La piratería hurta a Hacienda 1.648 millones en tres años

El perjuicio económico causado por la piratería de contenidos culturales digitales en España se elevó a 54.601 millones de euros entre 2012 y 2014. Son los datos aportados por La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, que reúne a entidades de gestión de derechos de autor y asociaciones de profesionales de la cultura, en su informe Sin resultados en la lucha contra la piratería digital, basado en las cifras del Observatorio de la piratería y hábitos de consumo digitales y realizado por la consultora GFK.

El texto, hecho público ayer, a cuatro días de las elecciones generales, precisa que el Estado dejó de ingresar 1.648 millones en impuestos por la piratería en esos tres años. Ello, “a pesar de que el ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, declaró la guerra a la piratería en Internet, y su predecesor, José Ignacio Wert, decía compartir esta convicción, pero sin resultados”, según La Coalición.

La entidad critica al Gobierno por no haber sabido “impulsar la vía administrativa para lograr con éxito un descenso drástico de la piratería y un afloramiento necesario de la oferta legal”.

“Es un procedimiento dirigido contra las páginas que albergan dichos contenidos, no contra los usuarios, cuyo objetivo es la retirada rápida de los contenidos pirateados de la circulación, y que ha demostrado su eficacia en países de nuestro entorno”, afirma la directora de La Coalición, Carlota Navarrete.

Sin resultados

El presidente de Promusicae, Antonio Guisasola, lamentó que la ley que entró en vigor hace un año para combatir la piratería se haya convertido en una “pesadilla burocrática, en lugar del proceso ágil que se prometía”. “Se trataba de un procedimiento de 15 días y, sin embargo, su puesta en marcha dura ya más de dos años. El Gobierno y la Administración han conseguido acabar con sus principios de ley y la han convertido en una trampa china que no trae resultados”, añade.

La Coalición deplora que desde la aprobación de la nueva ley las principales asociaciones del sector han presentado “cerca de una treintena de denuncias con miles de obras afectadas sin resultados positivos”. El presidente de la Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual (FAP), José Manuel Tourné, precisó que en España pasan una media de 450 días desde que se inicia el procedimiento hasta que se obliga a retirar los contenidos pirateados. De modo que cuando se suprime una película, por ejemplo, ya no tiene “eficacia ninguna”, porque la comercialización del producto ya ha resultado afectada.

El director general de Política e Industrias Culturales, José Pascual Marco, no comparte las quejas. “No tiremos piedras contra nuestro propio tejado. La leyenda de que España era el país maravilloso para los piratas como las islas del Caribe no es verdad. Somos un país serio y hemos salido de las listas de piratería”, defendió. Y pidió “una oportunidad” para el nuevo modelo de lucha contra la piratería puesto en marcha.