La gran lucha de pequeños pueblos por su patrimonio

El antiguo poblado morisco de L'Atzuvieta muestra un paisaje desolador en las montañas del norte de Alicante. Fundado antes de 1356 y con una estructura de calles y diez casas aún en pie, pese al estado de abandono en que se encuentra, este asentamiento de musulmanes conversos es uno de los mejores conservados de España. Se sabe que hasta 1609 lo habitaron 17 familias, y que tras la expulsión de los moriscos por Felipe III fue ocupado por cristianos y después sus estancias utilizadas como corrales, gracias a lo cual sobrevivió. Por ser ejemplo destacado de la evolución de la arquitectura rural islámica en la península, L'Atzuvieta fue declarado en 2012 Bien de Interés Cultural junto a otros tres despoblados moriscos de la zona, si bien ello no impidió su particular descenso a los infiernos. Muros enteros caídos en el suelo, malas hierbas hasta la cintura, ninguna vigilancia para evitar expolios y los carteles explicativos destrozados, es el panorama al recorrerlo hoy. “Es solo un ejemplo de la dejadez y la miopía política imperante”, dice Pablo Martínez Sarch, alcalde de la Vall'd Alcalà, el pequeño municipio de menos de 200 habitantes al que pertenece el enclave.

Cuenta este regidor que L'Atzuvieta es solo uno de los bienes patrimoniales caídos en desgracia en la Marina Alta, comarca rica en castillos, caminos tradicionales, restos de poblados íberos, molinos, pozos árabes y numerosos yacimientos de arte rupestre macroesquemático, esquemático y levantino, declarados en 1998 por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. “Para un pequeño ayuntamiento como este, proteger y poner en valor su patrimonio al aire libre es un drama, una misión verdaderamente difícil”, confiesa Martínez, elegido alcalde (por el PSOE) en las últimas elecciones.

Muchas veces es la conciencia social y ciudadana la que arrastra a las instituciones en defensa del patrimonio, y no al contrario, denuncia la Lista Roja de Patrimonio en peligro

Como en la mayoría de los pequeños municipios de España, el presupuesto de La Vall d'Alcalà no alcanza para nada y eso que ni los concejales ni el alcalde cobran un salario. “Nuestro presupuesto anual es de 150.000 euros, y después de hacer frente a los gastos fijos y a lo imprescindible quedan disponibles unos 10.000. Con eso, como comprenderá, poco puede hacerse”, señala. A la precaria situación de los ayuntamientos se suman las escasas inversiones que las instituciones suelen destinar a los asuntos culturales, “y a ello”, indica el alcalde, “hay que añadir que muchas veces es la falta de voluntad política y los mecanismos burocráticos lo que más entorpece la adecuada preservación del patrimonio”.

Esta tarea desde hace 30 años está transferida a las autonomías. Son ellas, junto a las diputaciones, las que se ocupan de la preservación y puesta en valor del patrimonio y los bienes culturales, fundamentalmente por la vía de las subvenciones. Y he aquí uno de los problemas. En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, la Consellería de Cultura obliga al ayuntamiento al que concede una subvención a cofinanciar la obra con al menos un 25% del valor presupuestado. Esto asfixia a los pequeños municipios, que no tienen dinero para responder. Lo corrobora Juan José Sendra, quien durante más de una década fuera alcalde de La Vall d'Alcalà por el PP. En las últimas elecciones fue derrotado por Pablo Martínez, pero este lo incorporó a su equipo como concejal de patrimonio. Cuenta Sendra que tras la declaración como Bien de Interés Cultural, el consistorio recibió una subvención de 300.000 euros para rehabilitar L'Atzuvieta. “Pero teníamos que poner nosotros 40.000 euros y financiar la obra entera previamente, que la Consellería nos pagaría dos años después. Así que perdimos la subvención”, recuerda.

El papel de las asociaciones culturales locales es fundamental, a veces son las que más mueven a cuidar el patrimonio y a contemplarlo como una riqueza 

Por desgracia, esto es “bastante habitual”, constata Araceli Pereda, directora de la revista Hispania Nostra, que elabora la Lista Roja del Patrimonio en peligro, en la que figuran más de 750 castillos, iglesias, yacimientos arqueológicos, paisajes naturales y otros bienes a defender. Pereda está cansada de ver como cada mes entran a la Lista nuevos pacientes, y no pocos, como L'Atzuvieta, en estado grave. “Muchas veces es la conciencia social y ciudadana la que arrastra a las instituciones en defensa del patrimonio, y no al contrario. Las instituciones suelen llegar tarde y mal a la conservación y puesta en valor de los bienes culturales, se actúa cuando alguien protesta, pero no hay un plan general de actuación”, afirma Pereda. El ex director del Museo Reina Sofía, Tomás Llorens, que en los años ochenta fue director de Patrimonio de la Generalitat valenciana, destaca también la importancia de las “asociaciones culturales locales, que a veces son las que más mueven a cuidar el patrimonio y contemplarlo como una riqueza que puede servir de motor de desarrollo de una determinada zona”, algo que a las administraciones les cuesta ver.

“Cada vez la gente tiene más consciencia de la importancia de conservar los bienes patrimoniales, en España se ha avanzado mucho, ha habido un cambio de paradigma”, dice desde el Ministerio de Cultura el director general de Bellas Artes, Bienes Culturales, Archivos y Bibliotecas, Miguel Ángel Recio. Pablo Martínez está de acuerdo. “Pero si los españoles hemos mejorado, las instituciones no tanto”, asegura mientras pasea entre las ruinas de L'Atzuvieta. “Si no hay un cambio de modelo, pequeños ayuntamiento como La Vall d'Alcalà seguiremos asfixiados por el corsé de las normativas y de la falta de inversiones”.

El cambio de gobierno en la Comunidad Valenciana ha traído esperanzas a las montañas del norte de Alicante. Carmen Amoraga Toledo, directora general de Patrimonio de la Generalitat, asegura que para el nuevo equipo la cultura es prioritaria. “En 2015 la cuantía de las subvenciones destinadas a los ayuntamientos era de 450.000 euros, pero debido a la desidia del PP no se convocaron. En 2016 se hará en en el primer trimestre del año y su dotación será de 500.000 euros”. Explica Amoraga que la cuantía mínima de cofinanciación de los ayuntamientos se rebajará al 20%, y que el dinero que sea adelantado por los municipios se reintegrará antes de finalizar el año. Un avance, sí, pero que no resuelve el problema de L'Atzuvieta, donde las malas hierbas siguen creciendo ante los ojos de vecinos y paseantes