Así se derriba un convento protegido en Madrid en 2017

Para empezar a responder a estas preguntas hay que entender primero el pasado de especulación en el que se vio envuelto el edificio desde el año 2005, en plena burbuja inmobiliaria. El convento, obra del arquitecto madrileño Críspulo Moro Cabeza -autor, entre otros inmuebles, del Cine Doré y del edificio Críspulo Moro, cerca del Retiro- pertenecía a la Congregación de las Damas Apostólicas del Sagrado Corazón de Jesús. Las religiosas, que han declinado hablar con EL PAÍS, intentan entonces derribarlo por primera vez, y cuentan para ello con Leopoldo Arnaiz, un polémico arquitecto y urbanista, contratado por numerosos ayuntamientos de toda la región, y cuyo nombre aparece relacionado con recalificaciones polémicas y multimillonarias de la Comunidad. Eso sí, el urbanista fue absuelto de todas las causas judiciales.

Arnaiz solicita en marzo de 2006 un estudio de detalle para la zona, que fue aprobado por la Junta de Gobierno el 15 de junio de ese año y posteriormente por el pleno municipal, el 27 de septiembre de 2006, con la mayoría absoluta del PP (PSOE e IU votaron en contra). Contactado por este periódico, Fernando Arnaiz, portavoz de Leopoldo, ha declinado hacer comentarios. En cualquier caso, la participación del arquitecto se limitó a ese primer trámite. En ese momento Arnaiz terminó el trabajo y en la actualidad no participa en desarrollo alguno que se esté realizando sobre este inmueble.

Este estudio, sobre una parcela de casi 17.000 metros cuadrados, contempla la demolición total del convento, de unos 5.300 metros, así como aumentar la edificabilidad para los futuros inmuebles hasta los 23.700 metros cuadrados con una altura de cinco plantas. Todo ello, en una de las zonas más caras de Madrid. La parcela está considerada como dotacional. Aquí llega el primer fallo, según la concejal socialista Mercedes González: “Un estudio de detalle no habilita una demolición, que necesita licencia”. En cualquier caso, en 2008 llega la crisis y los planes para derribar este convento histórico quedan en espera. Lo más probable es que las monjas tuvieran problemas para encontrar un comprador, aunque la congregación guarda silencio sobre este aspecto. La siguiente pista aparece tres años después, el 5 de mayo de 2011, cuando la Junta Municipal del Distrito de Chamartín otorga una licencia por decreto que contemplaba la “demolición total de las tres edificaciones existentes” (el convento y dos edificios menores), recogiendo de nuevo lo esencial del estudio de detalle elaborado por Arnaiz.

Pero la demolición no llega y se encuenta con una nueva traba: el 18 de junio de 2013 la Comunidad de Madrid aprueba la Ley 3/2013 de Patrimonio Histórico, que protege automáticamente “inmuebles singulares construidos antes de 1936 que pertenezcan a alguna de las siguientes tipologías: iglesias, ermitas, cementerios, conventos…”. La norma regional considera este tipo de edificaciones como Bienes de Interés Patrimonial, cuya mínima modificación requiere del visto bueno de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid. El problema es que, para que quede reflejado, los Ayuntamientos deben actualizar sus catálogos de bienes protegidos, algo que la capital no hace desde 1997.

En 2013, la congregación renuncia a la licencia de demolición. “La presente aceptación tiene carácter irrevocable extinguiéndose dicha licencia. No podrá el interesado realizar las obras amparadas por la misma”, dice el documento. En este punto, todo parece de cara para la conservación del convento, puesto que se encuentra protegido y sin licencia de demolición.

Sin embargo, en 2016 las propietarias realizan una consulta urbanística para implantar una residencia de estudiantes universitarios en el inmueble, que la Agencia de Actividades municipal responde con un informe técnico el 11 de noviembre de ese año. En él se deja claro que no existe licencia de demolición: “Las obras que pretende el interesado no se tratan de obras de nueva planta, sino de ampliación, dado que se mantiene la edificación principal existente. Se eliminan únicamente los edificios auxiliares”. El informe no recoge la protección del edificio.

Alarmas no atendidas

En 2017 llegan las alarmas, que nadie escucha. Los vecinos de zona intuyen que algo se está gestando en relación con el edificio y tratan de salvarlo. El 14 de marzo, el PSOE recoge sus peticiones y llevó una pregunta sobre el tema a la Junta Municipal del Distrito de Chamartín, instando al Ayuntamiento a incluir el edificio en el Catálogo de Elementos Protegidos. Teresa Camarero, coordinadora de Distrito, responde entonces que el Área de Desarrollo Urbano Sostenible está estudiando revisar dicho catálogo. No se hace. Camarero deja constancia también de que no existe en ese momento ninguna licencia de demolición o derribo.

