Los distribuidores pagarán el canon digital para compensar a los autores

Las copias de vídeos, música y libros que hacen los usuarios privados para su disfrute exigen una compensación a los autores de esas obras. Ante la imposibilidad de vigilar las acciones de cada persona con su teléfono móvil, sus discos compactos, o un lápiz de memoria, por ejemplo, existe un canon digital que tendrán que pagar los fabricantes en España o los importadores que distribuyan estos aparatos a los establecimientos comerciales. Así lo aprobó ayer el Consejo de Ministros, tras la sentencia del Tribunal Europeo (junio de 2016) y la consiguiente anulación por parte del Tribunal Supremo del pago a los autores con cargo a los Presupuestos Generales del Estado que aprobó el Gobierno del PP y entró en vigor en 2012.

De vuelta, pues, al antiguo canon digital, para satisfacción de las sociedades que gestionan los derechos de autor. España estaba en una situación ilegal porque era el único país de su entorno donde no se compensaba a los autores por estas copias privadas. “Con este decreto se revierte una situación de ilegalidad en nuestro ordenamiento jurídico. Había quedado un vacío legal de las copias de los ciudadanos. El Tribunal Supremo había declarado nulo el decreto”, dice Antonio Fernández, director general de Adepi, la organización que agrupa a las sociedades de gestión de derechos. “El canon es el mejor modelo posible. En todos los países de Europa, a excepción de Finlandia, funciona este sistema. Y en Finlandia tendrán que cambiarlo y ajustarse a la normativa europea, pero mientras tanto han seguido recaudando, algo que no ha pasado en España”, lamenta Fernández

.El decreto aprobado ayer tiene todavía que pasar por las Cortes y desarrollarse en reglamentos. “Entrará en vigor a principios de agosto previsiblemente”, confía Fernández. “Pero el pasado hay que reclamarlo en tribunales. Habrá que recurrir la falta de compensación por este tiempo de vacío”, asegura. “Desde 2015 los profesionales no reciben compensación por las copia privadas. Éramos el único país en Europa en esta situación. El canon lo vuelve a poner en marcha”, añade.

Cuantías transitorias

Efectivamente, desde la entrada en vigor de este decreto y hasta que los reglamentos se desarrollen, se han establecido unas cuantías que habrán de sufragar las distribuidoras que van desde los 5,25 euros por un escáner o impresora, los 0,33 euros por un disco compacto mixto o los 0,24 euros de una memoria USB. Los teléfono móviles (smartphones) se cargarán con 1,10 euros por unidad. “Son cifras más bajas que las que se manejan en Europa pero las entendemos como algo transitorio, provisional, hasta que se determine un importe calculado con criterios objetivos, y uno de ellos es la media europea, como dice en el artículo 25”, recuerda Fernández. Asegura que por ahora se conforman dado que llevaban “desde 2015 sin percibir nada por este concepto” y porque este decreto corría prisa “para que España no recibiera más multas de Europa por este vacío legal”.

Los receptores de las compensaciones económicas serán los autores de libros o publicaciones asimiladas, de vídeos y audios (así como sus productores) y los editores. Las sociedades de gestión de derechos de autor deberán constituir una entidad que vigile todo el proceso e informe al Ministerio de Educación y Cultura.

“La compensación funciona desde los años 60 en algunos países. Es el modelo que se ha demostrado más efectivo. No hay opción a más experimentos en España. El anterior canon fue un desastre. El ministro ha explicado que estamos advertidos por la Comisión Europea. Poca broma. No podemos pedir más Europa y ser los primeros que nos saltamos por la torera el reglamento europeo”, se queja Fernández.

El sistema que implantó el Gobierno del PP disgustó a las sociedades de gestión. Sus ingresos cayeron de 115 millones de euros en 2011, con el sistema anterior, el canon que actualizó Zapatero para incluir los nuevos soportes del mundo digital, a cinco millones en los años siguientes, con el cargo a los presupuestos que implantó Rajoy. Esa fue la razón de que tres de estas entidades (Egeda, Vegap y Dama) recurrieron en 2013 el decreto ante el Supremo.

El alto tribunal consultó al Tribunal de Justicia de la UE, que no le encontró ajuste en las leyes europeas: “No garantiza que el coste de la compensación equitativa solo sea sufragado por los usuarios de copias privadas”. En realidad lo pagaba todo el mundo dado que se cargaba a los Presupuestos Generales del Estado.