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La Fiscalía de Alicante pide cuatro años de cárcel para los responsables de ‘Paisito’ por fraude en la taquilla

Gerardo Herrero, Enrique González Macho y Javier López Blanco manipularon, según el ministerio público, la venta de entradas de las matinales de cinco cines Renoir

Fotograma de la película 'Paisito'.
Fotograma de la película 'Paisito'.

La presunta manipulación de las taquillas en sesiones matinales de la película Paisito les puede salir muy cara a los productores Gerardo Herrero y Javier López Blanco y al exhibidor cinematográfico y expresidente de la Academia de Cine Enrique González Macho.La Fiscalía de Alicante pide para cada uno de ellos penas acumuladas de cuatro años por los delitos de fraude de subvenciones y falsificación de documento público, en un juicio que forma parte de la investigación emprendida por el Ministerio de Hacienda en 2014 para verificar la recaudación de las películas subvencionadas. Además, la fiscal solicita que las empresas con las que produjeron y exhibieron el filme paguen una multa de 1,3 millones de euros por un delito de fraude fiscal, cantidad a la que se sumará la restitución de casi 700.000 euros, correspondiente a la subvención que lograron gracias a las cifras maquilladas. Este periódico se ha puesto en contacto con Herrero, que asegura no tener constancia de esta acusación.

El escrito de la fiscal constata que los tres cineastas se repartieron las labores de producción, explotación y exhibición de Paisito, una coproducción hispanouruguaya dirigida en 2009 por Ana Díez y protagonizada por Mauricio Dayub, Emilio Gutiérrez Caba y María Botto. Herrero y López Blanco son los administradores de las productoras Tornasol Films y Agrupación de Cine 004, Agrupación de Interés Económico, las dos firmas españolas que intervinieron en la coproducción y solicitaron una subvención al Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (ICAA). “La totalidad de los derechos de explotación en exclusiva de la película”, continúa el escrito, “eran de titularidad” de Alta Classics, cuyo administrador es Herrero, “y que está participada al 100%” por Alta Films, empresa propiedad de González Macho. Finalmente, tanto Herrero como González Macho participaban como consejeros de las mercantiles propietarias de los cines en los que se realizó la presunta manipulación, los Renoir de Cuatro Caminos (Madrid), Les Corts (Barcelona), Palma de Mallorca, Zaragoza y Tenerife.

Según recoge el documento de la Fiscalía, Paisito, que cuenta una historia envuelta en la corrupción política, obtuvo el 92,47% de su recaudación en nueve de los 51 cines en los que se proyectó. Y el 25,25% del total “se obtuvo en sesiones matinales de cinco de esos nueves cines, con aforos superiores al 90%”. El método siempre era el mismo. En los Renoir madrileños, se pasó la película en 13 sesiones por la mañana de un total de 112. En los de Barcelona, 14 de 118. En Palma fueron 18 de 130, en Zaragoza, 17 de 122 y en Tenerife, 12 de 138. Pese a ello, el taquillaje en estos pases era estratosférico y oscilaba entre el 29% y el 39% del total registrado por cada cine. De hecho, mientras las sesiones matinales se llenaban con un mínimo de 230 personas, en las sesiones ordinarias apenas alcanzaban los 78 espectadores de media máxima. Finalmente, la fiscal puntualiza que, en todos los cines referidos, las últimas sesiones, siempre más de diez, fueron matinales.

Gracias a este método, continúa el documento, la recaudación bruta de la coproducción alcanzó los 336.270,09 euros, suficiente para recibir una subvención cuyo listón mínimo estaba puesto en los 330.557 euros. Así, Agrupación de Cine 004, Agrupación de Interés Económico –empresa con domicilio fiscal en Ciudad de la Luz, complejo cinematográfico alicantino con el que Herrero mantuvo una amplia relación- obtuvo 612.701, 22 euros por parte del ICAA, dentro de su capítulo de Ayudas a la Amortización de Largometrajes. Tornasol Films recabó además 6.188,91 euros, cantidad “que fue reintegrada con posterioridad”, detalla la fiscal.

Por todo ello, la Fiscalía solicita que se imponga la pena de dos años de prisión y una multa de 700.000 euros por un delito de fraude de subvenciones, a lo que se suman 24 meses de prisión más, más una multa de 6 euros diarios durante diez meses por el delito de falsificación de documento público, a cada uno de los acusados. Herrero, López Blanco y González Macho deberán reunir también de forma “conjunta y solidaria” 694.556, 56 euros para reintegrar al ICAA la subvención más los intereses de demora. Por último, la fiscal pide que las dos productoras y las exhibidoras responsables de estos cinco cines abonen una multa de 1,3 millones por fraude fiscal.

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