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Cultura crea un grupo de trabajo para mejorar la seguridad en las bibliotecas tras el robo del ‘galileo’

La BNE renueva su patronato, que presidirá la escritora Elvira Lindo, en un momento de crisis por la gestión de la desaparición del tratado astronómico ‘Sidereus Nuncius’

Vista general de la reunión del Real Patronato de la Biblioteca Nacional en Madrid, donde toman posesión los nuevos vocales nombrados por el ministro.
Vista general de la reunión del Real Patronato de la Biblioteca Nacional en Madrid, donde toman posesión los nuevos vocales nombrados por el ministro.David Fernandez (EFE)

El Ministerio de Cultura quiere reforzar la seguridad en la Biblioteca Nacional de España (BNE) tras el robo del Sidereus Nuncius, un valioso tratado de astronomía de Galileo Galilei impreso en Venecia en 1610. De ahí que el ministro, José Manuel Rodríguez Uribes, haya anunciado este viernes, durante la celebración del patronato de la institución, que ha encargado la creación de un grupo de trabajo que elabore un protocolo de actuaciones sobre deontología profesional, seguridad y comunicación en el ámbito bibliotecario. Este nuevo equipo, que tendrá que crear y liderar la directora general del Libro y Fomento de la Lectura, María José Gálvez, contará con algunos profesionales de la propia BNE y buscará mejorar la conservación y el control sobre el patrimonio de las 14 bibliotecas estatales, incluida la Nacional, ha asegurado Rodríguez Uribes en la reunión. El ministro se refirió explícitamente, entre otros asuntos, a los funcionarios o las personas que puedan intervenir en la seguridad y en la conservación de esos documentos.

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Justo antes, el ministro había introducido esa parte de su discurso con una constatación ante los miembros del patronato: “No quiero eludir un tema que ha sobrevolado seguramente sus pensamientos desde que comencé mis palabras”. Porque la reunión estaba convocada para nombrar a la escritora Elvira Lindo como nueva presidenta del organismo y sellar el ingreso en la BNE como vocales del músico Alejandro Sanz, el presidente del Teatro Real, Gregorio Marañón y Bertrán de Lis, o la escritora Carme Chaparro. Pero, finalmente, el orden del día también incluyó un repaso de la directora, Ana Santos, a las medidas de seguridad que la BNE ha reforzado desde 2013, cuando ella accedió al cargo. Y el robo del galileo también se coló en las palabras de Uribes.

El ministro también ha recordado que Cultura está terminando su propia investigación sobre la desaparición del tratado de Galileo, cuyas conclusiones llegarán en los próximos días. Trabajadores de la BNE descubrieron en 2014 que el original del Sidereus Nuncius, valorado en 800.000 euros según expertos consultados por este diario, había sido sustituido por una falsificación. Sin embargo, la institución no denunció la sustracción a la Policía Nacional hasta 2018; mientras tanto, siguió ofreciendo como auténtica la falsificación, según una investigación de este periódico.

La directora de la BNE, Ana Santos, siempre ha defendido que no supo del robo hasta septiembre de 2018, 52 meses después del hallazgo de la falsificación, gracias a un correo electrónico del investigador británico Nick Wilding, profesor en la Universidad de Georgia (EE UU), que le señalaba que el Sidereus Nuncius digitalizado por la biblioteca era una copia. A partir de ahí, lo denunció, según su versión. Mar Hernández, la entonces directora técnica, ahora jubilada, asegura sin embargo que la directora fue informada del robo en 2014 y por tanto sabía desde entonces que la BNE estaba ofreciendo un documento falsificado en lugar del original. EL PAÍS accedió a varios correos electrónicos internos, enviados en 2014 y referidos a este asunto, donde aparecen frases como “Informada directora de caso Galileo”, “Ayer estuve viendo este tema con la directora” o “Te paso las primeras conclusiones del estudio para pasarle a la directora”.

El robo del galileo ha tenido más consecuencias dentro de la BNE. Tres días antes de la reunión del patronato, la institución colgó en su intranet un comunicado, al que ha tenido acceso EL PAÍS, en el que recordaba a los trabajadores “la obligación de guardar secreto de los asuntos que se conozcan por razón de su cargo”, remitiendo a la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en la que también se señala (en negrita en la versión original) que los funcionarios deben actuar con lealtad y buena fe. A continuación desgrana en su comunicado las sanciones “tanto en el orden administrativo y laboral como penas en el orden penal” por el incumplimiento de todo lo anterior, con menciones al Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado y al Código Penal.

Esta nota fue respondida por el sindicato UGT este jueves, 15 de abril, con un correo interno a los trabajadores, al que también ha tenido acceso este periódico, en el que se hacen varias preguntas a la dirección: “¿Cómo es posible que se tenga el cuajo, o la soberbia, de que continúen creyendo que ellos no son los culpables de que se haya tardado un mínimo de 4 años en denunciar ante el Grupo de Patrimonio Histórico de la Guardia Civil o ante la Brigada del Patrimonio Histórico del Cuerpo Nacional de Policía el robo y el cambiazo que nos han dado? ¿No se le ocurre a ningún miembro del Equipo de Dirección presentar su dimisión en vez de intentar salpicar con su oscurantismo a todos los empleados públicos de la BNE soltándonos una indignante nota maniquea en la Intranet?”. CC OO y CSI-F también mostraron su oposición al texto.

Fuentes de la institución, por su parte, rechazan cualquier intento de persecución o amenaza con su comunicado. “Se quiso hacer un recordatorio a los trabajadores de los deberes de un empleado público. Tiene que ver con el caso del galileo desde el momento en que se sospecha o se sabe que se han filtrado a la prensa informes confidenciales internos”, añaden. Y recuerdan que el asunto se encuentra bajo investigación policial.

De momento, hay un sospechoso principal: el uruguayo César Ovilio Gómez, supuesto responsable del robo de unos mapas de Ptolomeo en 2007 en la Biblioteca Nacional y que, en 2004, había consultado el Sidereus Nuncius en la institución. Marino Massimo de Caro, un falsificador italiano, afirmó en una entrevista con este diario haber adquirido de una familia argentina y vendido a la librería francesa Sourget el tratado, aunque luego puntualizó que en realidad no se trataba del original de la BNE. De Caro negó, en todo caso, su posible implicación en el robo y la falsificación. El tratado, mientras, continúa sin aparecer.

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