Màxim Huerta solo recibirá 1.000 euros como exministro

Màxim Huerta, que acaba de dimitir como ministro de Cultura tras siete días en el puesto, no va a gozar del generoso régimen de compensaciones económicas de los ex altos cargos debido al escaso tiempo que ha estado en su puesto, aunque seguramente tampoco sufra el rigor del régimen de incompatibilidades al que se tienen que someter los ministros cesantes.

Huerta tiene derecho a una compensación económica por parte del Estado de 1.183 euros brutos (menos retenciones) por la semana justa que ha estado al frente de Cultura, lo que arroja una indemnización de en torno a los 1.000 euros.

Así lo señala el artículo 10.5 en su disposición primera de la Ley 74/1980, de 29 de diciembre, introducida en los Presupuestos Generales del Estado de 1981, que dispuso que los exministros del Gobierno y asimilados que cesasen en el ejercicio de dichos cargos tenían derecho a percibir a partir del mes siguiente en que se produzca el cese, y durante un plazo igual al que hubieran desempeñado el cargo, sin que puedan percibirse más de 24 mensualidades, una pensión indemnizatoria mensual igual a la doceava parte del 80% del total de retribuciones asignadas al cargo respectivo en el Presupuesto en vigor durante el plazo indicado.

Como quiera que Huerta iba a percibir como ministro un salario mensual de 6.340 euros, tras la última revisión introducida en la ley de Presupuestos Generales para 2018, y el 80% de esa cantidad son 5.072 euros le corresponde solo una compensación de 1.183 euros que, restando las retenciones, quedará en torno a los 1.000 euros.

Incompatibilidades

Afortunadamente para el presentador de televisión y escritor Màxim Huerta, la corta duración de su mandato también le exime de las duras incompatibilidades para ejercer en la actividad privada que han sufro otros colegas suyos cuando han dejado la cartera de Cultura.

La ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado establece que los altos cargos, durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, no podrán prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado.

La prohibición se extiende tanto a las entidades privadas afectadas como a las que pertenezcan al mismo grupo societario.

Para fortuna, el ya exministro de Cultura apenas ha tomado ninguna decisión en el ejercicio de su cargo. La única que se le conoce es la de enviar un requerimiento de información a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) sobre su sistema de reparto y su Asamblea General, prevista para el próximo 21 de junio.

La ley entiende que un alto cargo participa en la adopción de una decisión que afecta a una entidad cuando el alto cargo, en el ejercicio de sus propias competencias o funciones o su superior a propuesta de él o los titulares de sus órganos dependientes, por delegación o sustitución, suscriba un informe preceptivo, una resolución administrativa o un acto equivalente sometido al Derecho Privado en relación con la empresa o entidad de que se trate. En segundo lugar, cuando hubiera intervenido, mediante su voto o la presentación de la propuesta correspondiente, en sesiones de órganos colegiados en las que se hubiera adoptado la decisión en relación con la empresa o entidad.

No consta que el ministro de Cultura en el breve plazo en el que ha estado al frente del departamento este en ninguno de estos dos supuestos, por lo que no tendrá problema en reanudar su carrera profesional en la televisión, como periodista o como escritor.