Una galería de Santiago se une a la batalla judicial contra el método de selección de Arco

El sistema de selección de las galerías que cada año participan en Madrid en la feria internacional de arte contemporáneo Arco sigue bajo la lupa de la justicia. En octubre pasado una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid concluyó que el método utilizado no respeta los principios de igualdad y transparencia y ahora una aspirante gallega excluida de la edición que arranca este miércoles ha emprendido otra batalla en los tribunales. La Galería Trinta de Santiago de Compostela, que ha participado en la muestra en más de 20 ocasiones desde 1987, ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que ha sido admitido a trámite. La sala denunciante sostiene que Arco “opera como un club privado al servicio de un pequeño grupo de galeristas” que forman parte del comité organizador y que, cuando reparten puntos entre los candidatos para designar quiénes serán los 150 elegidos que lucirán estand en la feria “no solo se pueden votar a sí mismos sin abstenerse sino que además pueden excluir a cualquier competidor de la posibilidad de participar”.

Al igual que esgrimió en 2016 la madrileña My Name’s Lolita Art, promotora del pleito que ha perdido Arco, la galería gallega sostiene que su exclusión de la edición de este año es “indebida” porque la feria “no ha respetado los principios de igualdad, publicidad y transparencia” que exige la Ley de Contratos del Sector Público, la norma a la que debe someterse la Institución Ferial de Madrid (Ifema), organizadora del evento. En este procedimiento la dirección de Arco ha seguido defendiendo su sistema de selección incluso después de que haya sido tumbado por la Audiencia de Madrid.

La Galería Trinta, que en sus 35 años de trayectoria ha mostrado y comercializado la obra de 13 premios nacionales y tres premios Velázquez, recibió la comunicación de su exclusión de Arco el pasado julio. Ese mismo mes presentó alegaciones ante el comité de apelación, citando ya la obligación de que la feria cumpla la ley de contratación pública y argumentando que la decisión del comité organizador carecía de la “oportuna motivación” con la que descartar una posible arbitrariedad. El dictamen tampoco recogía los votos otorgados por cada miembro del órgano que lo emitió ni el desglose de puntuación del resto de aspirantes, añadía la galería. La impugnación fue rechazada en septiembre al igual que el recurso de alzada que se interpuso después.

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El recurso de alzada no fue siquiera admitido. Lo despachó la actual directora de Arco, Maribel López, en una resolución firmada el pasado 6 de noviembre, alegando que Ifema, un consorcio público constituido por la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, la Cámara de Comercio e Industria y la Fundación Montemadrid, no está sometido a la Ley de Contratos del Sector Público. López se aferró a ese argumento pese a que unos días antes, el 24 de octubre, había sido rechazado por la sentencia de la Audiencia de Madrid que puso punto final a la batalla judicial ganada por la galería madrileña My Name’s Lolita Art.

En las impugnaciones presentadas por la Galería Trinta los responsables de Arco han seguido insistiendo en que la feria está exenta del cumplimiento de los principios de igualdad, publicidad y transparencia a los que obliga la ley de contratación pública. El pasado enero volvieron a utilizar ese argumento tumbado por los tribunales para responder al recurso contencioso-administrativo presentado por la galería gallega, que ha denunciado al Ifema también ante la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.

“Ifema, Arco y la Comunidad de Madrid han hecho oídos sordos y han seguido manteniendo que no están sometidos a la Ley de Contratos del Sector Público en relación a la selección de Arco 2020 a través de resoluciones dictadas después de la sentencia de la Audiencia Provincial”, critica la galería compostelana. “Lo anterior acredita que no ha habido ningún cambio en el sistema de selección, de hecho las galerías que forman parte del comité son prácticamente las mismas que las que formaban parte en la edición enjuiciada por la Audiencia”.

Hay una diferencia importante entre la batalla judicial ganada por My Name’s Lolita Art y la que acaba de emprender Trinta. La primera se desarrolló en el ámbito civil, pero la segunda, debido a un cambio en la legislación, ha recaído en la jurisdicción contencioso-administrativa y eso implica que las consecuencias legales podrían ser más rotundas. Según explican desde la galería gallega, en caso de que el recurso prosperara se podrían anular “las normas aberrantes que permiten a Arco operar como una suerte de club privado dirigido por un pequeño núcleo de galeristas”.