El 20 de abril, el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) presenta en el Registro General de la Comunidad de Madrid una solicitud advirtiendo de que el riesgo de derribo podría ser inminente, y solicitando la incoación del convento como Bien de Interés Patrimonial, ya que el Gobierno regional también puede incluirlo en el registro de bienes protegidos. Dicha solicitud tampoco es atendida.

Las Hermanas Apostólicas no renuncian a sus planes y venden la propiedad a Global Etamin SL, filial de Global Alchiba SL, empresas que convergen en la inmobiliaria Grupo Moraval / Oficinas de la Moraleja. Uno de los administradores de Moraval ha sido Vicente Soto Ibáñez, quien fuera consejero de la inmobiliaria Martinsa-Fadesa cuando esta protagonizó la mayor suspensión de pagos de España (2008). Global Alchiba presenta el 9 de junio de 2017 una Declaración Responsable, un trámite simplificado basado únicamente en que un representante del propietario manifiesta, bajo su responsabilidad, que una actuación urbanística cumple con los requisitos urbanísticos. No los cumplían. “El Ayuntamiento no les dice en ningún momento que es un bien de interés patrimonial”, denuncia González. Grupo Moraval no ha respondido a las llamadas y correos electrónicos de este periódico.

Quien facilitó el trámite de la Declaración Responsable fue Deklara, obras y actividades, una Entidad Colaboradora Urbanística (ECU), es decir, una empresa externa capaz de otorgar licencias. En el documento, Deklara afirma que el nivel de protección del edificio estaba “sin catalogar”, lo que obvia la ley regional. Los responsables de la ECU no han querido responder a este diario.

Lecciones y consecuencias

La consecuencia de este cúmulo de fallos es que el 21 de junio las máquinas entran en el recinto y comienzan a demoler este inmueble protegido. Es la alerta de los vecinos en Twitter la que llama la atención de la asociación Madrid, Ciudadanía y Patrimonio, quien a su vez logra la atención de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad. El 22 de junio, los técnicos del departamento necesitaron llamar a la Policía para que los propietarios les permitieran entrar y entregar la orden que paralizaba los trabajos. Una fuente municipal que pide anonimato explica que “los propietarios han utilizado todos los resortes posibles para ir por la puerta de atrás y no pedir la licencia correspondiente”. Ni el Ayuntamiento ni la Comunidad escucharon los avisos vecinales.

¿Y ahora qué? Por una parte, a instancias de MCyP, la Fiscalía de Medio Ambiente investiga la actuación para determinar quién es el responsable; por otra, el pleno del Ayuntamiento aprobó el pasado miércoles una propuesta de la socialista Mercedes González para investigar la demolición del convento “con el fin de depurar responsabilidades, tanto desde el punto de vista político como de carácter técnico". La moción salió adelante por unanimidad. Una portavoz del Área de Desarrollo Urbano Sostenible señala que en la nueva ordenanza de urbanismo, que está a punto de aprobarse, se contemplará que este tipo de derribos no se puedan hacer mediante una declaración responsable, sino que sea necesaria una licencia. Además, afirma que, también en breve, se sacará un contrato menor para hacer un diagnóstico de los elementos protegidos y tratar de actualizar el catálogo, que lleva parado desde 1997

Paloma Sobrini, directora general de Patrimonio, incide en la necesidad de actualizar este catálogo, la herramienta que muestra a los Ayuntamientos que un edificio está protegido. Además, adelanta que “no se va a levantar la paralización cautelar”, es decir, que lo que queda del convento “no se va a demoler”: “no se puede tocar ni un ladrillo sin la autorización de Patrimonio”. Tras reunirse con los propietarios, Sobrini no cree que se pueda restaurar el inmueble, lo que sería un “falso histórico”, concepto que repite la concejal del PP Paloma García Romero. La Dirección General de Patrimonio está trabajando con los propietarios “para intentar construir su nuevo proyecto respetando la volumetría y de manera coherente con lo que queda en pie, pero sin llegar a hacer una copia”.

En cambio, Mercedes González y los vecinos de la zona, como Juan Carlos, exigen que se restituya. Según González, “Madrid no tiene ningún control sobre su patrimonio y cuando suceden cosas como estas no tiene actitudes ejemplarizantes. Para que no vuelva a pasar habría que multar a los propietarios, obligarles a restaurar el edificio y quitarle la licencia a la ECU. La gente tiene que saber que cuando destruyes el patrimonio, que es el alma de la ciudad, esto tiene consecuencias”.