Los operadores turísticos denuncian la reventa de entradas en la Alhambra

Los grandes operadores turísticos han denunciado la existencia de un sistema de reventa de entradas a la Alhambra por parte de pequeñas agencias de viajes que revenden a 40 euros billetes cuyo precio oficial es de 14. Este incremento de 26 euros supone un encarecimiento del 185%.

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Yolanda Muñoz, presidenta del colectivo Operadores Turísticos Asociados (OTA), que desarrolla paquetes turísticos, esboza el siguiente modus operandi: pequeñas agencias sin negocio ni clientes recogen el cupo que les corresponde del reparto equitativo que la Alhambra hace entre las distintas empresas del sector. Éstas contactan entonces con los grandes operadores y comienza una subasta en el que las entradas se las queda el que mejor las paga. “En temporada alta, cuando tenemos mucha presión para conseguir pases, pueden llegar a pedir hasta 40 euros por tique”, dice Muñoz.

La reventa de entradas de espectáculos o similares en la calle es un delito que acarrea altas multas. Sin embargo, fuera de ella, ese trasiego de entradas de una persona a otra con un sobreprecio deja de ser delictivo si se le añade cláusulas como gastos de gestión, servicio complementario de guía, etc. Eso ocurre con las entradas de la Alhambra, por lo que a priori no existe delito, dado que la venta de minoristas a mayoristas incluye el concepto de “gastos de gestión”, avanzó ayer la Cadena Ser. Sin embargo, el perjuicio al turista —nacional o extranjero— es evidente.

Hace tres años el Patronato de la Alhambra cambió el sistema de reparto de entradas al sector turístico. Entonces, cuenta Muñoz, “a cada agencia se le daba las que necesitaba, según su demanda y su volumen de clientes. Hace tres años, decidieron cambiar esa modalidad y repartir los pases por igual, sin importar el tamaño de la agencia o sus necesidades”. Muñoz reconoce que ella, por ejemplo, llegó a requerir y conseguir 9.000 entradas en algunos meses. “Nuestra cuota mensual ahora está en los 500 pases”, añade.

La presidenta de la OTA lamenta que “se han llegado a crear agencias de viajes sin otra finalidad que poder conseguir el correspondiente cupo de entradas para luego ofrecérsela a los mayoristas a precio de oro”. Y cuantifica en más de 50 las empresas creadas con este objetivo. Muñoz ha calculado el beneficio por empresa: 500 pases mensuales a los que les pueden conseguir una rentabilidad sobre los 14 euros establecidos de 25 euros suponen un beneficio mensual de 12.500 euros para cada una de esas nuevas pequeñas agencias “que la mayoría de las veces no tienen oficinas, trabajadores, ni nada. Un ordenador y tener el contacto con las mayoristas para ofrecérselas es suficiente”, concluye Muñoz.

Desde el Patronato de la Alhambra, su director Reynaldo Fernández Manzano, explica que “la Alhambra no tiene ejército ni policía” y no puede luchar contra un fraude del que, además, no tienen datos concretos. “Tendrá que ser la policía y los inspectores de turismo y hacienda quienes luchen contra esta reventa”. Fernández Manzano insiste en que ellos han ofrecido soluciones. “Como en el nuevo sistema de entradas individuales, les hemos ofrecido que sus entradas sean también nominativas. Del mismo modo que incluyen el nombre en la reserva de avión o de hotel, podríamos hacerlo en las entradas de la Alhambra. Pero se niegan a ello y no entiendo la razón”, dice el director. Fernández insiste en que ni siquiera el sector turístico se pone de acuerdo en las soluciones.

La polémica surge días antes de dictarse sentencia por el primer gran fraude de las entradas a la Alhambra. En 2005, fue el propio equipo directivo del monumento nazarí el que denunció una red formada por algunos empresarios y guías turísticos que, de acuerdo con vigilantes del recinto, permitían el paso de visitantes a los palacios con entradas ya utilizadas, de fechas ya pasadas o incluso sin entradas. La fiscalía valoró aquel fraude en algo más de 6,5 millones y casi medio centenar de personas se sentó en el banquillo de los acusados. Tras la denuncia en 2005, se necesitaron algo más de 10 años de investigación judicial.