Cultura da un ultimátum a la SGAE para que corrija sus “graves incumplimientos”

El Ministerio de Cultura ha mandado un nuevo requerimiento a la SGAE, un ultimátum, para que le informe con detalle sobre las medidas que está obligada a acometer si no quiere ser intervenida por un juez. La entidad de gestión de derechos de autor debe reformar tres cuestiones clave: adaptar sus estatutos a la nueva Ley de Propiedad Intelectual (LPI), instaurar el voto electrónico y establecer que las obras musicales emitidas en televisión de madrugada no pueden suponer más del 20% de los ingresos totales que la entidad recibe de las cadenas.

Es una reclamación informativa sobre dos casos muy concretos: el reglamento de voto electrónico para elegir a los miembros de su junta directiva. Según el Ministerio, la última elección “no respetó” de forma íntegra la nueva LPI. Por eso se les reclama la copia de los reglamentos. También se les pide una copia del informe de la comisión deontológica de la SGAE sobre el conflicto de intereses de 14 miembros de la junta.

El otro caso, el más grave, corresponde al reparto de los beneficios de los derechos de junio de 2018. “Este reparto no fue equitativo y se realizó aplicando un reglamento que no garantizó que la participación en el reparto de esos titulares fuera proporcional a la utilización de sus obras”, señala el escrito. Es decir, Cultura quiere saber cómo se va a ejecutar el acuerdo de reparto de junio, si a los beneficios de diciembre de 2018 ya se les ha aplicado un tope del 20% para la música nocturna. ¿Se devolverá el dinero repartido hace un año?

Incumplimiento permanente

El ministerio “no tiene constancia de que ninguno de estos tres puntos estén resueltos”, aseguran fuentes del departamento de José Guirao. Son los tres puntos que se debían resolver en tres meses, cuando se les impuso el apercibimiento el pasado 27 de septiembre. “A la fecha del presente no han sido corregidos, por parte de la SGAE, los incumplimientos graves detectados”, puede leerse en las conclusiones del escrito oficial, que determina un plazo de cinco días para informar con exactitud y profundidad de todos los pasos que la entidad está dando.

Carlos Guervós Maíllo, subdirector general de Propiedad Intelectual, sostiene en el requerimiento que no hay constancia de que se haya hecho nada para subsanar los errores. Fuentes de Cultura aclaran que la situación de incumplimiento no despeja la posibilidad de la intervención del juez para resolver las tareas de refundación de la organización adaptadas a la nueva ley.

El ministro de Cultura ha asegurado a EL PAÍS que prefiere que este asunto se solucione en la propia casa. “Queremos que todo se resuelva sin pasar por la intervención del juez, nadie quiere que las decisiones se tomen fuera de la SGAE”, sostiene Guirao. Pero para que la intervención no suceda, la SGAE debe mantener informado al ministerio de cada paso que da en la consolidación de la nueva entidad. Y hasta el momento, aseguran, no ha sido así. De hecho, en Cultura prefieren que los nuevos estatutos sean votados en asamblea —el próximo 24 de junio— una vez hayan sido ratificados por el Ministerio y no después de haber sido votados por los socios.

El Ministerio sí conoce que en los primeros días de mayo, la junta directiva de la entidad acordó ratificar el voto electrónico, aprobar una propuesta de nuevos estatutos, acatar las conclusiones de la comisión deontológica sobre los conflictos de intereses de 14 miembros de dicha junta, aprobar el reparto de derechos con el límite del 20% en la franja nocturna y fijar este límite en los beneficios del reparto. “Aunque sabemos lo que se acordó aquel día nos falta información. Necesitamos ser informados al detalle, no en trazo grueso”, explican desde el Ministerio.