La directora del Libro quiere hacer públicas las cifras de ventas de los autores

La directora general del Libro y Fomento de la Lectura, Olvido García Valdés, quiere tomar medidas “tendentes a mejorar la transparencia del sistema de ventas de libros”, tal y como figura en el documento firmado por su departamento, titulado Iniciativas normativas de la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, que la subdirectora de promoción del Libro remitió el pasado 9 de septiembre a los jefes de servicio de esa unidad. Entre las acciones que propone llama la atención la imposición de hacer pública la cifra de los ejemplares vendidos en librerías de cada título publicado. En España, la mayoría de las editoriales usa GFK, un sistema de pago que proporciona datos de ventas en grandes cadenas de librerías, almacenes, supermercados y librerías independientes y que ha ido sustituyendo a Nielsen, que era el más utilizado antes. Los autores no pueden conocer sus cifras exactas hasta la liquidación a año vencido.

Fuentes del Ministerio de Cultura indican que este documento que parte de la Dirección General del Libro es una propuesta de trabajo que todavía debe perfilarse más, "sobre el que hacer propuestas". De momento, el texto de la iniciativa que el departamento de la poeta y traductora García Valdés plantea al subsecretario del Ministerio de Cultura, Javier García Fernández, plantea "establecer, mediante normativa o mediante otras vías indirectas (por ejemplo, como condición para acceso a ayudas de modernización de las librerías) la obligatoriedad de comunicar públicamente los datos de ventas de libros por las librerías”. El documento aclara que estos comercios tienen herramientas informáticas interconectadas entre sí y permiten extraer datos, “hasta ahora no públicos, relevantes para la correcta gestión de derechos por los autores y traductores”.

Hasta ahora, los autores deben confiar en las editoriales a la hora de facturar sus derechos de autor por cada ejemplar vendido. Sus beneficios por libro son, la mayoría de las veces, del 10% del precio de venta al público. Sin embargo, no pueden contrastar los datos que las empresas les ofrecen con ninguna otra fuente para saber cuál es la cifra real. 

Un cambio profundo

En dicho documento se propone un profundo cambio de orientación en la misión de esta Dirección General, que debería pasar de ser un “centro directivo orientado al fomento de la producción editorial de España” a uno orientado “a la protección e impulso de la creación literaria y la lectura en todos los géneros y lenguas oficiales del Estado, así como al desarrollo de las bibliotecas españolas y al fomento de la igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a un servicio público bibliotecario de calidad”. La reforma de definición que García Valdés planteó en enero de este año a García Fernández no se ha llevado a cabo.

García Valdés, que ha tenido desavenencias con el gremio de los libreros a lo largo de estos dos años, propone acciones para fortalecer el sector. En el documento figura la opción de dotar con incentivos fiscales para la apertura de librerías. A los pocos días de asumir su cargo, la directora se reunió con el gremio de libreros para comunicarles que el programa del Sello de Calidad de Librerías, creado en 2015, no le interesaba y su intención era eliminarlo. Y lo hizo. Acción Cultural Española (AC/E) sustituyó al Ministerio de Cultura en el apoyo público a la iniciativa cuya finalidad es invertir en la modernización de estos comercios.

Relaciones clientelares

Por otro lado, el informe ha sido denunciado por los sindicatos UGT, CCOO y CSIF porque el escrito del departamento asegura que la situación del edificio de la Subdirección General de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas (en la calle Santiago Rusiñol, número 8) “favorece la existencia de relaciones que podríamos llamar endogámicas y/o clientelares, propiciadas por el ambiente de convivencia y en cierto modo dependencia (en sentido inverso al esperable) generado”. Desde la Dirección General se denuncia que ese mismo edificio es compartido por distribuidores, editores, libreros y la Organización Española para el Libro Infantil y Juvenil (OEPLI). Este periódico ha podido saber que el sector librero y editorial están "muy molestos" con estas consideraciones.

De hecho, acusa a los responsables de la subdirección anterior de negligencia: “Consideraba que no podía ni debía organizar proyectos culturales, sino solo patrocinar las propuestas externas, y, sin embargo, esa misma subdirección lideró, por ejemplo, sin reticencia alguna, la herramienta comercial del Sello de Calidad de librerías por iniciativa de libreros y editores”, puede leerse.

Los sindicatos aseguran que “este párrafo carece totalmente de rigor y objetividad, por el contrario, parte de prejuicios y emite juicios de valor que no están contrastados con prueba alguna, además de acusar injustamente a los empleados públicos de la Subdirección General de Promoción del Libro de relaciones clientelas con las asociaciones y gremios del sector del libro que están en el mismo edificio”. En su escrito acusan al responsable del documento de “denigrar la profesionalidad y respetabilidad de los empleados públicos” y piden “depurar las responsabilidades administrativas y en su caso penales por parte del autor o autores de este informe”.

El resto de medidas propuestas por el departamento de García Valdés incide en la puesta en marcha del Centro Nacional de Traducción (“sin localización fija, con múltiples focos y lugares físicos para su desarrollo”, con residencias de traductores con autores, becas o jornadas de encuentros). También propone crear una web de autoras y autores españoles. E impulsar la lectura con jornadas de reflexión y debate. La idea es potenciarla “no solo como entretenimiento, sino como atención, como vía de conocimiento de uno mismo y de la vida, como un espacio de extrañeza y profundo reencuentro con lo propio”.