”. “Debemos señalar”, continúa el juez, “que esta función lo fue en ejercicio de la legalidad entonces aplicable”.

La sentencia indica también que “la jurisprudencia” ha establecido “la mayor protección de la que goza la libertad científica respecto a la libertad de expresión e información, y la innecesariedad de que la veracidad responda a datos exactos, menos cuando se trata de un trabajo de investigación histórica, admitiéndose inexactitudes que respondan a errores circunstanciales que no afecten a la esencia de lo informado”. Por tanto, desestima la demanda interpuesta por el descendiente de Baena Tocón.

Según las investigaciones históricas contrastadas, la firma de Antonio Luis Baena Tocón aparece al menos en 10 documentos del expediente del consejo de guerra que se desarrolló en Madrid en 1940 contra Miguel Hernández. La sentencia lo condenó a pena de muerte por adhesión a la rebelión, si bien la condena fue conmutada por Franco en octubre de 1940 por 30 años de prisión mayor. El poeta murió en 1942, en el Reformatorio para Adultos de Alicante, por una tuberculosis que empeoró su salud ya muy precaria.