La reforma europea de los derechos de autor abre una nueva era en Internet

La reforma de los derechos de autor de la Unión Europea ha llegado hasta la meta. Tras una carrera de dos años y medio, decenas de obstáculos, accidentes y hasta algún parón, el texto ha cruzado la línea final: ya es una directiva, que los Estados deberán aplicar y trasladar a sus leyes. Con 348 votos a favor, 274 en contra y 36 abstenciones, el Europarlamento de Estrasburgo ha cerrado así el debate más polémico que varios diputados recuerden. Miles de artistas celebran su victoria: plataformas como YouTube tendrán que obtener licencias de los creadores o, en su ausencia, esmerarse en impedir el acceso a obras que utilizan material protegido sin permiso; y los editores de prensa podrán exigir acuerdos (y pagos) a webs y agregadores de noticias como Google News por utilizar sus contenidos. Los críticos, en cambio, se preparan para el apocalipsis digital: sostienen que el texto acabará con la libertad en la Red, sustituida por el reinado de la censura. El tiempo dirá quién acertaba, pero en algo están casi todos de acuerdo: se abre una nueva era en Internet.

Tras el desenlace, las armas al fin callan. Y eso que su ruido llegó a hacerse ensordecedor, en un choque de intereses ideológicos y económicos colosales. Entre las víctimas, además del rigor y los matices, la propia retransmisión en streaming desde la Eurocámara: se cayó justo en el momento de conocer el resultado. Durante meses, artistas, políticos, activistas, discográficas, académicos, Google y hasta la ONU han lanzado profecías, informes, manifestaciones, amenazas y mentiras para condicionar el voto. Unos insisten en que la reforma busca proteger a creadores y periodistas y garantizarles una remuneración justa frente a las empresas que ganan millones de usuarios y de euros gracias a sus obras. Otros gritan que la directiva creará una Red menos democrática. "Tendremos un Internet censurado, de la edad del Neolítico", avisa Simona Levi, del colectivo Xnet, que califica la jornada de hoy de "día negro".

Cuando menos, la UE tiene ahora una directiva más moderna: estaba en vigor un texto de 2001. Lo demás, en cambio, es territorio incierto. La letra dice que el artículo 17 insta a los portales que almacenan, organizan y difunden contenidos de usuarios con fines comerciales (por ejemplo, YouTube) a contar con una licencia previa de los creadores de esas obras. Y el 15 otorga a los editores de prensa el derecho a conceder o no el visto bueno a webs con ánimo de lucro para que compartan "fragmentos significativos" de sus publicaciones. El legislador pretende así responder a las quejas de los autores, indignados con que sus obras lleguen a más espectadores y lectores que nunca, pero los ingresos se desvíen hacia otros bolsillos. Las interpretaciones, sin embargo, difieren enormemente.

El ponente de la iniciativa, el popular alemán Axel Voss, y su frente quieren que los portales como YouTube se vuelquen en negociar con los creadores. Si no, que se hagan responsables por lo que los usuarios compartan en su plataforma. Hasta la fecha, se amparaban en que solo debían reaccionar a posteriori, cuando se les comunicaba que alojaban un contenido no autorizado. Eran lo que se conoce como "puertos seguros". Ahora, se les exige un rol más proactivo. Al menos, deben demostrar que han realizado “los mayores esfuerzos” para alcanzar un pacto, impedir rápidamente el acceso a las obras denunciadas y encargarse de que no vuelvan a estar disponibles.

¿Cómo lo harán? He aquí la clave de la protesta de Julia Reda, del Partido Pirata y líder del bando contrario a la reforma. A falta de licencia, los portales deberán esforzarse para evitar acoger contenidos piratas. La directiva afirma explícitamente: "La aplicación de este artículo no llevará a ninguna obligación de monitoreo general". Pero los opositores sostienen que la solución real acabará siendo un algoritmo. Reda y los miles de activistas de la campaña online SaveTheInternet subrayan que las máquinas ya censuran obras maestras del arte por algún desnudo y plantean: ¿qué pasará con millones de contenidos? Además, creen que pocos podrán permitirse el coste de tamaño sistema, de ahí que prevean un futuro oligopolio digital.

El texto establece excepciones para enciclopedias online sin ánimo de lucro, plataformas como Tinder o Dropbox, parodias, caricaturas, citas, reseñas o críticas, lo que parece amparar memes y GIFs, y también incluye mecanismos de reclamación para los internautas. A la vez, tutela a las startups: para las compañías que lleven menos de tres años de actividad e ingresen menos de 10 millones anuales, el nivel de responsabilidad se reduce. Sin embargo, los opositores defienden que en la realidad supondrá el caos. Y que —en eso coinciden con Google— el mayor daño lo sufrirá el usuario.

El otro enfrentamiento se centra en el artículo 15. Su formulación deja claro que enlaces y palabras sueltas están a salvo, así como el usuario: la reforma afecta a buscadores, agregadores de noticias u otra webs que compartan fragmentos relevantes de un artículo. La directiva quiere que paguen a los editores, ya que sacan amplio provecho de los artículos de periódicos y revistas. Google responde que tal vez retire Google News de Europa, con el daño a los medios que conllevaría. Al fin y al cabo, tras la aprobación de una ley parecida, el servicio ya abandonó España en 2014. El buscador defiende que ya ayuda a los diarios disparando el tráfico hacia ellos, y que este caerá hasta un 45%. La directiva impone también que parte del beneficio repercuta en los periodistas, pero los críticos señalan que el poder de los editores lo convertirá en papel mojado.

Artículos menos polémicos de la normativa (el 18, el 19 y el 20) aumentan la protección a los creadores: obligan a los portales a una mayor transparencia, a informar a los artistas, al menos una vez al año, de sus ingresos y el uso de su repertorio, y facilitan que se marchen si no están satisfechos con una plataforma. Con la directiva, además, la UE también se reafirma como principal policía de los colosos de Internet. Les ha pedido cuentas por presuntos fraudes fiscales, limitaciones de la competencia o de la privacidad. Y, ahora, por los derechos de autor. 

Tras el último visto bueno del Consejo Europeo, que se considera un trámite, los Estados miembros tendrán dos años para trasladar la directiva a su ordenamiento interno. Aunque algunos expertos apuntan al comienzo de una nueva batalla: afirman que el texto es tan ambiguo que cada país lo trasladará a las leyes nacionales según su conveniencia. "Esperamos poder trabajar con los responsables políticos, editores, creadores y propietarios de derechos, a medida que los Estados miembros de la UE avanzan en la aplicación de estas nuevas normas", escriben desde Google. Para un frente que se cierra, puede que se abran 27.