Los vecinos piden restituir el convento protegido derribado

La zona en torno al número 198 del paseo de La Habana, una de las más caras del distrito de Chamartín, está formada por casas unifamiliares de diseño y pisos con piscina. Un lugar, se podría pensar, alejado de las protestas. Sin embargo, ha prendido la llama de la movilización vecinal: desde que el pasado 21 de junio las máquinas derribaran parte del convento de las Damas Apostólicas, los habitantes de los edificios cercanos se han organizado para defender lo que consideran “un patrimonio de todos”.

Las comunidades vecinales del paseo de La Habana y de las calles de Jerez, San Telmo y Macarena, colindantes con el inmueble, han registrado una petición ante la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad y ante el Ayuntamiento de la capital para exigir “la suspensión definitiva de la demolición” y “que se obligue a los propietarios a reparar los daños causados al inmueble”. Lo explica uno de ellos, Paulino Baena: “Queremos que las instancias administrativas responsables, es decir, Comunidad y Ayuntamiento, actúen conforme a la ley regional”.

Por ello, piden “que se apuntale el edificio para que no se acabe cayendo por abandono, que se tomen medidas para cubrirlo, y que se impida que se convierta en un nido de insalubridad”. Además, solicitan “que se haga efectiva la declaración de Bien de Interés Patrimonial y sea incluido en el Catálogo de Bienes Protegidos”.

Paralización de los trabajos

La directora general de Patrimonio Cultural, Paloma Sobrini, se comprometió ayer a la paralización que exigen los vecinos: “El criterio de esta Dirección General va a ser la paralización definitiva, trabajar con lo que ha quedado, ya que el 70% del convento está en pie, y ver si podemos restaurar la apariencia del convento que hubo”, dijo a Europa Press. En declaraciones a EL PAÍS añadió que su departamento está ya trabajando con los propietarios “para intentar construir su nuevo proyecto respetando la volumetría y de manera coherente con lo que queda en pie, pero sin llegar a hacer una copia”, lo que, en su opinión, se trataría de “un falso histórico”.

La movilización vecinal arrancó el día del derribo, cuando Juan Carlos, que vive al lado, avisó de las obras a la Policía Municipal. Dos agentes se presentaron ante los operarios pero les permitieron continuar. Otra vecina avisó a la Junta Municipal del Distrito de Chamartín, que tampoco paralizó las obras. Después, comenzaron a comunicarlo a través de las redes sociales, hasta que se hizo eco la asociación Madrid, Ciudadanía y Patrimonio, que llamó la atención de la Dirección General de Patrimonio. El organismo regional necesitó avisar a la policía para conseguir entrar al día siguiente y detener los trabajos.

“Cuando los técnicos de Patrimonio se personaron, los obreros aceleraron la demolición y se cebaron con la parte de la iglesia”, señala Juan Carlos. Por ello, piden “que se abra un expediente sancionador por la comisión de un posible delito, que se haga un análisis de las actuaciones que han llevado a que el propietario crea que puede proceder a la demolición a través de una Declaración Responsable [un trámite sencillo que no autoriza este tipo de actuaciones]”.

"Es un bien que veíamos a diario los vecinos, pero también es patrimonio de todos los madrileños, y ahora lo que tenemos es un edificio parcialmente demolido y una situación de espera con muchos interrogantes en la que no sabemos cuál va a ser el siguiente paso", señala Baena. "A los vecinos nos gustaría que se obligue a la propiedad a reconstruir el edificio", añade.

Como siguiente paso, han llamado a un notario para que tome fotografías del convento, por si los propietarios tienen intención de dejarlo caer por abandono. Y esperan los resultados de las pesquisas que ha abierto el Ayuntamiento de Madrid, así como de la investigación que ha abierto la Fiscalía de Medio Ambiente sobre el cúmulo de errores que han llevado a este desenlace.