Las madres de la reforma constitucional

La propuesta del Gobierno de incorporar el “lenguaje inclusivo” en la Constitución española requiere indispensablemente la intervención de una amplia mayoría del Congreso y del Senado e, incluso, la convocatoria de un referéndum y de nuevas elecciones, según coinciden tres profesores de Derecho Constitucional consultados por EL PAÍS. “No se puede tocar ni una coma del texto sin hacer una reforma [legal]”, sentencia Francisco Javier Díaz, catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha. Según detalla Eduardo Vírgala, de la Universidad del País Vasco, si se cambia cualquier letra de los artículos del 1 al 9 (Título Preliminar), del 15 al 29 (Sección Primera del Capítulo Segundo del Título Primero) o del 56 al 65 (Título Segundo) se tendría que recurrir al procedimiento de reforma a través del artículo 168, que exige que dos tercios del Congreso y el Senado voten a favor, que se disuelvan las Cortes, se convoquen nuevas elecciones, que lo aprueben ambas cámaras de nuevo por dos tercios y que se celebre entonces un referéndum final obligatorio. “Si afectara, en cambio, a cualquier otro artículo, iría por la vía del 167, que exige mayoría de tres quintos en Congreso y en Senado”, añade Vírgala, que detalla que, entonces, solo habría que convocar una consulta si en los 15 días siguientes a la aprobación lo pide una décima parte de la Cámara Baja o de la Alta. “Para esta reforma [del lenguaje inclusivo] creo que habría que tocar el Título Preliminar o el Primero. Y, por supuesto, habría referéndum”, opina Fernando Álvarez-Ossorio, profesor de la Universidad de Sevilla. “Creo que estos cambios en la redacción tendrían sentido incluirlos si se van a hacer en el contexto de que se fuese a impulsar una revisión global de la Constitución”, añade Díaz.

La Real Academia Española sostienen desde el movimiento feminista, ha ido corrigiendo sus diccionarios, "después de oponer mucha resistencia", pero mantiene ejemplos de los que denuncian su "carácter machista". He aquí algunos.

Trapo. 8. m. pl. coloq. Prendas de vestir, especialmente de la mujer. Todo su caudal lo gasta en trapos.

Empedernido, da. Obstinado, tenaz, que tiene un vicio o una costumbre muy arraigados. Fumador empedernido. Habladora empedernida.

Comecocos. 2. m. y f. coloq. Persona que enajena o convence a alguien. Es una comecocos; sus teorías no tienen pies ni cabeza.

Pronunciar. 4. tr. Resaltar, acentuar, destacar. Esa falda blanca pronuncia tus caderas.

Golondrinas a la RAE, una de las campañas de la Escuela de Formación Feminista Evefem, disecciona los problemas de género relacionados con la RAE, tanto en lo que se refiere a su funcionamiento como a sus productos culturales. Dicen haber conseguido, entre otras cosas, que “edén” ya no sea la morada del hombre, sino de Adán y Eva. O que “pezón” no sea solo para dar de mamar.

Las discusiones sobre la escritura inclusiva llevan meses arrastrándose en Francia. El primer ministro, Édouard Philippe, pareció zanjarlo en noviembre de 2017 al especificar, en una circular, las normas gramaticales que podían usarse en los textos de la administración. Una propuesta de enmienda constitucional, presentada por una diputada de la mayoría presidencial en la Asamblea Nacional, reabre el debate.

En su circular, Philippe prohibía en los textos oficiales el uso de una grafía cada vez más habitual en Francia, el llamado punto mediano (·), que sirve para incluir en una misma palabra el género masculino y femenino. Por ejemplo: un·a diputado·a. La Academia de la lengua había protestado vivamente contra prácticas como esta que, alertaba, ponen la lengua francesa “en peligro mortal”. Al mismo tiempo, el primer ministro aconsejaba usar el artículo femenino cuando el cargo designa a una mujer. En francés se escribe a veces, referido a una mujer ministre, “le ministre”. A partir de ahora, debe ser “la ministre”. La diputada de La República en marcha Isabelle Rauch ha propuesto, en el marco de la actual reforma constitucional, que los cargos citados en la Constitución figuren en femenino también. Su propuesta no incluye la escritura con el polémico punto mediano.

El último debate con respecto al lenguaje inclusivo en Alemania tuvo lugar el pasado 13 marzo cuando el Tribunal Constitucional, con sede en la ciudad de Karlsruhe, rechazó una demanda sobre la utilización de términos femeninos para dirigirse a las mujeres en documentos oficiales. El tribunal desestimó con su sentencia la solicitud por un lenguaje inclusivo de una cliente de un banco en el Estado federado del Sarre. La demandante había exigido que en los documentos oficiales de la entidad bancaria se utilizara el término femenino "clienta" para referirse a ella y otras mujeres en formularios y cartas oficiales. La sentencia niega que el uso de la forma masculina genérica implique prejuicio para las mujeres, de acuerdo con el artículo tres de la Ley de trato igualitario que obliga al Estado a apoyar la aplicación efectiva de esta condición para ambos sexos. El tribunal considera además que la utilización cotidiana de estas formas en el lenguaje demuestra la inclusión de todas las personas, sin considerarse discriminatorio.

Pocos días antes de la sentencia, la canciller alemana, Angela Merkel, había rechazado una propuesta para modificar la letra del himno nacional e incluir un lenguaje más inclusivo hacia las mujeres, tal como lo han hecho recientemente países como Canadá y Austria. El portavoz de Merkel, Steffen Seibert, intentó zanjar el debate diciendo que la canciller está "muy contenta" con la versión tradicional del himno y, por tanto, no veía la necesidad de modificarlo. El debate surgió a raíz de una circular enviada por la responsable de Igualdad del Ministerio de Familia, Kristin Rose-Möhring, en la que proponía cambios en determinados pasajes para eliminar términos como "patria" o "fraternal" que, en alemán, aluden directamente al género masculino.

En 2016 en Portugal, el Bloco de Esquerda propuso cambiar el nombre de la Tarjeta del Ciudadano (el equivalente al DNI español), por el de Ciudadanía, “por ser un lenguaje sexista que no respeta la identidad de género de más de la mitad de la población”. La iniciativa tuvo el apoyo del Gobierno para el caso de las nuevas emisiones de carnés, no así la del Partido Comunista, que opinó que “existían problemas más importantes en el país”. Ya en 2013, el mismo Bloco propuso en el Parlamento cambiar la expresión de “derechos del hombre”, por “derechos humanos”, a la que también se abstuvo el PC.