Los autores de teatro, televisión y cine inician su segregación de la SGAE

Las dimensiones del tsunami provocado por la expulsión de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (Cisac) empiezan a vislumbrarse. Después de que la casa madre de los derechos internacionales de los autores determinara el jueves apartar a la entidad española al menos un año —hasta que se corrijan las malas prácticas detectadas—, la SGAE inicia el camino del divorcio. Los escritores de teatro, televisión y cine lanzan un manifiesto en el que piden la dimisión de la presidenta, Pilar Jurado, a la que califican de “incapaz”; la convocatoria de elecciones y la segregación.

Los Colegios de Gran Derecho y Audiovisuales creen que Jurado no ha evitado "la expulsión al poner en riesgo la aprobación de los nuevos estatutos en la próxima asamblea de socios". Los representantes en la junta directiva de ambos colegios reclaman elecciones “inmediatamente después de la próxima asamblea”, que se celebrará el 24 de junio. Con este movimiento, la reforma estatutaria que presenta Jurado está condenada al fracaso. Además, han iniciado en la mañana de hoy, viernes, una campaña de recogida de firmas en apoyo al manifiesto, para lograr el respaldo de sus filas. Entre los firmantes ya aparecen —además de la cúpula de los dos colegios— los nombres de Alberto Iglesias o Achero Mañas, entre otros.

El último punto del manifiesto pide el apoyo del Ministerio de Cultura, la Cisac y las entidades de gestión del entorno, así como de los miembros de los Colegios de Editores y Pequeño Derecho, “para llegar a un gran acuerdo de refundación de SGAE, que partiendo de la autonomía colegial conduzca durante la próxima legislatura a la segregación de los colegios de Gran Derecho y Audiovisuales en una nueva entidad de gestión que defienda exclusivamente los derechos de los dramaturgos, guionistas y directores de cine y televisión, músicos de teatro, cine y televisión y coreógrafos". Es la primera vez que estos dos grupos dan este paso —un clamoroso rumor desde hace años— y lo declaran por escrito.

"Este manifiesto es el primer paso del objetivo final: nuestro divorcio de los músicos, para iniciar la defensa de nuestros derechos sin que se vea manchada por sus malas prácticas", ha reconocido Antonio Onetti, vicepresidente del Colegio Audiovisual, en la junta directiva. Los dos colectivos suponen cerca del 20% de los socios de la entidad española y aportan al año unos 50 millones de euros en recaudación. La segregación podría convertir a esa institución nueva en la tercera del mundo en gestión y reparto de derechos. "La mentalidad de los músicos es diferente a la nuestra. En casi todo el mundo estamos separados de ellos y estamos cansados de que los problemas que generan los músicos afecten a nuestra imagen e impidan el desarrollo de nuestros propios derechos", comenta Onetti.

Fermín Cabal, vicepresidente del Colegio de Gran Derecho, afirma que se arrastra una estructura anacrónica y critica que los escritores estén "subordinados a los músicos". "Esta etapa tiene que terminar", cuenta.

La Cisac determinó una expulsión de un año al menos hasta que se corrijan las malas prácticas detectadas por el organismo internacional. Entre ellas subraya "el trato discriminatorio de los titulares de derechos y las prácticas desleales relacionadas con el reparto de derechos". El organismo formado por 239 sociedades de autor de 122 países, sacó tarjeta amarilla a la SGAE en abril de 2018 y dado que los requisitos de reforma y corrección no han sido atendidos, han sacado la tarjeta roja.

La medida es "más institucional que operativa", como aseguran los expertos consultados, porque el servicio de identificación internacional de los derechos de los autores no se suspenderá. Sin embargo, la expulsión sí tiene consecuencias de perjuicio y descrédito de la entidad. Por eso, los autores se han movido contra la presidenta —que forma parte del Colegio de Gran Derecho— como el inicio de una transición hacia el divorcio final, que debe aclarar la separación de bienes. El patrimonio de la SGAE está en juego y los demandantes quieren la parte que les corresponde. De hecho, Gran Derecho fundó SGAE y compró el Palacio de Longoria, que ahora está en juego en el reparto. “No hace falta venderlo. Se puede llegar a un acuerdo de ocupación de las dos entidades del mismo edificio. Podemos compartirlo. Es el momento de dar el paso hacia nuevos modelos, porque este ha caducado. Necesitamos la ayuda del ministerio”, dice Onetti, que en ningún caso cree pueda suceder antes del término de una legislatura.

La opción de DAMA

Entre las reacciones más sonadas a la expulsión de la SGAE estuvo la de Borja Cobeaga, presidente de Derechos de Autor de Medios Audiovisuales (DAMA): "No sé qué narices seguís haciendo en la SGAE", declaró en su cuenta de Twitter. DAMA es la gestora de los derechos de autores audiovisuales “de forma autónoma e independiente” desde que consiguió el permiso del Ministerio, en 1999.

“Hoy, como cualquier otro, pero hoy especialmente [por ayer, jueves], es un buen día para recordar que DAMA existe, funciona y que es la entidad que gestiona la gran mayoría del audiovisual en España. No es ansia de proselitismo, sino por dejar caer que desde hace 20 años existe esta posibilidad”, invitaba el presidente y guionista de Ocho apellidos vascos. Sin embargo, Onetti aclara que no se van a DAMA porque tienen "intereses en las artes escénicas también, hay una afinidad natural entre los autores de teatro, televisión y cine". DAMA no contempla a los autores de artes escénicas.