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Competencia choca con las nuevas tarifas de propiedad intelectual

El organismo critica en un informe la orden ministerial que regula los precios para los usuarios de las entidades de gestión

La orden ministerial que regula las tarifas de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual tiene carencias, incoherencias y no da respuesta a los principales problemas: el abuso de posición dominante de las propias entidades, la falta de equidad en las tarifas y la discriminación entre usuarios. Así lo dictamina la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en un informe en el que examina los criterios para determinar los precios.

El organismo regulador considera que el borrador de la orden ministerial que desarrolla la Ley de Propiedad Intelectual debería ser revisado para introducir “simplicidad y claridad” en las tarifas. Además, podría contribuir “de manera más eficaz a la prevención de conductas anticompetitivas”. En concreto, la CNMC propone que se busque “una formación eficiente de tarifas” para que la remuneración se adecue al uso del repertorio. En todo caso, no pueden ser discriminatorias y los usuarios deben pagar en función del uso efectivo del repertorio y el valor económico del servicio prestado.

Transparencia

La CNMC reclama a las entidades de gestión que actúen de manera “razonable y transparente” para que en las tarifas generales se recojan las condiciones particulares acordadas por los usuarios. También expone que las diferencias de trato para los usuarios que tengan encomendadas la gestión de televisones y radios públicas, entidades culturales y servicios en línea, podrían no ser coherentes con la ley. Incluso pueden ir en contra de la “neutralidad competitiva”.

Como principio general, la CNMC sostiene que la propiedad intelectual debe moverse entre dos objetivos: asegurar la protección de los creadores y garantizar un acceso asequible. Defiende que los creadores tengan incentivos para seguir produciendo pero alerta sobre los efectos de una protección excesiva. “Si es muy costoso para los usuarios acceder a ellos [los derechos], entonces la demanda será muy baja” y se generará una situación “altamente ineficiente”.

En su informe, la CNMC recuerda que ha tramitado abundantes expedientes sancionadores por “abuso de posición dominante” que se han traducido en multas a entidades de gestión como EGEDA, SGAE, AISGE y AEI, motivadas principalmente por la inequidad de las tarifas y la discriminación entre usuarios.