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Duelo de alto ‘standing’ por un convento de Madrid

La parcela de las damas apostólicas en el paseo de la Habana enfrenta a vecinos con la promotora que compró el terreno para construir una residencia de estudiantes

Convento de las Damas Apostólicas
La fachada del convento de las Damas Apostólicas, en el paseo de La Habana, parcialmente derruido.

La hermana Dioni vive relativamente tranquila fuera de Madrid, en un convento de Granada. Ella es una de las cinco monjas que habitaban en el de las damas apostólicas, en el número 198 del madrileño paseo de La Habana, hasta que ya no pudieron más y, en 2006, acuciadas por la crisis, decidieron venderlo. Lo que en su momento había sido una casa de espiritualidad se convirtió con los años en una residencia de 5.000 metros cuadrados para cinco personas que, con una edad que rondaba los 80 años, cuidaban además de un terreno de 17.000 metros cuadrados. Allí construyeron, tres años antes, un jardín inmenso, con más de 450 árboles, algo extravagante en su composición, que les suponía un gasto y un esfuerzo con el que no habían contado.

En 2009, decidieron mudarse dejándolo intacto y, tras varios años de sequía, en 2017, consiguieron traspasarlo a la promotora Global Alchiba, que vio la oportunidad para construir ahí una residencia de estudiantes. Pero ni las monjas, ni los compradores contaban con la oposición frontal de los vecinos, que se erigieron en defensores del edificio neomudéjar de 1929 y de todo el jardín que lo rodea. Ese es el comienzo de un conflicto de alto standing que sigue bloqueado.

“Todo empezó a las seis de la mañana del 21 de julio del año pasado. Nos despertamos con los golpes, lo hicieron con nocturnidad y alevosía y los vecinos nos movimos lo más rápido posible para evitar la demolición”, cuenta Paulino Baena, vecino y portavoz de la asociación Defensa del Patrimonio de Chamartín de la Rosa. Ahí aparece la primera contradicción en una historia con dos narrativas. Mariano López, portavoz de la promotora inmobiliaria, asegura que la demolición no comenzó hasta las ocho de la mañana. “Es absurdo, hay una normativa muy estricta sobre eso”, zanja. A una hora u otra, lo cierto es que a golpe de tuits y llamadas directas a altos cargos de la Comunidad, los vecinos consiguieron detener los golpes de las máquinas.

Paloma Sobrini, directora general de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, mandó paralizar el derribo y comprobó que existía otra contradicción. El convento estaba protegido por ley al ser anterior a 1936, pero no constaba como tal en el catálogo donde deben figurar todos los edificios protegidos, una tarea de actualización que corresponde al Ayuntamiento. Los promotores habían pedido la autorización del derribo mediante una declaración responsable y se lo habían concedido.

“Es la primera vez que pasa esto, que habiendo dado permiso de demolición, de repente a posteriori protejan un edificio. Pero dentro del encontronazo que supone que el Ayuntamiento permita demolerlo y la Comunidad lo pare, nuestra intención es sacar adelante el proyecto”, explica López. De esta manera, Global Alchiba se comprometió a cumplir el dictamen de Sobrini y reconstruir lo derribado, un tercio del edificio, para seguir adelante con su plan. “Nosotros no especulamos con vivienda, somos una promotora pequeña que con la crisis se tuvo que reinventar. Antes nos dedicábamos a hacer oficinas y ahora hemos puesto el foco en las residencias de estudiantes, además de por el negocio en sí, porque es una necesidad cada vez mayor en España y en Madrid en particular. Tenemos cada vez más estudiantes que vienen de fuera, y muchos no se pueden pagar un alquiler con los precios del mercado. Hemos hecho esto en Bilbao, Salamanca, Barcelona… y en todos los sitios nos reciben con los brazos abiertos”.

A Global Alchiba el boom informativo que provocó el derribo le vino grande. Decidieron no hablar con la prensa, mantenerse al margen y esperar al dictamen de Sobrini. “No estamos acostumbrados a esto, nos pintaron como los malos de la película y la realidad es que solo vimos la opción de negocio en un sitio privado, lo compramos e intentamos sacar adelante un proyecto”. Este, tras la decisión de la Comunidad, se modificó y la promotora planeó construir otro edificio junto al convento para alojar, entre los dos espacios, a 850 estudiantes.

El lateral del convento más afectado por la demolición.
El lateral del convento más afectado por la demolición.

