La Unesco cumple medio siglo en la lucha contra el expolio multimillonario de bienes culturales

10 mil millones de dólares, unos 8.250 millones de euros. Eso es lo que el contrabando de artefactos patrimoniales generó en 2018, según la Unesco, y que representó la sexta parte de la facturación generada por los bienes culturales en todo el mundo ese año. La Convención de 1970, que prohíbe el traslado y comercio ilegal de estas antigüedades, cumplió el 24 de noviembre medio siglo de existencia y la organización ha presentado la campaña El verdadero precio del arte, en colaboración con la agencia de publicidad DDB, con imágenes de objetos robados y mensajes como “El arte no conoce fronteras, tampoco el crimen organizado” o “¿Cómo borras una cultura entera? Pieza por pieza”.

El subdirector general de Cultura de la Unesco, Ernesto Ottone, explica en una videollamada que el estatuto posee ciertas limitaciones y obstáculos. Solo 140 de los 193 estados miembros, más Estados Unidos —que se retiró de la organización bajo la presidencia de Donald Trump—, han suscrito el documento, lo cual genera una falta de coordinación internacional. Reino Unido, por ejemplo, solo ratificó el documento en 2002, Alemania en 2007 y Bélgica y los Países Bajos en 2009. “África es una de las regiones más activas sobre ese tema pero de 54 países del continente, hay 18 que todavía no han ratificado la convención. Si lo hacen este año o el próximo, todo lo que haya pasado antes no es tomado en cuenta”, afirma el subdirector, y agrega que los grupos que se dedican al tráfico ilícito de objetos históricos y culturales aprovechan la falta de legislación para circular por estos territorios.

Otro factor es que el documento, con 50 años de antigüedad, está enfocado hacia el tráfico a través de redes humanas pero buena parte de estas operaciones se realiza hoy en día a través de plataformas digitales. La Unesco, que trabaja de manera cercana con la Interpol y la Organización Mundial de Aduanas, logró junto al Proyecto de Investigación del Tráfico de Antigüedades y Antropología Patrimonial (ATHAR) que Facebook prohibiera el comercio de artefactos históricos a través de su plataforma.

No todos están de acuerdo con algunas de las afirmaciones presentadas por la organización. La Confederación Internacional de Marchantes de Objetos de Arte (Cinoa), gremio con sede en Bruselas que afirma englobar a 30 asociaciones en 20 países, señala en un texto publicado este año ciertas irregularidades respecto a la cifra de 8.250 millones de euros. Una representante de Cinoa argumenta, en un correo electrónico, que “hay un creciente conjunto de políticas y legislaciones basadas en falsas premisas que perjudica los intereses legítimos e ignora los problemas que tenían la intención de resolver”. No obstante, la asociación reitera su compromiso con la Unesco y la Convención de 1970.

Puntas de flechas y metales preciosos

Hay diferentes caminos que estas piezas toman para llegar al mercado. El etnohistoriador mexicano Damián Olvera, licenciado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y profesor de la Red de Universidades Anáhuac, comenta que en su país puede ser tan sencillo como un agricultor o un constructor que desentierre algún objeto antiguo mientras trabaja: “La gente, por lo general, teme a notificar al INAH, pues creen que van a perder sus terrenos al encontrarse restos arqueológicos allí, sin ser este realmente el caso”.

Olvera señala que estos hallazgos, en el caso de México, van desde “puntas de flechas relativamente rudimentarias hasta ricas ofrendas de finas cerámicas y piedras y metales preciosos” y abarcan desde los tiempos de los cazadores-recolectores hasta la llegada de los españoles en el siglo XVI. El resultado tiende a ser el mismo: los residentes en las áreas donde estos yacimientos abundan prefieren vender las piezas que encuentran a traficantes que avisar a instituciones como el INAH. Esto imposibilita que estos objetos tengan un debido registro y seguimiento, mucho menos un estudio y análisis adecuado.

El vicedirector de Cultura de la Unesco asegura que este es un problema muy común en las colecciones y museos de África y Latinoamérica. “Imagine el problema que esto implica en los sitios arqueológicos donde los objetos aún no están catalogados”, apunta enfáticamente Ottone y da como ejemplo el caso de los museos saqueados en Siria, Libia e Irak por el Estado Islámico, con la venta del expolio en el mercado negro para financiar al grupo terrorista. Este es uno de los puntos de choque con Cinoa, que alega que estos nexos han sido exagerados.

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El etnohistoriador Damián Olvera subraya que el tráfico de bienes culturales se ha convertido, junto a la extorsión, el secuestro y la explotación sexual, en una de las maneras en que los cárteles de su país han diversificado sus negocios más allá del narcotráfico e indica que, en algunos casos, “la habilidad con la que algunos yacimientos arqueológicos han sido saqueados” releva la asistencia de técnicos especializados. “Esto produce grandes huecos en el conocimiento que tenemos sobre ciertas sociedades, sobre todo aquellas cuyos vestigios se limitan a ricas tumbas que los saqueadores han aprendido a identificar desde la superficie”, lamenta.

Ottone, quien fue ministro de Cultura de Chile durante el segundo mandato de Michelle Bachelet, cree que un elemento decisivo para combatir el contrabando de bienes culturales es la capacitación adecuada de las autoridades competentes. Apunta a los carabinieri de Italia como los mayores expertos ante este tipo de delito pero que cada vez es más común tener cuerpos de seguridad con adiestramiento más especializado. “A mí me tocó participar en la entrega de diploma a una formación de la policía aduanera de África oriental donde capacitamos a 54 agentes de forma online”, comenta el chileno y agrega que “lo hermoso es ver cómo podemos utilizar las redes para capacitar en masa”.