La protección del patrimonio enfrenta a Cultura con las comunidades de Andalucía y Madrid

El ministerio se opone a dos modificaciones legales que rebajan la garantía de defensa de los conjuntos históricos introducidas durante la pandemia para “reactivar la actividad urbanística”

El convento neomudéjar de las Damas Apostólicas, de Madrid, tras la demolición paralizada, en 2017.
El convento neomudéjar de las Damas Apostólicas, de Madrid, tras la demolición paralizada, en 2017.KIKE PARA

El peor virus contra el patrimonio histórico y artístico en España es el “urbanismo salvaje”. Así lo dictaminó el informe Ausken (2009), bautizado con el apellido la parlamentaria danesa Margarete Ausken, que lo coordinó. Aprobado por el Parlamento Europeo, incluía observaciones como esta: “Los poderes con frecuencia excesivos otorgados a los urbanistas y promotores inmobiliarios por parte de determinadas autoridades locales” propician la destrucción del pasado. Poco han cambiado las cosas en estos 11 años, a tenor del conflicto abierto entre el Ministerio de Cultura y la Junta de Andalucía y la Comunidad de Madrid, gobernadas por el PP. Ambas Administraciones plantean limitar de urgencia el control administrativo en la protección de los conjuntos históricos, en nombre del “impulso y reactivación de la actividad urbanística”. Los dos Gobiernos ven motivos“de urgente y extraordinaria necesidad” para poner en marcha las reformas legales que afectan a la protección del patrimonio.

El Ministerio de Cultura presentó a finales de abril un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma del artículo 13 de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía de 2007. Fue reescrita y aprobada durante la pandemia. El nuevo texto eximía de autorización administrativa previa de la consejería competente para las obras que afecten a bienes de interés cultural y su entorno. “Con el fin de eliminar cargas innecesarias o desproporcionadas para el desarrollo de las actividades económicas”, puede leerse en la justificación de la reforma. El recurso considera digno de “expoliadores culturales” el espíritu de ese cambio normativo.

Según la rectificación de la ley andaluza una empresa podría intervenir sobre el terreno y los bienes inmuebles sin autorización, aunque la obligación de conservar y mantener el patrimonio histórico recae en los poderes públicos, según el artículo 46 de la Constitución española.

Daños irreparables

El ministerio dirigido por José Manuel Rodríguez Uribes solicitó la impugnación, “por la ausencia de la extraordinaria y urgente necesidad y porque los prejuicios que puedan producirse por su aplicación pueden ser de difícil o imposible reparación”, según consta en el acta del Consejo de Ministros del 21 de abril, en el que se aprobó la interposición de ese recurso. El mencionado artículo 13 vulnera la competencia estatal en defensa de los bienes culturales contra la expoliación. El Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso del Gobierno y suspendió los efectos de la parte del texto denunciada por el Ministerio de Cultura.

Javier García Fernández, secretario general de Cultura, considera que “la Junta de Andalucía trata de rebajar los niveles de protección como sea". "En la última reunión del Consejo de Patrimonio, en febrero, la consejera andaluza nos lo dijo así de claro: hay muchos conjuntos en Andalucía que están paralizados por la dureza de la legislación que protege los inmuebles. Lo que quiere es cargárselo todo y hacer fachadismo”, continúa García Fernández. Y advierte de que actuarán de la misma manera siempre que vean inconstitucionalidad, es decir, medidas de protección más laxas a las que establece la Ley de Patrimonio Histórico de 1985, de la que el secretario general de Cultura fue redactor.

“Si las comunidades autónomas derriban los estándares mínimos de protección, se abre la posibilidad de expoliación. Si Madrid actúa como Andalucía, reaccionaremos”, avisa García Fernández. La Comunidad de Madrid tramita una reforma de la Ley del Suelo de 2001, que cuestiona la protección del patrimonio en varios de sus artículos. La “urgencia” es acabar con el control administrativo para fomentar “el impulso y reactivación de la actividad urbanística”. El nuevo texto entrega la responsabilidad de la protección del patrimonio a las empresas, a través de la figura “declaración responsable”. Eso permitiría a los promotores saltarse todos los trámites.

Hechos consumados

El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional en 2014 ocho artículos de la reforma de la Ley de Patrimonio y sigue pendiente de desarrollo. “Actuaremos si se aprueba esta reforma, pero ya adelanto que la ‘declaración responsable’ es peligrosísima: sirve para agilizar la venta de un coche, pero no para intervenir en el patrimonio. Es irresponsable y estaremos vigilantes”, adelanta García Fernández. El trámite de la actual reforma de la Ley del Suelo ya está cerrado y en fase de alegaciones. Una vez sean contestadas e incorporadas las que se crean necesarias, se aprobará en Consejo de Gobierno y de ahí pasará a la Asamblea. Vox ha anunciado que apoyará la iniciativa.

Un portavoz de la consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid asegura que la “declaración responsable” no se aplicará al patrimonio. Sin embargo, Amparo Berlinches, presidenta de la asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio (MCYP), asegura que el artículo de la discordia, el 151, sí afecta a la protección patrimonial. Este grupo que lucha por la conservación del legado histórico desde hace una década ha presentado una amplia alegación contra la iniciativa del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Denuncian que si se aprueba la reforma tal cual, la administración “se convertirá en expoliador cultural por no asumir sus responsabilidades”. “Los intereses económicos de los promotores han demostrado que no tienen responsabilidad en la protección del patrimonio”, cuenta Berlinches.

Por eso cree que es una “huida hacia adelante temeraria” que obedece a las presiones de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima)”. Daniel Cuervo, director general de Asprima, explica: “Es un tema que todos los actores del sector promotor venimos pidiendo desde hace mucho tiempo, ya que permitirá agilizar las licencias urbanísticas, y con ello, se reducirán los plazos de entrega de las viviendas y su coste final”. Si sale adelante la idea de la “declaración responsable”, “los técnicos no irán por delante de las intervenciones concediendo licencias, sino por detrás para ver si la actuación ha sido correcta, y en caso de demolición no habrá vuelta atrás”, aclara Berlinches.

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