España y sus leyes de fugas

España se dotó de una de las leyes de propiedad intelectual más avanzadas del continente, pero los autores tienen mucho que envidiar a sus colegas europeos. “Nuestra ley [que cumple 30 años en noviembre] nos otorga derechos, pero no nos da medios para defenderlos”, explica Carlos Muñoz, asesor jurídico de la Asociación Colegial de Escritores de España (ACE). Si hay problemas en la recaudación por copia privada y por préstamo bibliotecario —dice— también los hay por contratos abusivos, porque es imposible saber cuántas copias de tu libro se han tirado, por la piratería y por un deficiente régimen sancionador que disuade a los autores de recurrir a los tribunales. La realidad es que solo un 2% puede vivir de la literatura. “La media de ingresos por derechos de autor de nuestros asociados es de 10.000 euros. El 80% trabaja para pagarse las vacaciones”. España, donde el sector del libro representó en 2014 el 0,9% del PIB y el gasto liquidado en la materia se redujo drásticamente durante la crisis (un 66% en la Administración del Estado, hasta los 5,25 millones, y un 73% en las autonomías, hasta los 11,8 millones), da un trato fiscal preferente a los libros de papel (4% de IVA frente al 7,4% de la media de Europa), tiene un sistema de precio fijo y una gran asignatura pendiente en la jubilación de sus escritores.

Copia privada. El Gobierno aprobó en julio el regreso al canon digital existente hasta 2011 por el que los fabricantes y distribuidores de equipos, aparatos y soportes de reproducción deben pagar una tasa por las copias privadas. Vino así a llenar el vacío legal reinante desde que la justicia europea tumbó en 2016 —y el Supremo anuló— el sistema de financiación que obligaba a los españoles a pagarlo a través de los Presupuestos Generales. En 2007, con el antiguo canon, la entidad de gestión de derechos Cedro percibió 40 millones de euros, frente al millón de 2012 y los cero euros por copias correspondientes a 2015 y 2016, según Carmen Cuartero, del departamento de Comunicación de la entidad. La ley establece que las entidades deben dedicar el 20% de los ingresos por este concepto a actividades de formación, promoción, asistencia para autores y editores. “Hemos financiado hasta sepelios de premios nacionales”, ilustra. Con cero ingresos, en los últimos años esas ayudas prácticamente habían desaparecido.

Préstamo bibliotecario. Están exonerados de pagar por préstamos de libros, discos y otros bienes culturales los establecimientos de municipios de menos de 5.000 habitantes. Se recauda poco —79.000 euros en 2015— y mal porque resulta difícilmente gestionable para Cedro dirigirse a casi 2.000 Ayuntamientos para reclamarles cantidades ínfimas. El sector pide que se modifique la ley para centralizar el pago entre el Estado (80%-90%) y las autonomías (10%-20%) y que se actualice la tarifa. “La centralización del pago que pretende Cedro no resulta viable. No hay en consecuencia ningún proyecto en este sentido”, responden fuentes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Si pagaran todos los municipios que deben, recaudarían unos 400.000 euros al año frente a los 16 millones de euros de Francia, 10,74 millones de Alemania o 7 millones de Reino Unido. El presupuesto de las bibliotecas cayó además radicalmente en 2012. “Ifla/Unesco dice que debe haber un libro y medio y un gasto de euro y medio por habitante y año. En 2011 casi se había alcanzado la referencia internacional. Ahora la inversión es de 56 céntimos”, observa Antonio María Ávila, secretario de la Federación del Gremio de Escritores de España.

Contratos. “Hay editores, fundamentalmente pequeños y medianos, que por su situación precaria tienden a no formalizar contratos”, dice Manuel Rico, presidente de la Asociación Colegial de Autores de España. “Y después de la crisis son pocos los que pagan un anticipo y, si lo hacen, dan uno mucho más bajo”.

Royalties y pensión. Cervantes escribió la segunda parte del Quijote a los 67 años, pero los escritores españoles jubilados tienen que renunciar a la pensión si superan los 9.000 euros de ingresos por derechos de autor. Creadores como Forges o Javier Reverte se han visto afectados por la incompatibilidad. Los partidos coinciden en que hay que acabar con ella y prevén hacerlo en el Estatuto del Autor y el Artista. “Te están condenando a que no escribas, están frenando la creatividad”, dice la escritora y presidenta de Cedro, Carme Riera. El sector lucha por que se abra una nueva casilla en el IRPF para poder declarar los derechos de autor como rendimientos de la propiedad intelectual.

Fiscalidad. Como autónomos, los autores demandan que se regule la intermitencia del trabajo. Ahora tienen que abonar un mínimo de 300 euros mensuales ganen lo que ganen. En Francia, dice Rico, pagan 44 euros al mes y, si a fin de año han ganado más, lo liquidan. Lo que sí pueden hacer es no tributar de golpe los ingresos por derechos de autor.

Piratería. El 22% de los 4.128 millones de accesos ilegales a contenidos en 2016 fueron a libros con un valor de mercado de 3.103 millones de euros. “La ley no contempla mecanismos administrativos para actuar contra páginas pirata”, lamenta Rico. En Francia, Portugal o Italia, en cambio, se puede ordenar el cierre de una web y que luego decidan los tribunales.

Ayudas. El Gobierno central, con 801 millones de euros para Cultura en 2017, suprimió las ayudas a la creación. Sí concede subvenciones a la edición de libros (800.000 euros este año) y a la traducción (208.000). En autonomías con lengua propia como País Vasco y Cataluña hay incentivos para la escritura, pero son más importantes los destinados a la edición (626.800 y 973.000, respectivamente).