Una ley para proteger la calidad del entorno urbano

El Gobierno inicia la tramitación de una norma legislativa que regule la arquitectura y sus contrataciones públicas a nivel estatal

El parque del cauce del Turia, en Valencia, el pasado 12 de julio.
El parque del cauce del Turia, en Valencia, el pasado 12 de julio.Mònica Torres

La ciudad y los pueblos son el mayor capital fijo que acumulamos. A base de generaciones, construimos un escenario para vivir mejor. Olvidarnos de eso es un despropósito”. Sobre este fundamento, el presidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), Lluís Comerón, defiende la necesidad de una ley de arquitectura de ámbito estatal, de la que España carece, que proteja la calidad del espacio construido. Los arquitectos trabajan en varias propuestas al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que acaba de abrir la consulta previa sobre el anteproyecto de la Ley de Arquitectura y Calidad del Entorno Construido. Su titular, José Luis Ábalos, anunció el 24 de enero que el Gobierno tendrá lista este año la norma que, según Comerón, ha de satisfacer “la necesidad de estar bien en el entorno que estamos fabricando”.

El anteproyecto, retrasado por una crisis sanitaria que ha abierto nuevas perspectivas para la arquitectura, propone impulsar también su papel de herramienta de diplomacia cultural que permita la participación e integración de profesionales y ciudadanos. Persigue que se potencie la sostenibilidad de las actuaciones de la contratación pública y contribuir al desarrollo sostenible del territorio, propiciando la rehabilitación y renovación con eficiencia energética o la accesibilidad.

La Unión Europea empuja en esta dirección desde hace tiempo. Es una política que se está implantando “con un ritmo progresivamente acelerado”, señala el presidente del CSCAE. Francia tiene una ley de este tipo desde 1987. “Fue la primera en la que se estableció la calidad del patrimonio construido y su inserción en el entorno como materia de interés general”, explica. Desde entonces, una docena de países de la UE ha formalizado políticas parecidas que han cristalizado en leyes, como en Lituania, o pautas autonómicas como las de Cataluña y Extremadura. Los arquitectos españoles creen que ha llegado el momento de entender la arquitectura como un derecho colectivo.

Parte del impulso para lograr la calidad del entorno construido en Europa se apoya en la Declaración de Davos de los ministros europeos de Cultura (2018), que subraya el valor de la palabra alemana baukultur (cultura del habitar). “Ni bau hace referencia solo al edificio, sino al entorno construido, ni kultur se refiere a la cultura académica o elitista, sino como patrimonio colectivo”, especifica el presidente de los arquitectos. Desde ese punto de vista, “cuando vemos una ciudad bien construida, estamos viendo lo que se hacía, lo que deseábamos… Es una pieza fundamental de la cultura y, además, afecta a qué vamos a dejar a las generaciones futuras”, insiste Comerón.

El arquitecto pondera la importancia de proteger “la calidad de vida” que dan las urbes. “La ciudad aporta habitabilidad, confort, sus espacios ayudan a relacionarnos, también con nuestros antepasados”, defiende. La idea principal de las propuestas de los arquitectos para la ley, explica, es que en tiempos de cambio como los actuales la calidad del entorno construido es clave para el futuro. El primer objetivo, apunta, tiene que ser la promoción para que todos sean “conscientes de ese valor”. Y, a partir de ahí, establecer regulaciones en la contratación pública responsable.

Transformación

Una nueva normativa también podría poner freno “en cierta medida” a los despropósitos urbanísticos. Comerón celebra que el Gobierno sea ahora receptivo ante una estrategia que se enmarca en la denominada Agenda 2030 de Naciones Unidas (2015), con 17 objetivos de desarrollo sostenible con los que se han comprometido 193 países. “La calidad del entorno construido es clave para que nos sintamos mejor y no solo en lo que es medible, como la reducción del consumo de energía, sino en lo que es inmaterial: los factores culturales”, agrega Comerón.

Los arquitectos propugnan, asimismo, la transformación profunda de las ciudades para responder a las necesidades de sus habitantes. Comerón sostiene que la urbe en la que vivimos está enraizada en la revolución industrial. “Está pensada por nuestros padres para dar respuesta a nuestros abuelos. La ciudad que queremos para 2050 es muy distinta y la transformación tenemos que hacerla mejorando la calidad de vida. En términos de energía, las ciudades tendrán que cambiar de arriba abajo. Y en términos de CO2. Y de movilidad, que hay que reducir”. Para ello, ve necesario “revisar los barrios de baja densidad para evitar la vida esquizofrénica de estar a 40 kilómetros del lugar de trabajo, a 20 de la escuela, a 10 de un centro comercial y pasar parte de nuestra vida moviendo una tonelada de hierro arriba y abajo”.

Respecto a la contratación pública, los arquitectos reclaman ejemplaridad. “La ley debe perseguir la máxima calidad en el resultado, y para ello es necesario un entorno profesional adecuado”. Entre los objetivos planteados por los arquitectos también figura la promoción de “la adecuada remuneración”. “No es posible obtener nuevos resultados si el entorno profesional no es el adecuado. La profesión de arquitecto todavía está durísimamente golpeada por los efectos del estallido de la burbuja financiera, que redujo el trabajo en el sector a prácticamente un 10% de lo que se estaba haciendo. Se ha generado un desequilibrio entre la oferta y la demanda que nos ha llevado a una situación muy precaria”, avisa Comerón. Para él, esta situación, ahora agravada por la crisis sanitaria y su impacto económico, no solo perjudica a los arquitectos sino a la calidad de la arquitectura.

El Gobierno defiende que el anteproyecto de esta ley, una iniciativa en la que el CSCAE lleva varios años trabajando, no tiene alternativas posibles (“ni regulatorias ni no regulatorias”). El órgano de los arquitectos confía en que la tramitación que ahora empieza cuente con el mayor consenso por parte de los grupos políticos porque será una norma “fundamental para garantizar un bienestar duradero que contribuya al desarrollo económico y social de nuestro país”. “En el confinamiento hemos sido conscientes del valor que tienen los espacios que habitamos y la importancia de la arquitectura en nuestro bienestar”, añade Comerón.


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