PP y Ciudadanos acuerdan bajar el IVA cultural pero excluyen al cine

El documento 150 compromisos para mejorar España, suscrito ayer por el PP y Ciudadanos, incluye la reducción del IVA, en su artículo 89, para "los espectáculos en directo": es decir, conciertos, teatro o danza. Eso deja fuera al cine, cuya industria sigue considerándose perseguida por el PP.

El texto no concreta cuál será el nuevo tipo fiscal aplicable a la cultura, que pasó del 8% al 21% actual tras la reforma aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en septiembre de 2012, convirtiéndose desde entonces en la principal queja del sector. Desde ese momento, actores, directores, productores y exhibidores, en general cualquier trabajador del cine, han denunciado una especial hostilidad por parte del PP, algunos de cuyos dirigentes incluso apostaron por bajar el tipo impositivo. Leído el documento de ayer, parece claro que no será próximamente.

De los dos partidos que han firmado el acuerdo, el PP ha declinado explicar ese artículo 89. Sí lo ha hecho Marta Rivera, portavoz de Cultura en la Ejecutiva Nacional de Ciudadanos: "En nuestra propuesta se incluía el cine. Peleamos todo lo que pudimos. En nuestro programa proponemos un IVA al cine al 10%. No hemos renunciado a ello. Lo lamento profundamente. Nos sigue pareciendo que el 21% para el cine es desproporcionado. Hay que quedarse también con lo que hemos obtenido: en el documento inicial de propuestas que el PP mandó a los demás partidos no había una sola linea de Cultura, y ahora hay una pagina entera. Y lo que incluye es más que lo que ha hecho la secretaria de Cultura en 5 años. Esa batalla no se ha acabado". Rivera apostilla: "Es la renuncia que más me duele. Aunque el pacto prevé reforzar la Sección Segunda de la Comisión Sinde y eso permitiría dar un paso de gigante en lucha contra piratería, lo cual beneficiaria también al cine. Entiendo que es un flaco consuelo".

Para Ibán García del Blanco, secretario Federal de Cultura y de Movimientos Sociales del PSOE, "el PP ha vuelto a imponer su visión del cine, que parece una vendetta política. No tiene otra interpretación que la de la mala fe. En general, todo el documento es una autoenmienda del PP a su política, por lo que supongo que no tienen intención de cumplirlo". Por su parte, Jorge Lago, miembro del Consejo Ciudadano en las áreas de Cultura y Formación de Podemos, apunta: "Me parece una vergüenza y que Ciudadanos blanquea al PP. Está claro en el caso del cine que no responde a razones económicas, porque es contraproducente. Se está devaluando un sector, lo que hace que genere menos ingresos. No hay razones de tipo cultural, salvo que la política cultura sea que no exista".

"Sospecho que entre los negociadores del acuerdo había alguien que quiere castigar no al cine, sino a los españoles que van al cine"

Ramon Colom, presidente de la confederación de productores audiovisuales FAPAE, confiesa su decepción: "Yo no me lo creo, pero voy a tener que aceptarlo. Es que me parece absurdo y las cosas absurdas solo pasan con monopolio del poder, con mayorías absolutas. Aunque es un acuerdo de investidura que veremos si se realiza". Colom tiene una reunión mañana martes previamente agendada en el ICAA -el organismo que regula el cine dentro de la Secretaria de Cultura- y allí volverá a salir el tema: "Lo curioso es que tenemos buena relación con el Gobierno. ¿De dónde sale tamaña inquina? Mariano Rajoy no se mete en eso ni loco. De Cultura, tampoco. ¿Hacienda? No me lo creo. Sospecho que entre los negociadores del acuerdo había alguien que quiere castigar no al cine, sino a los españoles que van al cine. No es contra toda la industria, sino que los principales afectados son los exhibidores. Ahí alguien quiere hacer notar". Y apunta: "Es curioso cómo se enseña así de descarada la patita, ¿no?".

Entre las primeras reacciones de los cineastas, está la de Emilio Martínez-Lázaro, director de Ocho apellidos vascos y Ocho apellidos catalanes, y uno de los realizadores más taquilleros de la historia del cine español: "Yo estoy quemado con este tema. Me sorprende que el PP haya arrastrado a Ciudadanos a semejante basura".

"Me sorprende que el PP haya arrastrado a Ciudadanos a semejante basura"

En cuanto a los exhibidores, agrupados en FECE, esta mañana han reflexionado en un comunicado sobre el artículo 89: "No entendemos en qué argumentos se basa el PP para determinar, unilateralmente, que el cine no es cultura y su deseo en mantener el afán confiscatorio con las salas de cine, mientras que al resto de actividades culturales, como la música y el teatro, sí se beneficiarán de esa reducción”. La Federación de Exhibidores prosigue: "Por nuestra parte, nos hubiera gustado estar dentro de ese pacto desde el primer momento, pero eso no quita que seguiremos luchando y defendiendo lo que creemos que es justo: un IVA cultural para las salas de cine en la línea del resto de países de la zona euro".

El secretario de Estado de Cultura en funciones, José María Lassalle, ha declarado, durante la presentación del proyecto VRPolis, que representará a España en la I edición de la Bienal del Diseño de Londres, que desearía que la aplicación de la bajada del IVA cultural, se resuelva "cuanto antes". "En lo que a mí me atañe, ojalá cuanto antes, podamos resolver esta cuestión".

Además de la reducción del IVA para los espectáculos en vivo, el acuerdo también propone la "modificación de los tipos impositivos del IVA cultural de forma que no se produzca discriminación entre actividades públicas y privadas". Se comprometen además a aprobar una Ley de Mecenazgo y un Estatuto del Artista y el Creador para promover el desarrollo de las industrias culturales y creativas del país, y reforzar la protección social de artistas, autores y creadores, con un "sistema de bonificaciones a la exportación y la acción cultural exterior". En el documento se incluye también la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual y de Derechos de Autor, con "medidas para defender los derechos de los creadores de contenidos digitales" y revisando aspectos relativos "a la copia privada, su compensación y su ámbito".

Se comprometen además a estudiar la creación de una Secretaría General de Propiedad intelectual y aprobar un plan para el Instituto Cervantes, que extienda sus centros por toda Latinoamérica, aumente su presupuesto y garantice su independencia mediante la selección de sus gestores "por criterios de mérito" totalmente transparentes.