La defensa del patrimonio cultural ya tiene su ‘lobby’

“Denunciamos el incumplimiento sistemático por parte del Estado y de las Comunidades Autónomas de las leyes estatales y autonómicas en defensa del Patrimonio Cultural”. Así arranca el Manifiesto de Boadilla, el primer texto que nace de la ciudadanía para proteger el legado histórico y artístico español frente a la desidia de las instituciones estatales, autonómicas y locales. “Expresamos la exigencia de que dichos organismos acaten obligadamente su propia legislación”, termina el primero de los 12 puntos firmados por 29 colectivos de 9 comunidades autónomas.

El manifiesto es "una manera de empoderar un camino que es muy solitario”, explica a EL PAÍS Alicia Torija, representante de Madrid Ciudadanía y Patrimonio, asociación de la que parte la idea junto con SOS Monuments. “Pedimos voluntad política en la defensa del patrimonio. No la foto, sino el compromiso constante”, reclama.

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El escrito es un hito en la soberanía de todas las asociaciones que llevan la voz cantante contra la destrucción de la memoria. “Ahora ya tenemos un altavoz”, explica Torija. Anuncian que crearán una Federación Nacional de Asociaciones en defensa del patrimonio para actuar como interlocutora con las administraciones y que así sean tenidos en cuenta sus informes e investigaciones en las actuaciones sobre los bienes más preciados y delicados.

También toca un asunto espinoso: quieren participar en la reversión de los bienes histórico-artísticos inmatriculados por la Iglesia católica a la situación anterior a 1978. Y se preocupan por la creciente despoblación y gentrificación de la España interior. Reclaman medidas extraordinarias “para evitar la pérdida del patrimonio, tanto en recintos históricos como en las zonas rurales”. Para que esto no ocurra apuestan por la creación de una plantilla de “Guardas de monumentos y agentes de protección del Patrimonio”, un cuerpo más específico y con mayor dotación que el SEPRONA de la Guardia Civil.

Ha nacido un 'lobbie'

María Teresa Pérez Sánchez, de la Asociación de Amigos de la Alcazaba (Almería), asegura que es importante que las asociaciones se reúnan porque los problemas del patrimonio son muy graves y similares en toda España. “Ante los lobbies que ponen en peligro el patrimonio con operaciones especulativas, como Canalejas en Madrid, nos unimos para defendernos”, explica. Ha nacido el lobbie de la defensa del patrimonio. “Las administraciones se saltan la ley y tienden a ignorarnos. Nuestro trabajo es importante para la sociedad y para el patrimonio”, añade.

El manifiesto reclama al Ministerio de Cultura –muy limitado en sus competencias de actuación– un papel mucho más activo en la lucha contra el expolio de las artes. Por eso reclaman mayor participación en el fomento de la conciencia ciudadana de la defensa del legado.

Las asociaciones trabajan por un bien común, sin el apoyo de la comunidad, ni de las administraciones, ni, por supuesto, de las empresas que emprenden acciones contra la memoria de las ciudades. Están tan despolitizadas (ninguna de las firmantes reciben subvenciones nominales) como desamparadas: todas las acciones judiciales que inician contra las administraciones son amparadas por sus propios presupuestos. Tienen cuentas, como ellos mismos dicen, “de andar por casa”, con cuotas de afiliación muy exiguas. Perder una causa en los tribunales supone la ruina de la asociación cuyo único interés es la defensa de lo que es de todos.

Defensa del bien común

En ese sentido, Óscar Hilillo, de Málaga REC, cree que el manifiesto es una forma de dar a la sociedad que la defensa del patrimonio nos compete a todos. “El patrimonio es de lo que los defendemos y de quienes no lo defienden. Es un trabajo muy duro por el bien común. Con el manifiesto vamos a crear conciencia en la sociedad. El trabajo que hacemos no es el que nos compete a nosotros, sino a las administraciones, pero no lo hacen”, dice.

En el escrito las asociaciones aclaran que lo firmado es un compendio de “las inquietudes más graves y urgentes” de la defensa del patrimonio. Y entre ellas aparece la necesidad de “que el poder judicial tenga un papel protagonista en la defensa del patrimonio cuando las administraciones planteen actuaciones que dañen bienes culturales”. Reclaman a jueces y fiscales mayor conciencia para controlar la legalidad de las políticas patrimoniales y urbanísticas. Solicitan sensibilidad y formación especializada y piden una fiscalía específica de Patrimonio y Urbanismo.

Las asociaciones recuerdan que el Gobierno acaba de firmar el Convenio de Faro, en el que se exige la participación de la ciudadanía en el integración del patrimonio en las ciudades del futuro. En este mandato internacional es clave la toma de decisiones políticas de protección como un asunto transversal y no vertical, aunque en España no se practique: “Somos especialistas en patrimonio y no nos tienen en cuenta”, señala Torija. El Manifiesto de Boadilla, que recibe este nombre por las Jornadas de Patrimonio Cultural y Sociedad que se celebraron en el palacio de esta localidad madrileña.