Al otro lado del conflicto, los vecinos del barrio de Nueva España, uno de los más adinerados de Madrid. “No somos los típicos que se ponen con pancartas a protestar delante de una puerta. La verdad es que nos organizamos bien, sabemos qué hacer. Somos un grupo de personas donde hay abogados, arquitectos, periodistas... y estamos dispuestos a ir hasta el Supremo para proteger lo que consideramos que hay que proteger”, dice Baena. Así que, tras conseguir salvar el convento, los vecinos pusieron el foco en el jardín. “Es el segundo pulmón verde del distrito. Hay que mantenerlo. Además, no tiene sentido salvar el edificio y que permitan luego construir alrededor”.

Al entrar a la parcela, a la derecha, te recibe una edificación de unos 100 metros cuadrados, también protegida, donde antiguamente residía un cura y, posteriormente, el guardés. El convento semiderruido, en el centro del terreno, está rodeado de 450 ejemplares de árboles, entre los que hay 42 especies, 12 autóctonas y 30 alóctonas, de los que 27 están muertos. Entre las especies se cuentan mimosas, arces negundos, castaños de Indias, cedros del Himalaya, cipreses de Arizona, palmeras, una chumbera, nísperos de Japón o eucaliptos rojos. “Es una locura de jardín. Además, es carísimo de mantener y no tiene nada de especial”, cuenta Francisco Carcedo, el jardinero que lo ha cuidado desde el principio, contratado primero por las monjas y después por la promotora. “Ellas ahora están arrepentidas de haberlo hecho así. Y se sienten mal por la situación, no entienden el conflicto”, cuenta.

La construcción de la residencia de estudiantes afectaría a 200 árboles, según analiza en un exhaustivo informe —encargado por la promotora— el catedrático Antonio Prieto. “La intención es mantener el mismo número en el terreno cuando edifiquemos. Pero tenemos que distribuirlos de otra forma, los replantaremos o plantaremos nuevos”, explica López. Pero los vecinos, insisten, se oponen en bloque.

“Sobrini intentó arbitrar una solución salomónica, colgarse la medalla por proteger el convento, pero seguir beneficiando al inversor. Nosotros hemos interpuesto el recurso ante el tribunal superior de justicia porque creemos que ese decreto está fundamentado en una serie de informes hechos ad hoc para justificar que lo hacen basándose en criterios de singularidad botánica, cuando esta no es una discusión sobre especies protegidas, es sobre la conveniencia de proteger, desde un punto de vista de desarrollo urbano sostenible, un conjunto conventual más su jardín, que forman una unidad, en una zona además carente de suelo verde”, argumenta el portavoz vecinal.

La pelota, por tanto, se encuentra en el tejado del Ayuntamiento, que todavía no ha tomado la decisión de conceder la licencia necesaria para que se empiece a construir o proteger todo el jardín. “Nosotros no vamos a ir en contra de la Comisión de Patrimonio de la Comunidad. Esto es un acto reglado, tiene poco de discrecional. Es verdad que el expediente está abierto todavía, pero está en tramitación. Si la Comunidad decide proteger el convento y sólo parte del jardín, nosotros lo apoyaremos”, aseguran fuentes del área de urbanismo del Consistorio.

—“Si talan toda esa parte y edifican una mole alrededor del convento, ¿qué sentido tiene proteger un edificio cuando lo vas a encapsular y va a perder cualquier significación histórica artística?”, insiste Baena.

—“Yo entiendo que los vecinos quieren asomarse por la ventana y ver un espacio verde. Pero nosotros queremos que se desbloquee esto. Que alguien tome una decisión ya, en este caso el Ayuntamiento. Y si no nos dejan edificar, pediremos una indemnización", avisa López. "Esto es una propiedad privada, una parcela que tiene un uso dotacional, es decir, para dar dotaciones de servicios. Llevamos gastado, entre la compraventa y lo que hemos invertido, unos 38 millones de euros. Un dineral, una locura para tener esto parado”.

 

Una licencia sujeta a un marco jurídico formalista

La tradición del marco legislativo del urbanismo español desde la ley que marca su punto de partida —la de 1956— es muy formalista, según varios juristas, lo que quiere decir que en ella todo está muy reglado para que las leyes de suelo y urbanismo den soluciones automáticas a través de sus complejos mecanismos, los planes y sus instrumentos de desarrollo, de los que resulta la licencia para edificar.

Este planteamiento hace muy difícil para las Administraciones introducir con eficacia las nuevas estrategias de desarrollo urbano sostenible como son las de adaptación al cambio climático, la rehabilitación integral energética de edificios o la renaturalización urbana. El marco regulatorio del urbanismo en Reino Unido, por ejemplo, es mucho menos rígido y formalista y da más juego a la introducción de estrategias urbanas. Los responsables técnicos públicos tienen la posibilidad de hacerlas valer en procesos más dialogados.

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